El juez Ruz, un relámpago para la SGAE y una tortuga en el caso Bárcenas

El 1 de julio de 2011, más de medio centenar de efectivos de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en el madrileño palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Los agentes desalojaron previamente a los trabajadores, detuvieron a la cúpula de la entidad, encabezada por su entonces presidente, Teddy Bautista, y pusieron patas arriba el histórico edificio en busca de pruebas para desarticular una trama que presuntamente desviaba fondos de la sociedad a empresas privadas. La espectacular operación, que incluyó el registro exhaustivo de otra docena de empresas vinculadas a la red y los domicilios de varios detenidos, fue ordenada por un juez con fama de discreto y catalogado como excesivamente cauteloso: Pablo Ruz.

Dos años más tarde, ese mismo juez ha visto cómo unas pruebas que hubieran podido resultar decisivas para esclarecer la trama que tiene contra las cuerdas al Gobierno y al PP, el caso Bárcenas, se le escurrían entre los dedos. El pasado jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -el mismo que ocupó durante años el mucho más osado Baltasar Garzón- debió quedar estupefacto al comprobar que el PP había destruido los discos duros de dos ordenadores que Luis Bárcenas había utilizado mientras fue gerente y tesorero en Génova, y en los que Ruz pretendía buscar pruebas de la supuesta contabilidad B del partido.

¿Por qué Ruz esperó hasta el pasado día 16 para pedir al PP que le entregara unos ordenadores ya destripados que eran poco más que chatarra y no ordenó mucho antes un registro de la sede del partido para incautarse de ellos? El 1 de marzo, pocas semanas antes de que Javier Gómez Bermúdez perdiera la competencia sobre el caso Bárcenas en favor de Ruz, el ex tesorero había presentado una denuncia por robo en una comisaría de Madrid en la que aseguraba que de su despacho en la sede de Génova habían desaparecido dos ordenadores y abundantes documentos que le pertenecían. Sin embargo, han transcurrido más de cinco meses hasta que Ruz ha decidido mover ficha. Demasiado tarde.

El enigma de los ordenadores

Tal vez fue su acreditada prudencia la que empujó a Ruz a esperar pacientemente a que el enigma del supuesto robo de los ordenadores se resolviese antes de dar un paso en falso. Esa incógnita la despejó otro juzgado de Madrid el pasado 21 de abril, sentenciando que la propiedad de ambos ordenadores correspondía al PP, no a su ex tesorero. Pero el juez de la Audiencia Nacional siguió adelante con la instrucción del caso sin asumir riesgos, a pesar de que era público y notorio que, además de los dos pecés, Bárcenas guardaba en Génova -en la sala Andalucía- varias cajas con documentación, y que el propio ex senador había alardeado de haberse llevado a su casa otras nueve cajas con material comprometido. Ruz, sin embargo, nunca ordenó el registro de su domicilio.

¿Por qué Ruz esperó hasta el pasado día 16 para pedir al PP que le entregara unos ordenadores ya destripados que eran poco más que chatarra y no ordenó mucho antes un registro de la sede del partido?

El pasado 19 de julio, casi un mes antes de que Ruz se decidiera a solicitar al PP que pusiera a su disposición los dos ordenadores, una juez de Barcelona sobresaltaba a los socialistas catalanes. Elisabet Castelló, que instruye el caso del espionaje político en aquella comunidad, ordenó a la Policía Nacional el registro de la sede del PSC, en la calle Nicaragua de la Ciudad Condal, en busca de pruebas para tratar de demostrar que el partido encabezado por Pere Navarro encargó a la agencia de detectives Método 3 la grabación de la conversación que Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, mantuvo en un restaurante con la ex amante de Jordi Pujol hijo. Además de documentos, los agentes se llevaron, precisamente, el ordenador de la gerente del partido.

Ruz, que seguirá instruyendo el caso Bárcenas -y su matriz, el caso Gürtel- cuando el juez titular Miguel Carmona se reincorpore este mes al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tenía sólo 17 años cuando otro juez también discreto irrumpió en la sede socialista de la calle Ferraz. El 18 de noviembre de 1992, Marino Barbero, primer instructor del caso Filesa, envió una comitiva judicial a la sede central del PSOE para hacerse con documentos contables de la financiación ilegal del partido. Barbero, que falleció hace 12 años, dimitió como magistrado del Tribunal Supremo tras las fuertes presiones recibidas durante la instrucción del caso, en la que llegó a registrar la mismísima central del Banco de España en busca de pruebas.

Los pocos que conocen bien al reservado y austero Ruz alaban de él, además de su prudencia y honradez, su enorme capacidad de trabajo. Pero sus detractores retuercen aquella virtud -la prudencia- hasta convertirla en un defecto, precisamente por ejercerla en exceso. Los críticos no sólo piensan que el parsimonioso Ruz debió registrar la sede del PP y el domicilio de Bárcenas, sino que tardó una eternidad en ordenar el ingreso en prisión del ex senador popular, que desde el pasado 27 de junio ocupa una celda en la cárcel de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional justificó su decisión argumentando, además del riesgo de fuga, que Bárcenas podía manipular o destruir pruebas. Si tuvo tiempo y ocasión de hacerlo, sólo el ex tesorero lo sabe.