Amaiur exige a Interior por carta que no trate a los dos etarras detenidos como terroristas

Amaiur, la marca política de la izquierda abertzale en el Congreso de los Diputados y el Senado, ha remitido este martes una carta al Ministerio del Interior para pedir que los dos presuntos etarras detenidos esta madrugada en Guipúzcoa, Jon Lizarribar Lasarte y Rubén Gelbentzu González no sean tratados como acusados por delitos de terrorismo y ni siquiera declaren ante las Fuerzas de Seguridad. Es la primera vez que uno de los brazos políticos de la banda se dirige en estos términos al Gobierno.

En un documento remitido por Amaiur a Interior, al que ha tenido acceso El Confidencial, la formación abertzale exige directamente al máximo responsable de este departamento, Jorge Fernández Díaz, que no se aplique el régimen de prisión incomunicada a los dos presuntos etarras detenidos y se les ponga automáticamente a disposición judicial, antes de agotar el plazo que la legislación concede a las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder interrogarles.

La petición utiliza como argumentos de peso presuntas sentencias sobre el trato que deben recibir los detenidos por terrorismo. Sin embargo, ninguna de las resoluciones citadas en la misiva limitan en ningún caso el periodo de detención policial, y menos aún, lo eliminan por completo, como pretende Amaiur.  

Así, el documento remitido a Interior, al que ha tenido acceso este diario, plantea que “Habiendo tenido conocimiento que en el día de hoy han sido detenidos por la Guardia Civil en Guipuzkoa, Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu por su presunta vinculación a la organización ETA, y a la luz del reciente dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de María Atxabal, al informe elaborado por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas de fecha 30 de abril y las diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a denuncias de torturas por parte de la Guardia Civil, por ejemplo en el caso de Martxelo Otamendi”, hay motivos suficientes para que “no se proceda a la aplicación del régimen de detención incomunicada de las dos personas detenidas y se les ponga de manera inmediata a disposición judicial”.

La carta está firmada por Iker Urbina Fernández, uno de los siete diputados que consiguió en las últimas elecciones generales Amaiur, el paraguas con el que concurrió a esa cita electoral el entorno político de ETA. El partido también consiguió en la misma convocatoria otros tres asientos en el Senado.

En España, la legislación establece que el periodo máximo de detención policial de un acusado es de 72 horas (tres días), un plazo que en el caso de los acusados por terrorismo se amplía hasta los cinco días, un límite sustancialmente inferior al que contemplan otros países europeos. En Reino Unido, por ejemplo, el plazo para que las fuerzas de seguridad interroguen a los sospechosos de terrorismo es de 28 días, cinco veces más que en España. Sólo después de agotar este tiempo la policía está obligada a poner a los detenidos a disposición judicial. En 2008, el Gobierno británico promovió la ampliación del periodo de detención hasta los 42 días, pero finalmente los lores rechazaron esta medida. 

Los dos presuntos terroristas detenidos esta madrugada en Guipúzcoa están acusados de haber cometido cuatro atentados terroristas en 2002 y pertenecer a un comando de legales de ETA. En concreto, fuentes de la lucha antiterrorista les atribuyen un atentado con coche bomba contra la Universidad de Navarra, otro con coche bomba contra El Corte Inglés de Zaragoza y dos ataques con explosivos contra dos empresas navarras de los municipios de Arguedas y Azagra.