El mapa de la Cataluña 'libre'

En septiembre de 2012 el pleno del Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló, en la provincia de Barcelona, aprobó una moción en la que se declaraba el municipio "territorio catalán libre" y urgía al Parlament a proclamar la independencia antes de dos meses. Desde entonces se ha desatado una avalancha de proclamas similares que acumula casi 200 municipios, cerca del 20% de los 947 de Cataluña. Entre todos acogen a 1.200.000 habitantes. 

Es una cuestión casi simbólica pero también un síntoma de que algo se mueve en el mundo municipal y de que la desafección por España está presente más que nunca en las administraciones. Incluso hay consistorios que han cambiado el nomenclátor municipal sustituyendo el nombre de Plaça d’Espanya por el Plaça de la Independència. Toda una declaración de voluntades.

Según el texto que se aprobó en Sant Pere de Torelló, que sirve de inspiración para tantos otros, la legislación española está vigente en el pueblo "de forma provisional, a la espera de que el Parlament dicte las nuevas leyes catalanas" y de que cree una Hacienda propia y una justicia catalana. Su alcalde,Jordi Fàbrega, justifica el hecho: "Entendemos que estamos en situación de emergencia nacional. Ya no es sólo el hecho de que haya una desafección hacia España. Estamos inmersos en una crisis económica profunda, tenemos a la sociedad en una crisis social y a la gente le falta esperanza. Nosotros nos equivocaremos o no, pero creemos que mediante un Estado propio se pueden solucionar gran parte de los problemas del país”.

“En el aspecto económico, podemos formalizar un modelo diferente al actual. Y también hay que prestar atención al expolio fiscal que padece Cataluña. Siendo independientes, podemos solucionar problemas y destinar recursos a ser solidarios", proclama Fàbrega. "Pongo un ejemplo: Alemania manda en Europa y destina el 0,7% de su PIB a la solidaridad. Pues bien, Cataluña destina el 8,9% de su PIB a la solidaridad con España y no manda nada ni en España ni en Europa”, añade.

“España y los partidos políticos españoles no aceptan que Cataluña sea un sujeto político y jurídico", dice el alcalde. "Pero somos una nación porque tenemos una lengua, una cultura, una tradición. Y cualquier nación sin Estado tiene derecho a consultar a su pueblo. Que nos dejen hacer el referéndum. Si lo perdemos, aceptaremos el resultado. Éste es el conflicto de fondo, porque parte de los catalanes no confían en continuar dentro de España”.

Pero no todo el mundo cree que el referéndum sea una posibilidad. "Salus populi suprema lex est", sentencia al respecto Pedro de Vega, doctor en Derecho especialista en Constitucional. "Que el bienestar del pueblo sea la ley suprema". Así es como rechaza la viabilidad del proyecto soberanista tanto si propone de forma unilateral como si es a resultas de una consulta popular. "El referéndum es el arma más democrática para hacer cosas antidemocráticas", sentencia.

La razón es que en las consultas "suele entramparse la pregunta para que tenga una respuesta obligada, que lógicamente es la que conviene a quien interroga". Y similar ocurre en el caso de una declaración unilateral cuando la neutralidad de quien la proclame no esté garantizada. "No hay que confundir la voluntad soberana del pueblo con la de sus gobernantes", sentencia.

Los regidores catalanes, sin embargo, defienden que el texto al que se han acogido sí refleja la voluntad de sus electores. Andreu Francisco, alcalde de Alella, localidad cercana a Barcelona, señala a este diario que la declaración municipal "es un gesto que pretende manifestar la voluntad de que los catalanes quieren tener un Estado propio, con la simbología de hacerlo pueblo a pueblo hasta completar el mapa”.

Un sentimiento racional

Explica que “hay una parte emocional, ya que uno se puede sentir catalán, europeo o lo que sea. Pero también hay una parte racional", dice. "Mi opción independentista tiene un sentido racional y económico importante”. Y echa mano del déficit fiscal catalán que, aunque con matices en la cuantificación, es una evidencia. “Es un agravio continuado y perjudica a toda la gente que vive en Cataluña. Nos perjudica tanto en lo que hace referencia a la justicia social como al desarrollo económico”, insiste.

Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic y presidente de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), entidad que agrupa a más de 600 consistorios catalanes, señala que la aprobación de mociones sobre territorios catalanes libres “es una reacción tras la Diada del 11 de septiembre. Hay un auge del independentismo y, aunque desde Madrid se está en contra del soberanismo, aquí los ayuntamientos dicen basta”.

Vila d’Abadal considera que es un “gesto muy simbólico”, pero es muy importante que haya “un mandato desde el municipalismo para que tanto la Generalitat como el Parlament trabajen para lograr la independencia y la constitución de un Estado propio. Los ciudadanos lo reclaman a través de los municipios, que es el poder más inmediato y directo del pueblo”.

