El texto por la paz de Urkullu incluye a los etarras fallecidos mientras preparaban atentados

El informe encargado por el Gobierno vasco sobre vulneración de derechos humanos entre 1960 y 2013, el periodo de actividad de ETA, arroja cifras que han provocado sorpresa y malestar en las víctimas del terrorismo y las Fuerzas de Seguridad del Estado. El documento no sólo rebaja el número de asesinatos cometidos por la banda terrorista, sino que, además, atribuye 94 muertes a la Policía Nacional y la Guardia Civil y, aún más sorprendente, consagra la memoria de los etarras que fallecieron cuando manipulaban explosivos o pistolas.

Las estadísticas fueron presentadas este viernes por el lehendakari Iñigo Urkullu. Pertenecen a un documento más amplio que el Ejecutivo vasco quiere usar como punto de partida de la estrategia que está diseñando para sellar el final de la violencia terrorista y hacer un balance definitivo de sus consecuencias. Urkullu ha defendido que los datos del informe son “objetivos” y que constituyen el resultado de un trabajo “sin equiparación y sin discriminación”. También ha pedido que sirvan para continuar el camino hacia la reconciliación, por “difícil” que resulte la tarea.

El documento es obra de un grupo de expertos integrado por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte; la exvocal progresista del CGPJ y jueza jubilada Manuela Carmena; el exdirector de Derechos Humanos del último Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, y el exconcejal del Partido Popular desvinculado ya de esta formación Ramón Múgica. Su perfil y origen presuntamente variado pretendía recubrir sus conclusiones con una capa de pluralismo, pero su informe ha acabado asumiendo gran parte del relato habitual de la izquierda abertzale.

Fuentes desconocidas

Sin revelar las fuentes en las que se basa, el grupo asegura que ETA ha causado en total 837 asesinatos, una cifra que contradice los cálculos de las víctimas, que elevan el número de fallecidos hasta los 858. Asimismo, el informe sitúa el número de heridos en una horquilla que oscila entre los 2.365 y los 2.600 y cifra en 4.500 los actos de kale borroka cometidos por la banda.  

Pero el documento asumido ya por el Gobierno vasco también culpa a las Fuerzas de Seguridad del Estado de haber vulnerado los derechos humanos, convirtiendo el fenómeno de la violencia terrorista en un conflicto bilateral. De hecho, según refleja el trabajo de este grupo de expertos, la Policía y la Guardia Civil habrían acabado con la vida de 94 personas. Los autores afirman que, de estas muertes, nueve se habrían producido “bajo custodia policial”, 20 “en controles policiales o similares”, 17 por “confusiones, errores, abusos u otros”, 16 por “altercados de policías fuera de servicio” y 30 en “manifestaciones y movilizaciones”. Las dos muertes restantes son fruto de la atribución a la Policía de la ejecución de la pena capital contra los miembros de ETA político-militar Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot durante la dictadura franquista.

Además, atribuye a las Fuerzas de Seguridad el haber provocado 746 heridos con sus actuaciones (la gran mayoría por su intervención en manifestaciones) y vierte sobre ellas la sospecha de 5.500 casos de tortura, a pesar de que el propio documento admite que no hay “datos suficientes” para poder sostener esta grave acusación.

Los datos de los presuntos crímenes protagonizados por Policía y Guardia Civil no incluyen a las víctimas atribuidas al GAL ni a otros grupos paramilitares o de extrema derecha, como el Batallón Vasco Español o Guerrilleros de Cristo Rey, que tienen su propio apartado en la estadística. El documento asegura que estos grupúsculos habrían sido autores de otros 73 asesinatos, de los que 61 habrían sido consecuencia de “atentados y agresiones”.

Víctimas de las “manipulación de su propio armamento”

La Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, ha emitido un comunicado para censurar el informe, al que ha calificado como “un ejercicio de despilfarro y miserable homenaje a la falta de rigor”

Con todo, el punto del informe que provoca más sobresalto es el recuerdo de la memoria de “las 277 personas que han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales...”, una categoría que incluye con esta descripción a todos los miembros de la banda terrorista fallecidos cuando manipulaban explosivos o armas.

El texto ha sido criticado con dureza por las víctimas de ETA. Fuentes oficiales del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) consultadas por este diario revelan que la mención a los fallecidos durante la preparación de atentados les ha causado “sorpresa” y ven en ella una clara identificación con las tesis que siempre ha defendido el entorno etarra. A falta de un estudio en profundidad, la posición de Covite es claramente contraria a las principales conclusiones del documento.

Fernández Díaz recuerda el respeto de la legalidad

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también respondió al documento en nombre de las Fuerzas de Seguridad recordando que su actuación ha sido siempre “ejemplar”. “Evidentemente las Fuerzas de Seguridad del Estado actúan siempre en el marco de la Ley”, declaró este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Cuando ha habido alguna ocasión de vulneración, la Justicia actúa, pero las Fuerzas de Seguridad respetan absolutamente los derechos humanos y en estos momentos donde hay que poner el foco tras 50 años de violencia terrorista es en la disolución de ETA”. Fernández Díaz advirtió además que no permitirá que se revise el medio siglo de actividad de la banda haciendo una crítica “general” de las Fuerzas de Seguridad.

La Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, ha emitido un comunicado para censurar el informe, al que ha calificado como “un ejercicio de despilfarro y miserable homenaje a la falta de rigor”. Los datos que recoge carecen, según el CEP, de “rigor, contraste e investigación acreditables”. El sindicato considera que la acusación “de delitos tan graves como el asesinato o las torturas es un insulto” a la institución de la Policía, que por orden numérico, “es la que más víctimas se ha dejado en el combate democrático contra ETA”. “Los 150 compañeros fallecidos en el País Vasco por la actividad criminal de esa banda terrorista no merecen este insulto”, concluye el CEP.