CRITICAN AL JUEZ POR NO ORDENAR REGISTROS

Las acusaciones atacan al PP por destruir pruebas… y a Ruz por falta de diligencia

El Partido Popular destruyó todos los datos guardados por su exgerente y tesorero durante los veinte años que trabajó para la formación

Foto: María Dolores de Cospedal (EFE)
María Dolores de Cospedal (EFE)

El Partido Popular destruyó todos los datos guardados por su exgerente y tesorero durante los veinte años que estuvo trabajando para la formación y que tenía almacenados en dos ordenadores. El abogado Alberto Durán ha explicado al juez Pablo Ruz que toda la información había sido destruida en aras de proteger los datos de su exempleado.

El PP se basa en la “guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información”, elaborada por el equipo del Observatorio de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, la ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/2007, en los que se habla de la protección de datos de carácter personal. Esta norma explica que “siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior”.

Esta norma va dirigida a eliminar información de carácter personal. Sin embargo, fuentes de la acusación explican que los datos borrados no eran únicamente personales del extesorero, sino que se trataba de la contabilidad del propio partido. Señalan que se han basado en esta norma para justificar la destrucción de pruebas exigidas por el juez que investiga el caso conocido como los ‘papeles de Bárcenas’.

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Según apunta el PP en un escrito remitido al instructor, se procedió al borrado desde que el pasado 21 de abril el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó la denuncia interpuesta por Bárcenas para recuperar los dos ordenadores que había dejado en la sede del PP cuando abandonó su puesto de trabajo.

Sin embargo, en esa fecha, Ruz ya había abierto una pieza separada para investigar esa presunta contabilidad B del partido. El 7 de marzo asumió la competencia del caso e imputó a Bárcenas, a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y a ocho empresarios que podrían haber pagado donaciones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos, tal y como aparecía en unos papeles elaborados por Bárcenas, en los que además constaba el pago de sobresueldos a dirigentes de la formación.

No sólo eso, hasta el 26 de abril, el PP era acusación popular en el caso Gürtel, en el que también está imputado Bárcenas por varios delitos. En esa fecha, Ruz decidió expulsar a la formación como acusación por actuar más en defensa de los intereses del extesorero que de llevar a cabo diligencias propias de una acusación. Asimismo, optó por apartarla por su posible futura responsabilidad civil en el caso.

Aun así, varias fuentes de la acusación señalan que el PP, en vez de colaborar con la Justicia y entregar esos soportes electrónicos donde podría haber datos que ayudaran a la investigación, optó por borrarlos. Varias de las acusaciones, entre ellas Manos Limpias y ADADE, van a estudiar ahora si emprenden acciones legales contra el partido por destrucción de pruebas y obstrucción a la Justicia. Sostienen que han actuado de mala fe y han preferido quedar en entredicho ante la opinión pública antes que presentar las pruebas del delito.

Encubrimiento y obstrucción a la Justicia

Las partes tuvieron ayer conocimiento de este nuevo episodio cuando acudieron a la Audiencia Nacional a presenciar el volcado de los dos ordenadores que Ruz reclamó al partido para corroborar si la información entregada por Bárcenas y la de los aparatos eran la misma, tal y como él mismo aseguró en su última declaración. El juez acordó solicitarlos después de la declaración como testigo de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien confirmó que esos aparatos estaban guardados en la sede de la calle Génova.

Mariano Rajoy . (EFE)
Mariano Rajoy . (EFE)

El partido que preside Mariano Rajoy pone en duda la veracidad de esta versión y apunta que del ordenador marca Toshiba del que dice el extesorero que sacó información a través de un pendrive no es posible porque, por su antigüedad, el aparato no tiene puerto USB. Del otro ordenador, marca Apple, el PP sostiene que en octubre de 2012 Bárcenas sustrajo, tal y como aseguró ante el juez, el disco duro y lo sustituyó por otro. Por tanto, el partido no dispone del anterior, en el que se supone podría estar toda la información relativa a esa presunta contabilidad B.

Fuentes jurídicas apuntan que, si el PP ha destruido esos discos duros para ocultar un delito, podría ser perseguido por uno de encubrimiento. Pero eso sólo se puede dar en el caso de que tuviera conocimiento de que esos ordenadores eran objeto o instrumento del delito.

En los próximos días, las acusaciones valorarán si actúan contra el PP. Aun así, critican que desde el Juzgado no se haya actuado con más diligencia y no se ordenara una entrada y registro de la sede del partido y del domicilio del extesorero cuando comenzó la investigación, con lo que se habría evitado tal destrucción de pruebas.

Hasta el próximo día 10 de septiembre, Ruz no volverá de vacaciones. Para entonces, podría tener encima de la mesa nuevas peticiones. Esta maniobra del partido podría alterar la decisión del instructor de citar como testigo al presidente de la formación y del Gobierno, tal y como han solicitado algunas acusaciones.

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