Es el argumento que esgrimen los que apuestan en este punto por reformar la Constitución. Aunque un hipotético proceso secesionista no podría tener lugar en el actual marco constitucional, Marc Perelló, profesor de Comunicación en la Universidad Abat Oliva CEU, sostiene que su reforma si podría desbloquear el entorno jurídico para favorecer reivindicaciones como la del derecho a decidir. "Nuestra Constitución apenas sí se ha tocado en su historia", sostiene, "y muchos lo ven como un sacrilegio. Pero hay que acordarse de ejemplos como la americana, que ha sufrido enmiendas para mejorar". Todo se resume, dice, en la "voluntad de entendimiento" entre las partes.

Recursos del Estado

Mientras tanto, muchos en el independentismo "piensan que hay que agotar la vía legal". Según Perelló, "eso implica partir del nivel local e ir subiendo hasta llegar al Govern, por una parte, y por la otra ir de lo menos a lo más burocrático. Primero una consulta no jurídica, luego una consulta jurídica, luego cambiar la ley de referendos... Así se escenifica que se ha hecho todo lo posible para lograr el entendimiento con España y que no se ha conseguido".

Por eso no debe extrañar, dice, la relevancia que están adquiriendo estos gestos localistas a la hora de exportar la causa al extranjero. El interés mediático que genera –que televisiones como la internacional Russia Today reseñaron en septiembre– tiene su origen en la propia condición municipal. "El independentismo tiene un aspecto más amable en el paisaje local", sentencia Perelló. "Entre la opinión pública europea este aspecto está más valorado".

Pero la Administración central sigue con lupa los movimientos municipalistas. Hasta finales de enero, el Gobierno central ha interpuesto 28 recursos contra actas de ayuntamientos.¿La explicación? No todas son iguales ni dicen lo mismo. “Hay acuerdos que son nulos de pleno derecho y por ello se pide a la justicia que los anule, ya que los ayuntamientos no tienen competencias para, por ejemplo, declararse independientes del resto de España. Otra cosa son las declaraciones de intenciones, posicionamientos políticos o instancias a otros organismos, que no son recurribles”, explican a El Confidencial fuentes de la Administración central.

Andreu Francisco subraya que “es una cuestión simbólica. No puede haber problemas jurídicos si las actas se limitan a instar o a pedir a la Generalitat que tome determinadas iniciativas”. Y Jordi Fàbrega es de la misma opinión. ”Si no dices que ya no formas parte del territorio, sino que pides a otra instancia que actúe, ya no tiene ese componente jurídico que puede ir a los juzgados. Las actas, en su gran mayoría, son posiciones políticas e instan al Parlament o a la Generalitat a que actúe. Por tanto, no estás tomando ninguna decisión”.

Los vecinos desdramatizan

En la calle el tema va adueñándose de las tertulias de café. La gente ya comienza a hablar de la independencia, pero desdramatizando el tema. En realidad, no despierta grandes pasiones. Un ejemplo: Premià de Dalt, otro de los municipios libres, cualquier día a la hora del desayuno. Dos ciudadanos hablan de la independencia en la mesa de una terraza de bar. La conversación tiene lugar en castellano. El más joven es empleado de una sucursal bancaria cercana.

- "No se puede consentir que el Estado no nos deje ni hacer la consulta", dice el más viejo.

- "Es que la ley es la que es. Que la cambien y ya está", responde el bancario.

- "Lo malo es que no nos dejan ni ese derecho. ¿Y esto es democracia?", contraataca el primero.

- "No te puedo decir nada. Pero ya lo arreglarán de alguna manera. Si las cosas se hacen bien, es posible que encuentren alguna solución", apunta el joven.

- "Es que no nos queda más solución que la independencia", tercia el mayor.

- "No estoy de acuerdo. Hay otras maneras de hacer las cosas", zanja el bancario.

- "Pero un pueblo al que no le dejan ni hablar no puede decir que es libre. Que nos dejen hacer el referéndum y ya está. Eso es democracia", remata el mayor.

En un supermercado cercano, una de las empleadas pasa de puntillas sobre el tema. “Eso es cosa de los políticos. Lo que deben hacer es no llenarse tanto los bolsillos y atender más a las necesidades de la gente”. Afirma que no es independentista, pero reconoce que en Cataluña “se pagan muchos impuestos y es donde más recortes hay. Además, aquí pagamos por todo, desde autopistas hasta libros de texto o transporte público”. No le preocupa si hay un Estado propio, ni lo ve como una necesidad inmediata. ¿Y que el propio Ayuntamiento pida un Estado independiente? “Son cosas de políticos. Que se dejen de tonterías y solucionen los problemas de la gente, que para eso les pagamos”.