La consejera catalana acabará inhabilitada si no cumple la sentencia del castellano

La Fiscalía actuará contra la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, si una vez cumplidos todos los recursos previos sigue desoyendo la sentencia del TSJC que obliga a su departamento a garantizar la enseñanza en castellano, según han señalado a este diario fuentes del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

La actuación de la Fiscalía supondría de facto la inhabilitación de la Consejera Rigau, según confirmaron estas mismas fuentes, que añadieron que la obligación del Ejecutivo es “hacer cumplir la ley”, aunque siempre dentro de los pasos procedimentales de la misma.

La actuación de la Fiscalía se produciría al final de un proceso cuyo siguiente paso, en caso de que la Generalitat insistiera en no cumplir con la sentencia del TSJC, será el recurso que interpongan las partes implicadas ante el juez. En ese caso, el TSJC volvería a instar a la Generalitat a acatar la sentencia, y sólo si de nuevo la Generalitat se negara a hacerlo, actuaría de oficio la Fiscalía, concluyen estas fuentes. De hecho, si las familias que han llevado a la Generalitat a los tribunales llegaran a un acuerdo con la Consejería y no recurrieran el incumplimiento de la sentencia, no habría lugar a la actuación de la Fiscalía.

El Partido Popular ha dado la orden a sus servicios jurídicos de que estudien con lupa el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a cambiar el modelo educativo en esta comunidad para introducir el bilingüismo en un aula si un solo alumno lo solicita. “Hemos de estar muy seguros de la viabilidad jurídica de llevar a los tribunales a los responsables políticos de la Generalitat por insumisión y no cumplir una sentencia”, señalan fuentes populares a El Confidencial.

La nueva guerra lingüística se desató por la petición de un padre catalán de exigir la escolarización bilingüe para su hijo, y solicitó al TSJC que dictase medidas cautelares, ya que los procedimientos habidos hasta ahora se eternizaban en el tiempo debido a los recursos. El tribunal falló a favor del padre y obliga al Gobierno catalán a aplicar ya esas medidas. ¿Por qué? Hasta ahora, los contenciosos debían ir al TSJC y esperar al fallo; luego, eran recurridos e iban al Supremo. Total: que cuando se dictaba la última sentencia habían pasado años y el niño ya estaba en la universidad. Con la interlocutoria de esta semana, el TSJC quiere evitar que los derechos fundamentales del niño puedan seguir siendo vulnerados durante la larga tramitación del pleito. 

Y esa decisión es la que ha provocado un conflicto cuyas consecuencias están por ver. La consejera de Educación, Irene Rigau, anunció nada más conocer el fallo que no pensaba acatar ni aplicar la sentencia. Ayer por la mañana, en declaraciones a Catalunya Ràdio, la emisora pública de la Generalitat, aseguró que no aplicar la orden judicial “no es insumisión”, porque  esta no es la sentencia definitiva y sólo es una resolución más en el contencioso. “Llevar las cuestiones lingüísticas a estos límites es sinceramente buscar el rompimiento de la convivencia”, zanjó.

Desde el PP, sin embargo, se considera que “objetivamente, su actitud es claramente de insumisión y desacato”. La diputada popular María José García señala a El Confidencial que “la consejera puede recurrir el fallo, pero lo tiene que cumplir. Rigau ha traspasado la frontera de lo que se puede considerar como insumisión. Con su actitud, provoca una situación de extrema gravedad, ya que la consejera de Educación de la Generalitat no está por encima del TSJC y ha de aceptar las medidas cautelares dictadas, como cualquier otro ciudadano”.

Cinco sentencias que sientan precedente

García recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado ya cinco sentencias que obligan al Gobierno catalán a cambiar el modelo educativo. “El padre del niño que ha provocado el nuevo fallo del TSJC, que ya tiene en cuenta la jurisprudencia del Supremo, pedía sólo la educación bilingüe para su hijo. No quiere que se escolarice sólo en castellano, como afirman, ya que eso no está contemplado ni en la Constitución ni en la legislación catalana. Y es la autoridad educativa, es decir, la Consejería de Educación, la que debe dar la orden al director del centro para aplicar esa enseñanza bilingüe y que no se sigan vulnerando los derechos del menor”.