Posada desoye los argumentos jurídicos del Congreso a favor de publicar las nóminas

Nada lo impide, pero nada lo avala. Si la Ley de Transparencia no lo obliga, y no parece que ese vaya a ser el caso habida cuenta de la negativa del PP a dar más datos de los necesarios, el Congreso de los Diputados no publicará las nóminas que perciben sus señorías aferrándose a que el vacío legal al respecto no le permite hacer lo contrario. La Mesa de la Cámara ha dado una respuesta definitiva a la propuesta presentada el pasado mes de diciembre por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para que todos los diputados procedan al destape de sus ingresos y se publique en la web de la Cámara sus nóminas. En una carta remitida ayer por Jesús Posada a la diputada Rosa Díez, este argumenta que carece “de instrumento normativo suficiente para adoptar una decisión de esta índole”.

Así las cosas, la Cámara Baja sólo difundirá en su página web las nóminas de los diputados que así lo pidan de manera personal y voluntaria, tal y como ya han anunciado que harán, dirigiéndose por escrito a Posada, los cinco diputados de UPyD, que son una excepción dentro del hemiciclo. Los cinco diputados se dirigieron ayer mismo, también por escrito, al presidente para requerirle "expresamente" que "proceda a habilitar" un espacio en la web del Congreso en el que puedan publicar todas las nóminas que se les vayan "devengando y pagando".

Publicarlo no vulnera la intimidad

Posada explicó ayer que el estudio jurídico “parece sugerir” que, sin una cobertura legal, no podría darse publicidad a esos datos de los parlamentarios. Es decir, “no hay ninguna obligación legal ni política de publicar las nóminas”, explicó a los periodistas. Sin embargo, aunque el informe jurídico ratifica esa versión, también ofrece importantes argumentos en sentido contrario, tal y como ha podido verificar este diario. Así, señala que "la publicación de los sueldos no vulnera el derecho a la intimidad ni a la protección de datos". Es más, apelando a la cacareada transparencia, lo servicios jurídicos de la Cámara destacan "la relevancia" que una medida así tendría. "No se trata de un documento absolutamente desprovisto de interés en relación con la obligación de los Poderes Públicos de revelar información que tenga relevancia para la formación de la opinión pública”.

En la carta que remitió a Díez, Posada amplía más sus razones para la negativa y señala que si bien no hay impedimento para que se haga, tampoco hay una ley que lo demande o que lo respalde. Un limbo en el que la institución no parece dispuesta a avanzar para ser de las primeras en sumarse a la nueva corriente que quiere imponer la futura Ley de Transparencia. “En el informe se concluye que, si bien no existe impedimento de orden constitucional para dar publicidad a las nóminas, para ello la Mesa debe estar habilitada por una ley formal que le permita adoptar dicha decisión.  Como es evidente, esta ley no existe en este momento, por lo que, insisto, de momento, careceríamos de instrumento normativo suficiente para adoptar una decisión de esta índole”, explica. 

Por ello, el presidente del Congreso recomienda al grupo de Rosa Díez que aproveche las enmiendas al anteproyecto de Ley de Transparencia que se debate ahora en las Cortes para llevar a la norma esta propuesta. Posada, sin embargo, oculta que el mismo informe que señala que no hay ninguna ley que le obligue a publicar las nóminas también destaca que la competente final para hacerlo o no es la propia Mesa de la institución. El informe señala, expresamente, que en la Mesa “está implícitamente incluida la relativa a la aprobación de una norma sobre la elaboración, intervención y autorización de las nóminas, pues trata sin duda de normas conexas respecto a la fijación de las retribuciones".

Sin acuerdo sobre las declaraciones de la renta

El Partido Popular, por su parte, quiere aprovechar la reforma del Reglamento del Congreso, para lo que acaba de constituir una ponencia de estudio y así abordar en él el asunto de las remuneraciones de los diputados. Como explicaba recientemente a este diario el portavoz adjunto del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro, el PP no se cierra en banda a mejorar la información que se ofrece sobre el régimen económico de sus señorías, aunque no hay unanimidad ni consenso al respecto. Así, una de las propuestas que podrían aceptar es que se lleve al reglamento la obligación de que los diputados publiquen el sueldo bruto que reciben de la Cámara o los complementos que disfrutan en cada momento como presidentes o portavoces de comisiones o como miembros de la Mesa del Congreso. Se evitarían de esta manera malentendidos como el de creer que por participar en diferentes comisiones engrosan sus emolumentos con varios complementos. 

Mientras tanto, PP y PSOE no han alcanzado tampoco un acuerdo para que ambos partidos den a conocer, en las mismas condiciones y en un formato similar, las declaraciones de la renta de sus principales dirigentes. La medida fue propuesta por Alfredo Pérez Rubalcaba después de que este hiciera público su sueldo (67.229 euros) como reacción a las declaraciones de la renta presentadas por Mariano Rajoy y correspondientes a los ejercicios de 2003 a 2012. Ninguna de las formaciones ha insistido mucho en alcanzar una fórmula común para que todos procedan al destape económico en las mismas condiciones. A la espera de una Ley de Transparencia que les obligue a ello, ambos partidos no parecen dispuestos a querer ir tan lejos.