DICE QUE NO HAY ENCUBRIMIENTO NI OBSTRUCCIÓN

El fiscal se opone a investigar la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de las peticiones de las acusaciones de investigar la destrucción de los discos duros de Bárcenas

Foto: El exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de las peticiones de las acusaciones de investigar la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, dejó en la sede de la calle Génova tras su marcha del partido.

El PP reconoció en un escrito remitido al juez Pablo Ruz que se había procedido a la destrucción de los aparatos electrónicos siguiendo el protocolo que marca la Ley de Protección de Datos y una vez que un juzgado de Plaza de Castilla ratificó que esos ordenadores eran propiedad del partido.

Además, y como ya informó este diario, Bárcenas removió él mismo el disco duro de uno de los aparatos en octubre de 2012, como demuestra la factura adelantada por El Confidencial la pasada semana.

Fuentes de la Fiscalía sostienen que no hay motivos para abrir una investigación una vez que el juzgado número 21 de Madrid ya ha archivado la denuncia que interpuso el propio Bárcenas para recuperar sus aparatos, tras certificar que efectivamente los ordenadores son del PP. Una vez que eso ha quedado acreditado, la formación puede hacer lo que estime oportuno con los aparatos y no es delictivo proceder al borrado.

De esta manera, el Ministerio Público informa en contra de las peticiones de varias acusaciones de iniciar una investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Estas mismas fuentes recalcan que el contenido de los discos duros, que entregó Bárcenas en un pendrive, es la presunta contabilidad B del partido entre los años 1993 y 1996, hechos que por la fecha están prescritos y, por tanto, deja sin sentido abrir una investigación al respecto.

De todas maneras, solicita a Ruz que requiera al Juzgado número 21 toda la documentación aportada en esa causa para certificar que los ordenadores son del PP.

María dolores de cospedal
María dolores de cospedal

Ruz reclamó al PP esos aparatos después de que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, asegurara ante el juez que esos ordenadores desde los que Bárcenas extrajo la contabilidad de esos tres años seguían en la sede de Génova. A través de un escrito, el abogado del PP informó al instructor que los discos duros habían sido destruidos basándose en la “guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información”, elaborada por el equipo del Observatorio de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, la ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/2007, en los que se habla de la protección de datos de carácter personal. Esta norma explica que “siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior”.

Pide al PP que entregue datos sobre el contrato de Toledo

Entre la batería de informes que ha remitido la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 5, se encuentra un requerimiento al PP para que aporte toda la documentación disponible sobre la entrega de 200.000 euros por parte de la sede nacional al PP de Toledo.

Bárcenas aportó un recibí firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, por el presunto cobro en 2007 de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo, siendo presidenta del partido en la región la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

En su declaración, el extesorero relató que en esa fecha se reunió con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el directivo de esta compañía Manuel Manrique y el actual presidente de las Cortes castellano-manchegas Vicente Tirado.

En la reunión se pactó el pago de 200.000 euros cuyo destino sería la campaña electoral de Cospedal  y fue Manrique quien entregó tal cantidad al extesorero del partido, según la versión que éste ha prestado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El extesorero entregó más tarde el dinero al entonces gerente del partido en dicha región, que era Cañas.

La Fiscalía da por válido el recibí con la firma de Cañas aportado en el Juzgado y solicita a Ruz que requiera al PP toda la información posible para que aclare el origen y destino de ese dinero. Aun así, de determinar que puede existir un delito, la Audiencia Nacional no es competente para investigarlo y habría que remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

 

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