Los jueces irán a la huelga si Gallardón no se sienta a negociar

El ambiente judicial ha comenzado a calentarse por los recortes y reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia. Jueces de toda España se reunieron este viernes  en Juntas para plantear cómo van a hacer frente a la situación de la carrera judicial. Los más contundentes fueron los de Madrid, los más numerosos de todo el territorio nacional, quienes por gran mayoría votaron ir a la huelga si Alberto Ruiz Gallardón no se sienta a negociar con las asociaciones judiciales.
Los jueces están “indignados” por las reformas que prepara Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial sin tenerles en cuenta y sin convocar una mesa de negociación. Consideran que el ministro está reduciendo los derechos estatutarios de jueces y fiscales a niveles históricos. Su intención, acusan, es mermar la independencia judicial. Según el acta de la Junta de la Audiencia Provincial de Baleares, la reforma de la LOPJ "no tiene objetivos económicos sino que pretende menoscabar la independencia y la eficacia de los jueces y ello va en detrimento de la calidad de nuestros trabajo y en claro perjuicio de los derechos de los justiciables”.

Históricamente, los jueces no son proclives a las huelgas y sólo han secundado una en toda la historia democrática de España. Fue hace tres años y costó el puesto a Mariano Fernández Bermejo, en aquel entonces ministro de Justicia.

Por ahora se van a tomar otras medidas e irán en aumento en la medida que Gallardón no escuche sus peticiones. Comenzarán con el cumplimiento estricto de las horas de celebración de juicios fijadas por ley, que son cuatro, y la autorregulación de la carga de trabajo de los jueces. Continuarán con paros y concentraciones y se acabará, si finalmente la mayoría de los jueces lo aprueban, ir a la huelga. El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, calificó el borrador de la reforma de la LOPJ como “insultante”, pues busca un retroceso al siglo XIX de los derechos estatutarios de los jueces.

Los jueces de Madrid, apoyados por los de Extremadura, incluso aprobaron la petición de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por su “deslealtad” frente a la carrera judicial y por no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que han mantenido con el Ejecutivo, “ocultando su verdadero alcance a la carrera judicial”, recoge el acta de la Junta de Madrid. Por pocos votos, no salió adelante solicitar la dimisión de Gallardón, aunque se le recordó que hay un político por cada 106 ciudadanos mientras que sólo un juez por cada 10.000 habitantes. 
Los jueces han dado un plazo de quince días al ministro para que mueva ficha. Los jueces volverán a reunirse en juntas en octubre y depende de los avances de Gallardón que comiencen o no a batallar para que se les rebaje la carga de trabajo y se corrija la fuerte reducción salarial que sufren, asuntos que “empeoran el funcionamiento del trabajo de los jueces y amenazan la calidad del servicio público”, añade el comunicado de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que se adhieren a los acuerdos de la comisión interasociativa que guiará las medidas de presión a seguir.

El próximo lunes, Moliner ha convocado a las asociaciones para hablar con ellas e intentar que los jueces recapaciten y no adopten precipitadamente medidas que afecten a los ciudadanos.