Diez propuestas para la regeneración democrática

Regeneración. Es la palabra de moda y la solución, según algunos, a todos los problemas del país.  Contra la corrupción, regeneración; contra la crisis económica, regeneración; contra la ineficacia de las Administraciones, regeneración. Esperanza Aguirre ha dicho de ella que es "absolutamente imprescindible" para acabar con el "ambiente de corrupción" y UPyD ha llegado a difundir un manifiesto por "la refundación del Estado" en el que habla de "emergencia nacional" y advierte de que no tomar medidas en profundidad pondría "en peligro al propio sistema democrático".

¿Dramatismo o justa reacción ante una crisis institucional sin precedentes? Posiblemente, ambas. Puede que nuestros políticos sean hoy más conscientes de la imperfección del sistema, pero la cacareada desafección ciudadana, la interminable sucesión de protestas y la indignación embravecida a las puertas mismas del Congreso no dejan lugar a dudas: también se sienten, por primera vez, amenazados. El cambio que proponen, aseguran muchos expertos, podría no perseguir intenciones sinceras y no constituir así una verdadera regeneración. "Dejar que todo cambie para que nada cambie", como hacía la aristocracia siciliana en El gatopardo de Lampedusa. Por eso muchos señalan, fórmulas mágicas aparte, cuáles son algunas de las verdaderas líneas maestras que deberían guiar la transformación para poder considerarla, en efecto, una verdadera regeneración democrática.

Sacar las siglas de la vida social y económica

La lista de ejemplos que expone Ignacio Camuñas, presidente del Foro de la Sociedad Civil, es interminable: las televisiones públicas, la CNMV, el Consejo General del Poder Judicial... Los partidos, advierte, "se han convertido poco a poco en jefes de todos los ámbitos de la vida pública, social y económica", gobernando de facto en más parcelas de las que les reservan las urnas. Un extremo que consagra la "oligarquización del poder", según Camuñas, "contraria a la democratización". No habrá regeneración verdadera, sentencia, si los partidos no renuncian a "mandar donde no tienen que hacerlo".

Democratización interna de los partidos

Pero Camuñas, fundador él mismo del Partido Democrático Popular y exministro de Relaciones con las Cortes con el Gobierno de UCD, no cree que los partidos vayan a hacerlo. "No quieren regeneración", denuncia, y pone como ejemplo su propio funcionamiento. "Si quisieran cambiar algo empezarían por ellos mismos", sentencia. "La Constitución dice que la financiación de los partidos debe ser transparente, que no lo es, y que deben funcionar democráticamente, y la mayor parte de ellos funciona a dedo".

Sin acometer estos cambios internos, opina Camuñas, los partidos no sólo revelan sus verdaderas intenciones, sino que imposibilitan cualquier transformación profunda del sistema. "Cualquier otra cosa es simple oportunismo".

La transparencia no lo es todo

Otros, en cambio, relativizan la importancia de este esfuerzo por la transparencia, que el Gobierno escenifica ahora mediante la puesta en marcha del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Juan Carlos Jiménez, profesor en el Instituto de Estudios de la Democracia, recurre al ejemplo de México.

"Tiene una intensiva legislación en torno a la transparencia que afecta en todas las instancias y a todos los niveles de la administración pero el país, sin embargo, no consigue atajar el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque el problema fundamental está en la Justicia".

Aunque no niega el valor de abrir las ventanas, Jiménez sostiene así que "la corrupción no se ataja publicando la declaración de la renta, sino eliminando la impunidad de los corruptos, empezando la que tienen dentro de los propios partidos".

Una justicia rápida y eficaz

En otras palabras, el poder judicial ha perdido eficiencia manteniendo a raya la corrupción porque no consigue seguirle el paso. "Con un sistema judicial eficiente desaparecerían miles de nuestros problemas, empezando por los más importantes", sentencia.

Esta problemática está en el origen mismo la pulsión regeneracionista, ya que "si el sistema judicial no puede limpiar al político", explica Jiménez, "es el propio sistema político quien debe tomar las riendas de su propia limpieza".

¿Y lo hará? Jiménez no las tiene todas consigo. "Mejorar la Justicia no da votos", sintetiza. "El elector no percibe que tras el esfuerzo por transformarla esté el político, así que para el político no es nunca una prioridad".

Una Constitución incuestionable

No sólo se pone en duda la eficacia del poder judicial. La Constitución misma, su gran pilar, no es hoy la autoridad incuestionable que fue en otros tiempos. El último en demostrarlo fue Josep Antoni Duran Lleida en el pasado debate sobre el estado de la nación, cuando reiteró que Mariano Rajoy "no puede dar lecciones" sobre la Carta Magna, en la que se escuda el Gobierno contra el envite soberanista catalán. Si el PP acusa a CiU y ERC de pretender violarla, Duran acusó a PSOE y UCD de hacerlo durante la articulación territorial en 1980 y de nuevo en 2011, cuando PSOE y PP pactaron la reforma del texto para limitar el déficit de las Administraciones.

