Once ayuntamientos catalanes dejan de pagar a la Hacienda española con el apoyo de la Generalitat

Durante la jornada de ayer, once municipios catalanes acudieron a dependencias oficiales para pagar, como cada trimestre, los impuestos de los consistorios… pero esta vez en la Agencia Tributaria Catalana. Nada de la Hacienda española, porque la consigna es realizar actos de “insumisión fiscal” o  un “ejercicio de soberanía fiscal” aprovechando los recovecos de la ley.

La plasmación de este acto simbólico de protesta, que ya fue puesto en práctica en diciembre pasado por el Ayuntamiento de Alella, en Barcelona  llega sólo dos días después de que el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, admitiese que este verano tendrá listos los mecanismos para que los municipios de la comunidad paguen sus impuestos a la Administración autonómica.

La comisión ejecutiva de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) –entidad que agrupa a más de 560 consistorios, aunque supera los 700 miembros si se suman consejos comarcales, diputaciones y entidades municipales descentralizadas- se reunió también el pasado martes con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se comprometió a tener listo el mecanismo de pago en el mes de julio. La previsión es que en esa fecha, cuando se liquiden los impuestos del segundo trimestre del año, ya se acojan al “ejercicio de soberanía fiscal” un centenar de Ayuntamientos.

La cúpula de la AMI se había reunido en la localidad de Olot el pasado lunes 15 de abril y aprobó instar a sus asociados a pagar sus impuestos a la Hacienda catalana en lugar de hacerlo a la española. Desde el Gobierno catalán, se quita hierro al asunto. “Es un gesto más simbólico que otra cosa, ya que luego la Hacienda catalana pasa lo recaudado a la española, por lo que el dinero acaba en el mismo sitio”, señalan fuentes de la Generalitat a El Confidencial. La medida, aseguran, es legal y no conculca ninguna ley, ya que todos cumplen con sus obligaciones tributarias.

El propio presidente de la AMI y alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, explicó en la reunión de la cúpula de la asociación el pasado lunes que aunque sea un gesto simbólico, “conoceremos exactamente el volumen de dinero que generan nuestros impuestos y que se va a Madrid”.

Desde algunos sectores de la AMI se afirma, además, que con ello se potencia una “estructura de Estado” fundamental para la independencia: la Hacienda propia. El propio Mas había situado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) como la piedra angular de su proyecto secesionista y en breve nombrará un responsable de la misma, con el objetivo de que la dote de estructura y la ponga operativa de tal modo que esté lista para la fecha en que se celebre el referéndum independentista.

Trabajo para los inspectores

Otras fuentes consultadas por este diario, no obstante, apuntan a que hay más motivos para que el Gobierno catalán esté “muy interesado” en promover el pago de impuestos a la ATC: dentro de poco, la Generalitat convocará un concurso de inspectores fiscales y necesita que tengan trabajo.

“El concurso entra dentro de la potenciación que Mas quiere hacer de las estructuras de Estado, pero con la caída de ingresos, la economía ralentizada, el paro disparado, los recortes de personal a la orden del día y las arcas públicas vacías, sería una aberración y un escándalo ampliar la plantilla de la ATC. En cambio, si los Ayuntamientos catalanes dan trabajo a ésta, puede justificar el aumento de personal al mismo tiempo que va consolidando la Agencia para que en un futuro pueda emprender vuelo por sí sola al margen de la Hacienda española”, señalan las fuentes consultadas.