El Gobierno incumplió su obligación de presentar un informe contra los desahucios

El Gobierno incumple desde hace cuatro meses un mandato parlamentario para presentar en las Cortes Generales un informe con medidas que permitan frenar la sangría de los desahucios. Un lacerante problema que se ha metido a toda prisa en la agenda de cuestiones urgentes a abordar por el Gobierno tras el suicidio de Amaia Egaña este viernes en Barakaldo y después de que jueces, colectivos y hasta la Unión Europea hayan sacado los colores al Ejecutivo por una norma de principios de siglo que ha dejado ya sin hogar a más de 350.000 personas desde el inicio de la crisis. El lunes, seis técnicos del Gobierno y del PSOE tratarán de dar forma a una solución urgente que, como primera medida, fijará periodos de carencia -plazos exentos del pago de hipoteca que permitan seguir viviendo en el hogar- para las familias en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno, sin embargo, llega tarde a un asunto al que debería, al menos por mandato parlamentario, haber dado alguna solución hace meses. Así se fijó, al menos, en la recta final de la anterior legislatura, en la que el PSOE reformó la ley concursal (Ley 38/2011) e incluyó una diposición adicional única en la que fijaba un periodo de seis meses para que el Ejecutivo remitiese a las Cortes dicho informe. La reforma se aprobó el pasado 11 de octubre aunque entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012 por lo que el plazo marcado expiró el pasado 30 de junio.

La disposición adicional única de dicha ley establece que el Gobierno remitirá un “informe sobre la aplicación y los efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las garantizadas con hipoteca”. Los legisladores aprobaron también que dicho informe incluyese “la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales que, a través de las oportunas iniciativas, completen la protección económica y social de consumidores y familias. A tal efecto, podrán proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de carácter notarial o registral, de mediación, o de otra naturaleza”.

Es significativo que esta obligación gubernamental se incluya en la reforma de la Ley Concursal, pues supone el reconocimiento implícito de que a través de ese mecanismo -como ocurre en Alemania- podrían evitarse situaciones de pérdida de vivienda protegiendo a los particulares sobreendeudados y reconduciendo sus obligaciones con las entidades financieras.

Hasta esta semana, en la que el Gobierno y el PSOE han acelerado contactos al máximo nivel (Soraya Sáenz de Santamaría-Elena Valenciano) para frenar el drama de los desahucios de forma urgente, los deberes estaban sin hacer. El único texto remitido por Moncloa al Congreso fue el famoso Código de Buenas Prácticas fijado en un Real Decreto del pasado 9 de marzo al que se suscribieron de forma voluntaria las entidades bancarias y que ha demostrado ser claramente insuficiente para frenar las ejecuciones hipotecarias. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció el martes que “no ha funcionado como debería” y que es “necesaria una nueva vuelta de tuerca”. “Si los bancos no lo ponen en práctica –añadía- hay que tomar otro tipo de medias que pasen por la obligatoriedad”.

Sin embargo, otras fuentes del Gobierno consultadas ayer por El Confidencial sobre el incumplimiento de esta obligación legal aseguraron que el Ejecutivo "dio el primer paso con la aprobación del Código de Buenas Prácticas", y aseguraron que después "se ha seguido trabajando en el régimen concursal para las personas físicas con el fin de dar una solución a los sobreendeudamientos de las familias y empresas". Las mismas fuentes admitieron implicitamente que -cuatro meses después de expirado el plazo- no se ha presentado aún ningún informe ni tomado medidas pero, dicen, "está bastante avanzado y, si es necesario, irá en el paquete de medidas que se propondrán con caracter inmediato".

A esa tarea tratarán de darle forma el próximo lunes los seis técnicos seleccionados por Gobierno y oposición para zanjar este asunto. Por parte del Ejecutivo, será el subsecretario de Economía, Miguel Temboury quien coordine al resto de los técnicos propuestos por Moncloa, que podrán ir variando en función de las reuniones. La delegación socialista, por su parte, está compuesto por la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro, el economista Julio Rodríguez y el notario Ignacio Navas.

El PSOE no se atrevió a ir más allá

Jesús Quijano, ponente socialista en la Comisión de Justicia durante la pasada legislatura explicó a principios de año, en una conferencia sobre la reforma de la Ley Concursal, cómo fue la tramitación parlamentaria de dicho proyecto y, también, de la inclusión de esa disposición adicional única con deberes para el Gobierno. El PSOE, que a finales de octubre, presentó en el registro del Congreso una proposición de ley sobre esta materia y que es la base sobre la que trabajarán sus expertos, no se atrevió tampoco cuando estuvo en el Gobierno, a modificar la normativa, que data de principios de siglo.

“Creo incluso que en algún momento, y no lejano, deberemos aceptar legislativamente que la persona física concursada, sobre todo en ciertas circunstancias, merece una condonación o remisión del pasivo pendiente, dentro de ciertos límites, con determinados compromisos de cumplimiento temporal, y con los particulares requisitos de un deudor de buena fe; pero también entendí entonces que introducir un elemento tan novedoso en el contexto de esta reforma produciría en la situación actual una alteración de las condiciones objetivas en que se mueve el procedimiento concursal, con probables consecuencias no deseadas en términos de seguridad jurídica, de incertidumbre crediticia y de solvencia financiera”, explicaba Quijano en esa conferencia de principios de año. “Dimos a la cuestión otra orientación (ahí está la Disposición Adicional Única), porque no queríamos eludir la responsabilidad; pero ese fue el criterio aplicado para no abordar de otra manera una cuestión en la que había enmiendas en diversas direcciones”.

La propuesta de fijar periodos de carencia será estudiada el lunes por el grupo de expertos, que analizará todas las propuestas de Gobierno y oposición y decidirá cuáles son las más apropiadas. La intención del Ejecutivo es que la batería de medidas esté en marcha cuanto antes y su aplicación sea inmediata.