Y es que el problema constitucional no reside en el texto, según los expertos. "La Constitución de cualquier país se queda anticuada", recuerda Juan Carlos Jiménez, "pero va actualizándose a través de las reformas y, sobre todo, de la interpretación", poniendo como ejemplo la vigencia "incuestionada" de la Constitución de Estados Unidos, de 1787. En España, sin embargo, el órgano encargado de esta interpretación "ha sido muy poco efectivo en su labor", ya que tiene una "sustancia política" que no le corresponde.

Diez de los doce integrantes del Tribunal Constitucional son designados políticamente y los otros dos, por el Consejo General del Poder Judicial -cuya composición se corresponde de nuevo con el reparto parlamentario-. Todos tienen apellido político. "Si el intérprete carece de autoridad porque su labor se debe a las mayorías parlamentarias, y no al propio Derecho, el texto que debe interpretar, lógicamente, pierde autoridad".

Refundación del Tribunal Constitucional

Coincide con el diagnóstico Anton Verdeny, abogado y politólogo experto en historia del derecho catalán. "La Constitucion es un texto abierto que da mucho de sí; el problema es que el Tribunal Constitucional, lejos de ser el árbitro, ha sido un actor político y uno de los más determinantes, porque sus decisiones son inapelables".

El problema se acentúa cuando no es el ciudadano, sino el propio político quien cuestiona la autoridad del Constitucional. El último ejemplo lo puso Esperanza Aguirre en 2012 al plantear incluso la desaparición del órgano después de que este declarase que Sortu, partido de la izquierda abertzale, no era una formación anticonstitucional. "A lo mejor tenemos que pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo", espetó la líder de los populares madrileños.

Respeto a las nacionalidades

No en vano, el independentismo está en el epicentro del debate regeneracionista y es coprotagonista también de otra reforma, la del sistema electoral. Juan Carlos Jiménez explica que "aunque hoy se critica mucho el sistema electoral porque concentra la representación, no hay que perder de vista que  eso tiene un objetivo: garantizar la representación de las nacionalidades".

"Las formaciones que piden un sistema de representación puro y proporcional, como UPyD, lo hacen porque en realidad solo conciben una nacionalidad", pese a que la Constitución de 1978 habla de una nación pero reconoce en su segundo Artículo la existencia de diversas nacionalidades.

En la actual tesitura, sin embargo, "un sistema proporcional crearía más problemas de los que solucionaría", advierte Jiménez, porque restaría parte de su actual poder parlamentario a las formaciones nacionalistas, pero contribuiría a fomentar la carrera independentista a largo plazo.

Reforma electoral

Por esa razón, según Anton Verdeny, miembro también de Unió de Joves, el "objetivo prioritario" de una hipotética reforma electoral no debería ser la redistribución del reparto parlamentario, sino "modular parte del poder de los partidos" sobre las propias urnas. La ley electoral "define el carácter de una democracia", recuerda. "Si bien es cierto que una reforma no marcaría una gran diferencia para la ciudadanía, sí causaría un fuerte impacto en la estructura de los partidos".

En el pasado debate sobre el estado de la nación Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que su partido propondrá, entre otras medidas, "desbloquear" las listas cerradas mediante  la implantación de unas semiabiertas en las que el votante podría reordenar a los candidatos que propone el partido.

Otros piensan, sin embargo, que "una reforma del sistema electoral español no va a cambiar gran cosa a corto plazo". Jorge Galindo, politólogo y cofundador de Politikon, advierte además de que cualquier reforma de la ley electoral comporta riesgos específicos que hay que sopesar. "La proporcionalidad directa implica la atomización del parlamento y apostar por un modelo personalista puede fomentar el caciquismo, un problema que en España conocemos bien".

El foco en lo local

Así, Galindo propone concebir la denominada regeneración como "una auditoría del país, al igual que se hace en las empresas", que no concluya en "refundaciones y grandes propuestas bonitas" sino en "una larga lista de problemas concretos que hay que atajar".

Y en esa lista, según Galindo, la reforma electoral y de la financiación de los partidos no estaría en primer lugar. Antes que eso propone, entre otros ejemplos, repensar la administración local, cambiando los incentivos de su ejercicio y conseguir la despolitización de la que hoy son presa el segundo, tercer y cuarto nivel de la jerarquía administrativa. "Es algo que está en el corazón del tipo de corrupción más acuciante en España, la urbanística".

Primero el paro