Los alcaldes de la 'zona cero' del PER exigen ayudas urgentes

Un juglar con indumentaria del siglo XII apareció en la delegación del Gobierno en Andalucía el pasado martes. Pretendía llamar la atención sobre el antiguamente denominado Plan de Empleo Rural. Los alcaldes andaluces de la zona cero del PER (los municipios de la Sierra Sur de Sevilla, entre los que se incluye Marinaleda) exigen la supresión de las 35 peonadas mínimas para acceder al Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea). Es más, solicitan que el Gobierno instaure un PER con carácter especial y con fondos extraordinarios.

“En el campo andaluz estamos en una situación de clara emergencia”, lamenta Fidel Romero, secretario comarcal del PCA (Partido Comunista de Andalucía) y alcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla) desde mayo de 2011. “Yo invito a que cualquier familia viva con 400 euros al mes, que prueben esa medicina”, explica en conversación telefónica con El Confidencial. El Estado destinó el año pasado 142,9 millones de euros en Andalucía al Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea), el antiguo PER, mientras que la Junta destinó 4,7 millones.

¿En qué se diferencia el Profea del subsidio agrario? El jornalero no tiene derecho a paro. En 1986 se creó un subsidio para los andaluces y extremeños que agrupaban 35 peonadas al año (en 2011 fueron 20 por las lluvias) y con renta inferior a 7.696,8 euros anuales. Solo pueden contar los días trabajados en obras del PER los mayores de 35 años o con cargas familiares. En Andalucía lo cobran durante seis meses unos 250.000 de los 470.000 jornaleros y ronda entre los 426 euros mensuales y los 569 euros.

Fidel Romero, de 42 años y hermano de Antonio Romero, el azote del Felipismo en la década de los noventa, pone el ejemplo del municipio que pilota. Tiene 4.600 habitantes (398 de ellos en paro) y más del 60% trabajan en actividades relacionadas con el campo. “En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 no hay ninguna garantía de que se mantengan las partidas para el PER", denuncia. "El plan no sólo es fundamental para nuestro desarrollo económico, sino que concede dinero para infraestructuras para nuestros pueblos”.

Impuesto a los cajeros automáticos

Mientras se confirma el dinero que el Gobierno destinará al PER, La Roda de Andalucía pone en marcha iniciativas como la creación de un impuesto de 3.000 euros a los cajeros automáticos de las cinco entidades financieras que hay en el pueblo: La Caixa, Unicaja, Cajasol (ahora integrada en Caixa Bank), Banesto y la Caja Rural. Con el dinero recaudado han inaugurado una línea de microcréditos de 180 euros cada uno destinada al pago del recibo del agua y la luz para personas sin recursos.

“Se comprometen a devolverlo al Ayuntamiento según las posibilidades y eso permite ayudar a otras familias que lo necesitan”, explica Romero, tras precisar que se ha suprimido dinero en festejos y propaganda. El fondo cuenta con un presupuesto de 35.000 euros. Para 2013 esperan ampliarlo con la aplicación del nuevo impuesto. Unas 40 personas ya han pedido la ayuda.

La Roda de Andalucía ha aportado 60.000 euros para el plan de emergencia social, mientras que la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, apesta aporta 15.000 euros anuales a este partida presupuestaria. Rodríguez Villalobos está ahora en la oposición tras haber sido alcalde de La Roda durante varias legislaturas. Fidel Romero asumió la Alcaldía en 2011 gracias a los votos del Partido Popular.

Los “señores feudales” de Andalucía

Para rematar, Romero recuerda a este diario quienes son a su juicio los “señores feudales” de Andalucía, “siete magníficos” que obtienen al año el 80% de las subvenciones europeas y “nadie se escandaliza”. Son los hermanos Mora Figueroa-Domecq, que recibieron 3,6 millones de euros; los hermanos Hernández-Barrera, con 2,4 millones; Nicolás Osuna García, con 2,29 millones de euros; la duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart y sus hijos, con 1,8 millones de euros; Íñigo Arteaga Marín, con 1,75 millones de euros; los hermanos López de la Puerta, con 1,45 millones de euros; y Samuel Flores, con 1,1 millones.

Entre 1999 y 2003 desaparecieron cada año 37.000 explotaciones agrícolas familiares en España, mientras 304 terratenientes y grandes empresas españolas recibieron una media de 398 millones de euros, según el informe Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en España y los países pobres, elaborado por la ONG Intermón-Oxfam.