Gallardón se juega hoy la segunda huelga judicial y su propia reprobación

El malestar de la carrera judicial y fiscal va en aumento y están dispuestos a ir hasta el final, es decir, la huelga, si no consiguen sus propósitos. Quieren, entre otros puntos, que el ministro de Justicia se siente a negociar con ellos las reformas que pretende llevar a cabo del Poder Judicial sin realizar una previa mesa de negociación con las asociaciones judiciales. Las primeras juntas de jueces celebradas no pintan bien para los responsables de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.

En algunas provincias, como en Badajoz, fueron ayer de avanzadilla y se reunieron sus miembros de la carrera judicial. Como resultado del encuentro han pedido una huelga indefinida, la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por su “ineficacia” a la hora de defender los intereses de la carrera judicial, y la reprobación de Alberto Ruiz Gallardón por la injerencia del Poder Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial.

Hoy se reúne la mayoría de las juntas provinciales para plantear una batería de medidas contra los recortes, como concentraciones o paros parciales hasta llegar a la huelga si fuera necesario, en caso que el Ministerio no atiende a sus peticiones. La carrera judicial quiere que Justicia no lleve a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin contar con ellos. Desde las asociaciones se ha calificado de “insultante” el borrador de reforma que reduce los derechos estatutarios de los jueces a niveles del siglo XIX.

Otra de las críticas al ministro es la falta de inversión en Justicia en un país en el que hay un político por cada 106 habitantes mientras que se dispone de un juez por cada 10.000 ciudadanos. A esto se añade que este año se han paralizado las oposiciones para jueces mientras que anualmente se producen 60 bajas definitivas, lo que implica más carga de trabajo para los juzgados, que alcanzan ya desde 2008 niveles históricos, según reconocen fuentes del órgano de los jueces. En cuanto a salarios, los jueces han sufrido a su vez todos los recortes aprobados a los funcionarios públicos.

Tampoco sentó bien en la carrera que Gallardón aprovechara el escándalo del expresidente del CGPJ, Carlos Dívar, por sus viajes privados para anunciar la disminución de las competencias de la institución, única en Justicia que todavía está centralizada y que representa un símbolo del control que pretende llevar a cabo el Ministerio sobre los jueces.

Tanto Gallardón como Moliner quieren templar los ánimos para que las juntas de jueces convocadas en todo el territorio nacional no tengan un resultado catastrófico, como podría ser la convocatoria de la segunda huelga de jueces de toda la historia democrática de España, después de que en 2009 se produjera una que le costó el cargo como ministro a Mariano Fernández Bermejo. Moliner ya ha anunciado reuniones con las asociaciones de jueces, que comenzarán el lunes que viene, y ha pedido públicamente al ministro que busque consenso con la carrera judicial, compuesta por unos 5.000 jueces.

Por su parte, Gallardón ha querido hacer también sus acercamientos anunciando que a partir del año que viene se restablecerán las oposiciones y se ha comprometido a introducir cambios en su propuesta de reforma parcial de la LOPJ. El ministro informó en una reunión al presidente del CGPJ que se está tejiendo un marco básico para mejorar la propuesta de régimen de sustitución de jueces y magistrados con nuevos criterios que apuesten por una justicia profesional y reduzcan el recurso a la justicia interina. Fuentes jurídicas señalan que estos acercamientos propuestos por el ministro no son suficientes para calmar las aguas judiciales y deberá escuchar a los jueces a través de las asociaciones judiciales si no quiere que la Justicia se paralice.