Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc amenazan con irse de España por el ‘tarifazo’

Los elevados costes de la tarifa eléctrica de los grandes consumidores ha desatado la alarma en Asturias ante la posibilidad de que tres multinacionales radicadas en esta comunidad autónoma cierren sus instalaciones, ya que supone un grave quebranto para su competitividad. El riesgo de deslocalización ha sido señalado ya por diversos agentes sociales en una llamada de atención al Gobierno de la nación y en una cuestión en la que la unanimidad de todos los sectores políticos económicos y sociales permite margen de maniobra al Ministerio de Industria.

El presidente del Principado, Javier Fernández, que la primera quincena de setiembre se entrevistará con Mariano Rajoy, ya adelantó ayer que la estructura de los costes energéticos será una de las cuestiones que planteará al jefe del Ejecutivo estatal.

La última empresa en llamar la atención sobre el peligro del mantenimiento de una tarifa eléctrica "desproporcionada" ha sido la multinacional del aluminio Alcoa, con fábricas en Asturias (Avilés) y Galicia (La Coruña y San Ciprián). El más alto ejecutivo en España, José Ramón Camino, alertó hace pocos días de la necesidad de que el próximo mes de setiembre desde el Gobierno central se pongan en marcha medidas para abaratar la energía de las grandes empresas, pues de lo contrario la repercusión en las fábricas españolas podría ser muy negativa.

Las declaraciones del representante de la multinacional en nuestro país sonaron como un aldabonazo en la conciencia de los políticos de la comunidad autónoma, que ya habían escuchado advertencias similares recientes de ejecutivos de la multinacional siderúrgica Arcelor Mittal y de la también compañía mayoritariamente extranjera Asturiana de Zinc. En el caso de Alcoa, la reflexión de sus directivos fue secundada por los representantes sindicales: el presidente del comité de empresa de la factoría avilesina, José Manuel de la Uz, de Comisiones Obreras, llegó a plantear ayer movilizaciones contra el Gobierno si no ataja un problema que podría significar la pérdida de empleo y de riqueza para una comarca.

El aviso de Alcoa no cae en saco roto a trabajadores y Administración autonómica. No es la primera vez que la multinacional del aluminio se va de un país por el excesivo precio de la electricidad. El propio José Ramón Camino recordó en junio cómo en Italia, su empresa vendió una fábrica nada competitiva debido a esta circunstancia, si bien el alto ejecutivo subrayó que el precio de la tarifa energética es en el país trasalpino mucho más caro que en España.

Aunque todas las partes consultadas consideran que la solución al problema de la energía eléctrica en grandes consumidores no debería ser difícilmente resoluble, lo cierto es que hasta el momento el Ministerio de Industria no ha dado los pasos necesarios para encauzarlo, a pesar de las advertencias y de los llamamientos de los afectados.

En Asturias, todos los partidos con representación en el Parlamento autonómico son partidarios de alcanzar una solución y también las organizaciones empresariales y centrales sindicales han hecho causa común con este propósito. Quizás, los más prudentes sean los representantes del Partido Popular que no quieren poner en un brete a su Gobierno con exigencias de urgencia normativa. No obstante, el Gobierno gallego, también del PP, a través de su Consellería de Economía e Industria, ya significó su voluntad de negociar con el Gobierno central una salida satisfactoria a esta crisis.

En el ánimo de todas las partes pesan sin duda las insinuaciones más que veladas de los representantes empresariales de que una continuidad en el tiempo de este precio eléctrico sería inasumible y la espada de Damocles de la deslocalización pende sobre la cabeza de los trabajadores españoles. Esta es la tesis del consejero de Economía del Gobierno asturiano, Graciano Torre, que en una visita a la Feria de Muestras de Asturias indicó que hasta que no se resuelva el coste energético, el riesgo de deslocalización existe y es muy elevado. A su juicio, el cierre de las fábricas podría venir porque su coste la convierta en no competitiva o porque la falta de inversión debido a los problemas de producción origine una gradual deslocalización que, en definitiva, tendría las mismas consecuencias.

El precio de la tarifa eléctrica llega en algunos casos a suponer más del 40% del coste de producción de las empresas, lo que repercute de manera sustancial en su cuenta de resultados en unos momentos, además, en los que la materia prima ha sufrido una importante reducción.

Aunque la actual tarifa expira a finales de este año y en enero debería plantearse una nueva, todas las partes advierten que si no se afronta antes del otoño una respuesta adecuada a la situación de falta de competitividad de las empresas, nadie puede asegurar que el año 2012 no acabe con, al menos, tres multinacionales menos en Asturias, lo que supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo directos, hipótesis que ha generado una considerable alarma en el mundo empresarial y sindical.