PP y PSOE paralizan la negociación sobre la reforma de las administraciones

Las urgencias del Gobierno en cumplir y hacer cumplir a las comunidades autónomas el objetivo de déficit público para este año han chocado con la oposición del PSOE y con los intereses internos del Partido Popular en un punto fundamental: la reforma de las administraciones para acabar con las duplicidades en funciones, competencias y servicios.

Los socialistas rompieron las conversaciones con el Ejecutivo antes del verano y no están dispuestos a retomarlas. Por su lado, los alcaldes del PP han paralizado el proyecto del Ministerio de Hacienda que reduce el número de concejales y permite expropiar la prestación de algunos servicios públicos a los ayuntamientos más pequeños.

Fue el único acuerdo concreto al que llegaron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba al inicio de la legislatura: negociar una reforma de las administraciones para delimitar funciones (una administración, una competencia) y ahorrar esfuerzos presupuestarios y organizativos al conjunto del Estado. El secretario de Estado responsable de la materia, Antonio Beteta, abrió conversaciones con el responsable del PSOE en el mismo área, Gaspar Zarrías, pero después de un primer intercambio de papeles las discrepancias se han multiplicado hasta este mismo mes de agosto.

Las posiciones están tan encontradas que, sólo en el ámbito de la Administración local, la Federación Española de Municipios ha tenido que hacer dos documentos distintos esta misma semana dirigidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que sean tenidos en cuenta antes de la aprobación definitiva de la reforma municipal: uno con las propuestas de los alcaldes del PP y otro distinto con las del PSOE.

El Gobierno insiste en que las Diputaciones se queden con las competencias de prestación de servicios a los ciudadanos de los municipios de menos de 20.000 habitantes que suponga a los ayuntamientos correspondientes meterse en déficit o gastos de difícil mantenimiento. Calculan que el Estado podría ahorrar así, más con la reducción de un 30% en el número de concejales, unos 3.500 millones anules. Además, la medida permitiría rebajar a la administración local plantillas de empleados públicos, pues las Diputaciones podrían contratar con el sector privado esos servicios.

Los socialistas, por el contrario, insisten en mantener las competencias y funciones de los 8.116 ayuntamientos que hay en España y prefieren recortar en las Diputaciones. La portavoz del grupo parlamentario socialista ha llegado a calificar de ‘aberración’ la propuesta del Gobierno.

En fuentes del PP atribuyen la oposición cerrada del PSOE a seguir las conversaciones sobre la reforma de las administraciones a la decisión del Gobierno de recortar en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio otro 20 por ciento las subvenciones a los partidos. Los socialistas se han visto obligados a hacer un ERE en la sede central y en el grupo parlamentario por la pérdida de fondos públicos que les supuso el fracaso electoral de noviembre pasado más la primera rebaja del 20% aplicada por el Ejecutivo a las formaciones políticas, sindicatos y organizaciones empresariales nada más llegar al poder.

El caso es que después de romper conversaciones con el PSOE el Gobierno se encontró también con la oposición interna, la de los alcaldes del Partido Popular, que consiguieron que el citado proyecto de reforma de la administración local no fuera aprobado este verano. La Femp, ahora presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha hecho llegar por escrito al Gobierno las objeciones de los ayuntamientos. El Ejecutivo quiere sacar el proyecto adelante este mes para garantizarse los ahorros pertinentes para el próximo ejercicio.