Los investigadores ya tienen "claros indicios" de que el PP sí tuvo una 'caja B'

La instrucción que lleva el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los papeles de Bárcenas está dirigiendo el foco a las cuentas opacas del Partido Popular. Las diligencias hasta ahora practicadas dan verosimilitud a los apuntes del extesorero del partido. Según los responsables de la investigación, con lo practicado hasta ahora hay claros indicios de que el PP tuvo una caja B en la que entraba y salía dinero negro.

Diputados de la formación que han reconocido cobros en metálico de la sede central del PP, una contabilidad oficial en la que no aparecen registrados esos pagos y, sobre todo, la declaración del número dos de la trama Gürtel y exresponsable de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, confirmando que pagó de dinero en metálico, hace sospechar a quienes llevan la causa que efectivamente el contenido de los papeles son ciertos, según fuentes jurídicas. Pero tengan la certeza de que eso ha ocurrido, las pruebas de las que disponen hasta ahora no son suficientes para acusar formalmente a los imputados.

La confesión de la mano derecha de Francisco Correa esta semana ante Ruz de que efectivamente pagó 21 millones de las antiguas pesetas al extesorero Álvaro Lapuerta en un maletín con dinero en metálico en 1999 ha sido, según estas fuentes, determinante a la hora de certificar que efectivamente el PP contaba con una contabilidad B. Según el imputado, ese dinero era para pagar parte de una deuda que tenía el PP gallego con el PP central.

A pesar de todo, los investigadores son conscientes que es muy complicado que aparezca una prueba determinante para certificar que se cometió cohecho y tráfico de influencias

Sin embargo, los investigadores apuntan que esa deuda y el pago aportado por Crespo no aparece en la contabilidad oficial de la formación, y por lo que difícilmente puede demostrarse que el pago de Crespo era para abonar una deuda. De ahí que el fiscal anticorrupción encargado del caso solicitara a Ruz que ordenara al PP gallego, como así hizo el viernes, la contabilidad en esos años, al no haber recibido del PP central la contabilidad consolidada con todas las sedes regionales.

Una de las primeras diligencias que se llevó a cabo dentro de este proceso fue solicitar la prueba caligráfica de los papeles. Los peritos caligráficos de la policía científica concluyeron que la letra era de Luis Bárcenas. El único problema de este análisis es que al tratarse de unas fotocopias la prueba quedaba debilitada porque no se puede certificar al cien por cien que no hubieran sido manipuladas.

En ese momento, juez y fiscal sabían que necesitaban más pruebas que dieran validez al contenido de los apuntes de Bárcenas, donde aparecen reflejados pagos a dirigentes del PP y donaciones de empresarios, que se sospecha que pudieron ser otorgados a cambio de adjudicaciones de obras públicas. A pesar de todo, la Policía sigue buscando los originales de esos papeles, que sospechan que Bárcenas tiene escondidos a buen recaudo.

Y eso es lo que precisamente han estado haciendo con la toma de declaraciones de testigos, sobre todo dirigentes del PP como Eugenio Nasarre, Pío García Escudero o Calixto Ayesa, que han reconocido haber recibido dinero en metálico. La declaración del responsable de la caja del PP demostró ciertas incongruencias con la propia versión de Bárcenas. El primero asegura que él iba con los sobres que le entregaba y los ingresaba en la cuenta del PP dedicada a las donaciones cuando el extesorero aseguró que los ingresaban los donantes directamente, según fuentes conocedores del caso.

Una vez que finalizada la primera ronda de interrogatorios, el instructor, a petición de Anticorrupción, ha ordenado una serie de diligencias para desmontar las versiones de algunos imputados y testigos. Para empezar, ha requerido la contabilidad de los gastos de representación para ver si cuadra con la tesis de los testigos de que sus sobresueldos en el partido se debían a este tipo de complementos, y el registro de entrada a la sede central del PP en la calle Génova.

Pocas pruebas incriminatorias

Fuentes jurídicas apuntan que lo que se quiere averiguar es si los ocho empresarios imputados, que han negado pago de donaciones, entraron en el edificio de la calle Génova y si esos accesos coinciden con las fechas en las que aparecen los pagos.

La Policía sigue buscando los originales de esos papeles, que sospechan que Bárcenas tiene escondidos a buen recaudo.

A pesar de todo, los investigadores son conscientes que es muy complicado que aparezca una prueba determinante para certificar que se cometió cohecho y tráfico de influencias. Con las pruebas hasta ahora recopiladas es difícil que se pueda llevar a juicio a ninguno de los imputados. Se necesitaría algún testimonio fehaciente que atestigüe que esos empresarios, o gente enviada por ellos, estuvieron en esas fechas en la sede del partido o que confirme con alguna prueba que el pago sistemático de donaciones se produjo, al igual que sobresueldos a dirigentes del partido fuera de la contabilidad oficial.

En el caso de esos sobresueldos, fuentes jurídicas consultadas señalan que el delito por el que se les podría acusar sería uno fiscal y lo más probable es que ya estén prescritos, y en el caso de los empresarios, para acusarles de un delito de tráfico de influencias para obtener contratos se necesitan más pruebas de los que hasta ahora existen.

Los responsables de la instrucción señalan que al tratarse de los presidentes de las principales empresas de España como Sacyr Vallehermoso o FCC, no se puede buscar que en fechas cercanas al pago de donaciones recibieran una adjudicación porque obtienen contratos de de todas las administraciones a diario.