El Gobierno aprovechará el rescate a las autonomías para desmantelar su sector público

Frente a la absoluta incertidumbre en las relaciones con la UE, en el orden interno el Gobierno considera un factor claramente positivo el paso dado por la Comunidad Valenciana de apuntarse al ‘fondo de liquidez autonómico’. Es una especie de intervención ‘consentida’ que servirá para combatir el déficit y el derroche estructural de los gobiernos regionales. En medios gubernamentales calculan que al menos la mitad de las autonomías se apuntarán, incluidas algunas de las que ahora lo niegan.

El fondo está calculado hasta en su cuantía para impedir que los gobiernos regionales entren en ‘colapso’ financiero. Antes de fin de año las autonomías tienen que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 15.800 millones de euros, poco menos de la cifra reservada. Los ejecutivos autonómicos se han beneficiado hasta de tres líneas de financiación especiales vía ICO y siguen poniendo pegas para no ajustar sus presupuestos. Ahora, Hacienda  podrá vigilar sus cuentas de forma directa, las controlará mensualmente, y condicionará cada partida al cumplimiento de medidas especiales.

La primera exigencia del ministerio afectará al sector público autonómico, conjunto de empresas, fundaciones, consorcios, entes, entidades, agencias u observatorios que en una cifra de 2.326 pueblan la administración regional en paralelo a los gobiernos, suman miles de empleados públicos que no son funcionarios y se ha convertido un foco de déficit que los gobiernos autonómicos se niegan a suprimir.  La ‘intervención’ de Hacienda sobre las comunidades autónomas supondrá dar dinero para que paguen a sus funcionarios y sostengan sus servicios básicos a los ciudadanos a cambio de que vayan podando o liquidando parte del aparato político y de intervención en la economía que han ido acumulando en los últimos años.

Las Comunidades intentan esquivar el rescate

A lo largo de todo el sábado algunas de las comunidades autónomas han defendido el estado de sus cuentas y negado necesitar liquidez. Los presidentes regionales han dado un paso al frente después de que la Generalitat catalana anunciara que está estudiando acogerse al mismo rescate que el viernes solicitó la Comunidad Valenciana. Un dinero que recibirá del mecanismo de liquidez autonómica entre agosto y septiembre, con "un interés parecido al del Tesoro español".

Una de las comunidades que se ha pronunciado es Andalucía, donde Diego Valderas, ha descartado que vayan a recurrir al mecanismo de liquidez autonómica aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 13 de julio porque, según ha dicho, Andalucía "tiene un diferencial amplio de más solvencia que otras comunidades autónomas". En el caso de Baleares, su presidente, José Ramón Bouza, ha asegurado que en estos momentos no se plantean adherirse a dicho fondo.

La misma posición han adoptado Asturias y Canarias, que han insistido en que cumplirán el déficit y han marcado distancias con Valencia, cuya 'caída' consideran "un fracaso del PP". Por último, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ha indicado que el "caballo de batalla" de la región es el "déficit", pero que no tiene problemas de liquidez, negando toda necesidad de rescate.