Los ayuntamientos encuentran acomodo a los concejales no electos invalidados por el TC

Una sentencia del Tribunal Constitucional obligó a los grandes ayuntamientos españoles a deshacerse de aquellos concejales (en total, 37 cargos en 23 consistorios) que no pasaron por las urnas en las elecciones municipales de 2011. Es el caso de Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Mérida... que, en lugar de limitarse a ordenar su cese, neutralizaron el efecto de la sentencia recolocándolos en puestos de confianza, los que comúnmente se conocen como ‘puestos a dedo’, permitiendo así que la gran mayoría de los colaboradores siga cobrando del erario público. 
 
El caso que más alarma social despertó fue el de Madrid, que ha sufrido el quinto cambio de Gobierno en esta legislatura. Al acatar la sentencia, Ana Botella sacó del organigrama madrileño a Juan Antonio Gómez Angulo, el hasta entonces responsable de Medio Ambiente, y a Fernando Villalonga, su homólogo en Las Artes. El mismo día en el que anunció los nombres de sus sustitutos, dos concejales que sí estaban en las listas que Alberto Ruiz-Gallardón presentó en las elecciones municipales, Botella ya adelantó que Gómez Angulo se quedaba como su mano derecha y a Villalonga le encargaba la presidencia de dos empresas municipales.  

En el País Vasco, los ayuntamientos de Bilbao (gobernado por PNV) y San Sebastián (de Bildu) también se vieron afectados por el cambio impuesto por los tribunales en la Ley de Grandes Ciudades. En el primer caso, el afectado era la persona más cercana al alcalde, Iñaki Azkuna. Para cumplir con la sentencia del TC, la Junta de Gobierno nombró a Andoni Aldekoa director delegado del gabinete del alcalde. Tras dejar "sin efecto" el cargo de consejero delegado, Aldekoa también continuará en la vicepresidencia de la agencia municipal de promoción económica Bilbao Ekintza, cuya presidencia nata recae en el alcalde. En el caso de San Sebastián, la sentencia señalaba directamente a dos puestos: el delegado de Hacienda, Jabi Vitoria, y la responsable municipal de Cultura, Nerea Txapartegi. Nada más aplicarse la sentencia, ambos fueron nombrados asesores y siguen siendo las referencias en sus respectivas áreas.
 
Los ocho concejales no electos de Andalucía, todos ellos del Partido Popular, también han encontrado acomodo en los propios consistorios, de donde los invalidaba la sentencia del TC. En Málaga, el alcalde Francisco de la Torre contaba con tres concejales no electos en su equipo de Gobierno, uno de ellos (Diego Maldonado) una de sus personas de máxima confianza, el responsable de Urbanismo, Vivienda y el portavoz municipal. Dos son ahora cargos directivos. El único que ha decidido dejar la política ha sido Miguel Briones, exconcejal de Cultura. 

El Ayuntamiento de Marbella se limitó a retirar a sus dos concejales no electos, Federico Vallés y Baldomero León, de los órganos de gobierno, aunque pasaron a ser cargos directivos. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, optó por desdoblar una coordinación general en dos (una denominada Coordinación General de Participación, Políticas Territoriales y Transversales en dos Coordinaciones Generales, General de Infraestructuras y otra llamada General de Políticas Transversales) para dar cobijo a los dos ediles afectados. El delegado de Movilidad y Seguridad Ciudadana de Sevilla, Demetrio Cabello, es el único afectado en la región para el que no ha sido encontrado acomodo en la misma institución pública todavía. Tras conocerse la sentencia, presentó su renuncia al alcalde, Juan Ignacio Zoido.
 
En Extremadura, el caso más llamativo es el del Ayuntamiento de Mérida. Su alcalde, Pedro Acedo, destituyó a los dos consejeros con que hasta ahora contaba el Consistorio, Manuel Balastegui, delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, y Óscar Baselga, de Industria y Comercio, pero los dos continuarán desarrollando las mismas funciones, aunque con otro cargo. Ahora, Balastegui es “asesor de alcaldía” y Baselga “coordinador general de Relaciones Institucionales”.

Valencia también recoloca a los suyos
 
En la Comunidad Valenciana, el vendaval del TC descolocó a cuatro Gobiernos municipales. La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, movió rápidamente ficha para salvaguardar la “gran labor” que a su juicio había llevado a cabo Pablo Ruz al frente de Cultura. Para él creó el puesto de coordinador de Cultura, desde el cual el edil no electo mantiene su línea de trabajo, en este caso como asesor, los dos años que restan de legislatura. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Gandía aprobó, con los únicos votos a favor del PP, el nombramiento de los hasta ahora concejales no electos Javier Reig y Ana Penalba, como coordinadores generales.
 
En Orihuela, los concejales no electos, Ana Mas y Manuel Gallud, se limitaron a dejar sus cargos tras publicarse la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un ejemplo que siguieron los dos ediles afectados del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), José Riera y Antonio Boix, que abandonaron sus puestos como un "ejercicio de responsabilidad y de ética”.