El PP intenta imponer el recorte de diputados para blindarse ante el avance de las minorías

El torbellino político de Rosa Díez y de su formación magenta, junto a la Izquierda Unida de Cayo Lara, pueden dar la sorpresa en las próximas elecciones generales y autonómicas y propiciar un vuelco considerable al mapa bicolor que arrojan, tradicionalmente, las urnas. Después de años en los que ambas han venido sufriendo el castigo sintomático de la ley electoral, las dos formaciones preparan su artillería de cara a las elecciones regionales del 2014 en la que, si prosperan los planes del PP en varias comunidades, podrían tener mayores obstáculos para llegar hacer valer su peso en las urnas. Frente a las minorías ascendentes, el Partido Popular pretende cambiar las reglas del juego para asegurarse la mayoría en tiempos de adversidad.

Tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, acaban de comenzar, con suerte desigual, procesos paralelos encaminados a poner a dieta sus respectivas asambleas regionales. En Madrid, la propuesta del Partido Popular pasa por un ajuste drástico en el que su parlamento se reduciría a la mitad (de 129 a 65 diputados), lo mismo que persigue María Dolores de Cospedal en la Cámara de Toledo, en donde la horquilla final se quedaría entre 25 y 35 diputados, mientras que, en Galicia, el ajuste propuesto es algo más suave (de 75 a 61 escaños). Los recortes, sin embargo, apenas han encontrado eco entre los principales partidos de la oposición, que consideran la medida, justificada por razones de racionalización de la administración autonómica, como un ataque a la representación de las minorías.

Donde con más fuerza se han levantado en armas contra la tijera parlamentaria es en las tierras de Alberto Núñez Feijóo, donde partidos como Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el Bloque Nacionalista Galego ni siquiera están dispuestos a sentarse con el PP para hablar del tema. Yolanda Díaz, portavoz adjunto del partido de Beiras, considera la propuesta como un “pucherazo en toda regla”. Según explica a El Confidencial, la iniciativa del PP pasa por reducir el número de diputados sin bajar el número de parlamentarios que se eligen, de base, en cada una de las provincias gallegas, 10 para cada una. “Mantienen los 40 de base que se eligen en las cuatro provincias y recortan el número de diputados que se reparten por distribución proporcional de los votos, con lo que, al final, están reduciendo la participación directa”, explica Díaz. 

Así las cosas, añade, un voto de Lugo, por ejemplo, con 300.000 ciudadanos de población, podría equivaler a 3 ó 4 votos de La Coruña, con una población de un millón y medio de habitantes. “Recortar diputados con una ley que daría más peso y representación a Lugo y Orense mantendrían el poder, según sus cálculos. Es un pucherazo en toda regla”. Para Tereixa Paz, diputada del Bloque, la reducción “no produciría el supuesto ahorro que persigue” y que considera “irrelevante”. “El recorte resta pluralismo y democracia a la representación política y, por ello, no vamos a participar en ninguna negociación pues el PP ha dicho que va llevar a cabo esta reducción de todas formas por lo que la negociación nos parece un paripé”. La propuesta de su grupo camina en sentido contrario a la ideada por el PP y pasa por eliminar la actual barrera electoral del 5% para obtener representación y por hacer de Galicia una circunscripción única en la que el reparto de votos sea más real y fiel a lo que voten los ciudadanos en las urnas.

El PP de Galicia, por su parte, considera que la reforma fue “avalada” por la mayoría absoluta que obtuvo el partido en las últimas elecciones y, por eso, quiere abordar este tema ya, antes de que finalice el primer periodo de sesiones de este año, que concluye el próximo 30 de junio. Feijóo ha defendido que se trata de una iniciativa “conocida, una propuesta ratificada por las urnas” y que está “dentro del contrato” que el partido el PP debe cumplir. Su intención es mantenerse “muy respetuosos con el Estatuto de Autonomía, que señala que el Parlamento de Galicia tendrá entre sesenta y ochenta diputados”, por lo que la propuesta que planteará el grupo del Partido Popular será de “sesenta y un diputados”.

Sin capacidad para de éxito en Madrid

De las tres comunidades, Madrid es la única región donde la formación de Rosa Díez tiene acomodo y buenas perspectivas electorales. De hecho, según la última encuesta de Metroscopia, publicada el pasado 2 de mayo, UPyD podría doblar su representación y pasar de 9 a 18 escaños, mientras que Izquierda Unida se quedaría a las puertas de ser la segunda fuerza, solo un escaño por debajo de las filas de Tomás Gómez. Unas proyecciones de futuro, tomadas en base a 129 diputados, que, según el partido, no cambiarían si la Asamblea se redujese a la mitad pues todos los partidos perderían poder en la misma proporción. 

UPyD es el único de los pequeños partidos dispuesto a dar su apoyo a estos recortes pues consideran que, aunque les pueda perjudicar, son necesarias para redimensionar todo el Estado de las autonomías. “Sobramos políticos en las regiones, no hacen falta tantos”, reconoce, sin ambages, el diputado de UPyD, Ramón Marcos. “No es razonable que en el Congreso -que tiene  muchas y complejas competencias- haya un diputado por cada 130.000 habitantes aproximadamente y en Madrid uno por cada 50.000”, añade.

La propuesta, sin embargo, corre el peligro de acabar durmiendo el sueño de los justos pues Ignacio González necesita el apoyo de dos terceras partes de la Cámara para sacar adelante. Una cuestión que, a día de hoy, está lejos de producirse tras el posicionamiento en contra de Izquierda Unida y el PSOE. “El problema es reducir la barrera electoral al 3% para que nuevas opciones  que representan a diferentes intereses puedan entrar también en la Cámara, pero yo creo que PP, PSOE e Izquierda Unida no están por la labor”, explica Marcos.

Menos y sin sueldo en CLM

En Castilla-La Mancha, el PP presentó el pasado jueves la Proposición de Ley para modificar el Estatuto de Autonomía y reducir así el número de diputados regionales a la mitad. Según ha explicado su portavoz, Francisco Cañizares, se volvería de esta forma a la estructura establecida en el Estatuto de Autonomía originario de Castilla-La Mancha, donde se establecía una horquilla y donde no se fijaban mínimos que fueron introducidos posteriormente en una reforma del Estatuto del año 1997. 

Cañizares ha explicado que en esta iniciativa se sigue manteniendo que la circunscripción electoral siga siendo la provincia, y que gobernará aquel partido que saque mayoría en las provincias de la región y no que “una sola provincia decida quien gobierne”. Para el PSOE, la medida, sin embargo, no tiene mucho sentido, habida cuenta que el PP ya dejó sin sueldo (la famosa dieta Cospedal) a los parlamentarios actuales, que solo cobran una serie de complementos por su asistencia a los plenos y comisiones.

El portavoz socialista en la región, José Luis Martínez Guijarro, cree, por ello, que la razón de la austeridad que esgrimen los populares “se cae por su propio peso”. “Lo que se quiere por parte del PP es limitar la posibilidad de que haya representación de fuerzas minoritarias en la región”, ha concluido.