El hombre del tiempo autonómico: privado, subcontratado y con datos estatales

El informe sobre la reforma de la Administración aprobado por el Gobierno describe casos de despilfarro en el Estado autonómico con un detalle hasta ahora desconocido. Destacan el de los defensores del pueblo regionales, que emplean el doble de personal que el nacional para resolver parecido número de quejas; o el de servicios meteorológicos que algunas Autonomías tienen contratados con empresas privadas que, a su vez, se nutren de los datos de la agencia nacional correspondiente (la Aemet).

Un caso escandaloso es el de los servicios de meteorología. La Agencia Estatal (antiguo Instituto nacional que perdió ese adjetivo con el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero) cubre toda España. Pero todos los estatutos de Autonomía, menos el de Galicia, se atribuyen la competencia sobre su servicio propio. A partir de esa premisa, además de la duplicidad en la función, empieza el enredo. Cataluña, País Vasco y Galicia tienen su propio instituto ya constituido, las demás prefieren que sea un organismo asociado o contratado. Los modelos de predicción son distintos. Los institutos catalán y gallego no prestan servicios de apoyo a la aeronáutica y la Defensa; el vasco, ni esos ni tampoco los de tipo climatológico.

El informe para la reforma de la Administración constata que algunas Comunidades autónomas, incluso las que disponen de sus propias estaciones, subcontratan los servicios de predicción o mantenimiento con empresas privadas. Se trata del País Vasco, Andalucía, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Para cerrar el círculo, resulta que esas empresas privadas subcontratan a su vez los servicios de la Aemet estatal para tener los datos necesarios que les permiten cumplir con sus clientes institucionales autonómicos.

La Comisión concluye que “se producen superposiciones de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas que han desarrollado sus propios servicios”, por lo que se propone que la Aemet  “preste los servicios meteorológicos hoy redundantes, lo que permitirá a aquellas prescindir de sus agencias”.

Defensores del pueblo

En el capítulo de duplicidades en las funciones y servicios dirigidos al ciudadano ocupan un lugar destacados los 11 defensores del pueblo autonómicos. Llegó a haber 13 pero la Junta de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal y la Región de Murcia que gobierna Ramón Luis Valcárcel acaban de suprimir la institución correspondiente. Se dedican a lo mismo que el Defensor del Pueblo, pero el informe del Ejecutivo constatan que su existencia ha dado lugar a “un elevado coste en la tramitación de las quejas” de los ciudadanos y “un bajo rendimiento de los recursos humanos”.  

Los defensores del pueblo de las Autonomías suman unas plantillas de 346 empleados públicos frente a los 165 del de ámbito nacional. Lo más grave es que pese a las diferencias de personal tramitan casi el mismo número de quejas: 38.407 frente a las 33.849 despachadas por la institución que ahora preside Soledad Becerril.

La Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas destaca que las Autonomías que han prescindido de “estas instituciones” no han sufrido merma alguna la protección de los derechos de sus ciudadanos, “que siguen gozando de la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo constitucionalmente previsto”. La recomendación es la obvia “asunción plena de las competencias” de los órganos regionales por el de ámbito nacional y que cada Autonomía se ahorre el presupuesto anual correspondiente. La supresión de organismos es uno de las fórmulas con que el Gobierno se propone ahorrar en esta legislatura hasta 6.500 millones de euros.