Diputados manchegos del PP empiezan a cobrar ya como alcaldes para sortear la ‘dieta Cospedal’

Lo que ahorran las Cortes lo pagarán los ayuntamientos. Al menos, ese ha sido el primer paso que han emprendido ya dos diputados castellano-manchegos del Partido Popular que cargarán a las arcas de sus respectivos consistorios la pérdida de ingresos ocasionada por la aplicación de la ‘dieta Cospedal’ que ha mermado los ingresos de los parlamentarios regionales a 1.550 euros de media. El primero en dar el paso ha sido el primer edil de Seseña, Carlos Velázquez, cuyo ayuntamiento fijó ayer su nueva remuneración anual como liberado en 40.000 euros y, en breve, lo hará también la alcaldesa de Brihuega (Guadalajara), Adela de la Torre, que cobrará 31.000 euros.

El movimiento del alcalde de Seseña, que  se llevó  a cabo ayer, justo cuando las Cortes regionales fijaron las nuevas indemnizaciones variables que tendrán a partir del 1 de enero los diputados, ha venido a confirmar las sospechas del PSOE, que desde hace meses venía anunciando que este recorte afectaba sobre todo a su grupo parlamentario, en el que la mayoría de los diputados no compagina su función de oposición con otros cargos públicos. De hecho, en el grupo parlamentario el PSOE solo tiene sentado a un alcalde, Francisco López, de profesión, agricultor y, también, regidor de Campillo de Altobuey, un municipio de 1.649 habitantes que, lógicamente, no tiene capacidad de pagar un sueldo a su alcalde como liberado.

El exalcalde de Seseña y concejal de IU, Manuel Fuentes, explicó a Efe que la liberación de Carlos Velázquez fue aprobada con los votos del PP, porque las tres fuerzas políticas de la oposición se han opuesto. En este sentido, lamentó “la falta de coherencia” que demuestra el PP al plantear que la retirada de los sueldos de los diputados es una medida de austeridad y, al tiempo, hacer que “lo que se ahorran las Cortes lo paguen los ayuntamientos”.

Fuentes recordó también que Velázquez ya ha cambiado su régimen retributivo en varias ocasiones desde que fue elegido alcalde en mayo de 2011. Empezó liberado ganando 47.000 euros, pasó a una media liberación de 30.000 euros al entrar en la Diputación Provincial de Toledo y, en enero de 2012, al ser elegido diputado autonómico, tuvo que renunciar a sus dos sueldos por la dedicación exclusiva que se les exigía a los parlamentarios regionales.

En búsqueda de trabajo

Como ya publicó este diario, la reforma del reglamento de la Cámara y la modificación del régimen retributivo de los diputados podría condenar a que al menos 24 diputados tengan que buscar trabajo de forma inmediata.  Con el anterior reglamento, que era uno de los estrictos de toda España, un diputado de Castilla-La Mancha que tuviera dedicación exclusiva a la Cámara no podía recibir ni un solo euro de ningún otro organismo público o empresa pública.  La modificación llevada a cabo ahora por el PP, en cambio, no ha puesto coto alguno a las incompatibilidades, lo que, según denuncia el PSOE, permitirá que se puedan simultanear retribuciones de la Cámara con sueldos en empresas públicas o privadas o en Ayuntamientos y Diputaciones. 

Y todo pese a que, según la exposición de motivos esgrimida por el PP en la reforma del reglamento, se especifique la actividad política nace de la vocación de servicio público y que los políticos tienen que ser percibidos por los ciudadanos como “algo propio e integrado en la sociedad” a la que pertenecen. “La función representativa no puede entenderse como un mero modus vivendi  alejado de la fundamental vocación de servicio, y apartada de la sociedad civil de la que surge”, añade.

En la bancada del PP se sientan, entre otros, una concejala en la oposición de Puertollano, María José Ciudad Zariguiegui, con unos ingresos de 47.515 euros anuales y el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre Rebled. Como ediles del PP de pequeños municipios donde tampoco podrán tener un sueldo como liberados aparecen los alcaldes de Mahora, Antonio Martínez Gómez (1.435 habitantes) y Vicente Jiménez Garrido, regidor de Salvacañete (292 habitantes), de profesión maquinista de la empresa Hermanos Bailón y que en 2011 declaró recibir 40.281 euros como diputado y otros 13.371 en concepto de indemnizaciones de las Cortes castellano-manchegas, más 3.180 euros por kilometraje. También está en esa situación José Manuel Tortoasa, alcalde de las Pedroñeras (7.228 habitantes).

De la bancada socialista, María Dolores Andujar, auxiliar de enfermería del SESCAM, tiene su plaza extinguida, como le ocurre a Modesto Belinchón, funcionario interino del Ayuntamiento de Albacete, o a Mercedes Giner, también enfermera, y María del Carmen Rodrigo, secretaria interventora de su Ayuntamiento con la plaza también extinguida. Todos ellos tendrán que buscar trabajo junto al resto de sus compañeros de grupo. Entre ellos, destaca también el abogado José Luis González Durán, que ha trabajado para la Junta entre 1999 y 2011 como director de la delegación de servicios de Talavera con un sueldo anual de 56.286 euros, o el exconsejero de Presidencia y Administraciones Públicas Santiago Moreno, que está jubilado como maestro. En estos casos, hay que recordar que Cospedal eliminó también las indemnizaciones por cese de los ex altos cargos.

La parlamentaria Sonia Reyes tendrá que volver a su especialidad, el deporte olímpico, y a dar clases como maestra de taekwondo, mientras que Amaya Villanueva, también del PSOE y concejal de la oposición en Almansa (25.432 habitante), es periodista.

Entre los diputados populares destaca el caso de Carolina Agudo Alonso, presidenta de Nuevas Generaciones de Toledo y que llegó a las Cortes con un saldo en su cuenta bancaria de 296 euros. Ha ido alternando, desde 2006 a 2009, contratos de trabajo en El Corte Inglés, en el Ayuntamiento de Camarena y en el de Chozas de Canales.

De cobrar 3.650 euros a unos 1.550 euros

Todos ellos cobrarán a partir del 1 de enero año unos 1.550 euros de media al mes, 955 de indemnización fija y unos 600 euros en dietas, frente a los 3.650 euros con los que contaban hasta el momento de salario mensual fijo.

La medida afecta a 42 de los 49 miembros de la Cámara -todos salvo los cinco integrantes de la Mesa y los dos portavoces-, que pasarán a percibir una indemnización de 955 euros mensuales por gastos derivados de sus funciones de representación y dietas de 150 euros por asistencia a cada sesión plenaria o comisión parlamentaria. En los meses inhábiles, enero, julio y agosto, los parlamentarios sólo cobrarán, en cambio, el concepto de indemnización, de 955 euros.

La Cámara ha fijado también que no percibirán dietas ni kilometraje por reuniones preparatorias o de los grupos parlamentarios ni por desplazamientos dentro de su propia circunscripción y no se podrá cobrar más de una dieta al día en el caso de que coincida la celebración de pleno y comisión. Del mismo modo, el gasto del móvil de los diputados se ha visto reducido en 50 euros, de los 150 euros permitidos hasta el momento a los 100 euros mensuales.