El Gobierno rasca la punta del iceberg de los miles de coches oficiales

Por primera vez un Gobierno de España ha metido la mano en el proceloso mundo de los coches oficiales. Pero el gesto del Ejecutivo, que arroja luz por primera vez sobre algo que ha sido hasta ahora casi un secreto de Estado, el número total de vehículos oficiales que transitan por las carreteras de España, abre una vía que, de imitarse por todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y organismos oficiales, podría multiplicar hasta niveles insospechados el ahorro inicial previsto por el Gobierno, de 10,5 millones de euros.

Quien más quien menos en la política española ha tenido un coche oficial a su disposición. Un privilegio que el Gobierno quiere modificar por completo a partir de ahora privando de ese uso a nada menos que 204 altos cargos, principalmente directores generales, a los que el parque móvil del Estado, un inmenso garaje ubicado en la calle Cea Bermúdez de Madrid, ya no les ofrecerá un Peugeot 405 en exclusiva. Tendrán que conformarse con los vehículos de incidencias. Tanto los directores generales, como lo subdelegados del Gobierno y directores insulares pasarán a tener asignado un coche de representación por razón de su cargo a utilizarlo de forma compartida para poder atender también los servicios generales del Departamento.

Según los datos aportados ayer por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la flota actual del parque móvil (921 vehículos, de los cuales 819 son coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías) se reducirá en un 15% hasta los 652 vehículos. Por otro lado, el parque de vehículos que prestaba servicio a la administración periférica del Estado (569 vehículos para delegaciones y subdelegaciones de Gobierno) se reducirá de una forma similar.

Austeridad en tiempos de crisis

Son pasos en la buena dirección, justo en un momento en el que la ciudadanía se muestra especialmente sensible con cualquier gasto que considera un desmán o un privilegio de la clase política (basta con ver el revuelo originado con los iPads de los diputados). Pero la maniobra del Gobierno afecta solo a la punta del iceberg.

El Ejecutivo ya ha anunciado que la siguiente tijera se meterá en los vehículos de las empresas públicas. A día de hoy, todavía los consejeros de la Agencia EFE tienen a su disposición la posibilidad de utilizar coches oficiales y hasta el mes de febrero también lo hacían los respectivos consejeros de Radio Televisión Española.

De la misma forma, el Ayuntamiento de Madrid ha gastado durante años 4,5 millones de euros (el dato es de 2010) en los coches oficiales de los concejales del Consistorio, los únicos de España que los han disfrutado desde 1998, fecha en la que ETA mató al concejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril, del Partido Popular. Desde entonces y hasta el pasado año, los 57 concejales tenían derecho al coche oficial y escolta por considerarse este parte del dispositivo puesto en marcha para su protección. Lo cierto es, sin embargo, que a día de hoy, todos los concejales que tienen otros cargos como presidentes de las Juntas Municipales de distrito, es decir, todos los concejales del PP, siguen gozando del vehículo oficial que se ha retirado a los concejales de la oposición. Los portavoces de cada grupo, salvo el de UPyD, siguen teniendo coche, aparte de los vehículos de incidencias puestos a disposición de cada grupo municipal. El PSOE, por ejemplo, con 15 concejales, tiene derecho a cinco de esos vehículos.

La Asamblea regional de la Comunidad de Madrid, por otro lado, tiene un total de 18 coches oficiales para los portavoces de los grupos, el presidente de la Cámara y los miembros de la Mesa. En algunos casos, con usos irregulares de los mismos como el ya publicado por este diario sobre el coche que corresponde al portavoz del PSOE, Tomás Gómez, y que este ha cedido a su compañera de bancada, Amparo Valcárce. ¿Cuál es el mérito de Valcárce, exdelegada del Gobierno en Madrid, para seguir teniendo vehículo las 24 horas del día? Ostentar el cargo simbólico de ser la presidenta del grupo socialista de la Cámara de Madrid, además de cómplice política de Gómez en las batallas internas del PSM.

De hecho, el caso del parlamento madrileño es más o menos análogo al de las otras 17 cámaras regionales autonómicas. El Parlamento andaluz acaba de adjudicar un contrato  de adquisición de tres vehículos de gama media que den servicio a los portavoces de PP, PSOE  e IU por un montante total de 70.183,76 euros, IVA incluido, a la empresa Hispanomoción SA. Y así, suma y sigue… Solo que el Congreso y el Senado también tienen su propia flota de vehículos. Cada una de estas instituciones tiene un coche al servicio de su presidente (Pío García Escudero, además, ha contratado a su chófer de toda la vida, José Manuel Bustos Bao, en detrimento de seleccionar a un funcionario cualquiera del Parque Móvil). Además, tienen derecho a coche todos los miembros de la Mesa de ambas cámaras, el secretario general y el secretario general adjunto de cada institución y los portavoces de cada grupo, incluido el Grupo Mixto, cuyo portavoz rota entre las minorías cada mes, y de la misma manera lo hace el coche oficial.

Liberales con priviliegios

La retirada del coche oficial a un número destacado de jueces y fiscales ha llevado a la situación de que, a día de hoy, en el parque móvil del Estado haya cerca de medio centenar de conductores sin ocupación alguna que se dedican a labores puntuales de transporte cuando visitan España determinadas delegaciones extranjeras.

La Comunidad de Madrid, por su parte, retiró los coches oficiales a los directores generales del Gobierno regional, pero en su lugar les obliga a utilizar taxis para su transporte. Otros organismos públicos, a nivel estatal o autonómico, tampoco se han privado de este privilegio y parecen inmunes a la crisis. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas de Madrid, donde el sueldo de cada uno de sus siete consejeros -un presidente, un vicepresidente y cinco vocales- supera los 7.000 euros mensuales (incluida productividad); y donde todos y cada uno tienen coche oficial y chófer. Este diario publicó también, muy recientemente, el cabreo de otro liberal de renombre como Pedro Schwartz al perder la prerrogativa de usar vehículo oficial en su condición de presiente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Partidos como UPyD han presentado iniciativas para que solo el presidente de la Comunidad Autónoma tenga derecho al coche oficial y se acabe de un plumazo con el privilegio de cientos y cientos de cargos de menor calado institucional. La reforma del Ejecutivo todavía no es tan ambiciosa ni planea llegar tan lejos. Rascando solo la punta del iceberg el Gobierno prevé ahorrar 10,5 millones de euros, pero queda mucho por hacer en materia de austeridad por este concepto.