El juez concluye que Bankia primó el "favor político" frente al criterio económico

Bankia-BFA se gestionó pensando en el “favor político” y no en el “rendimiento económico” de sus accionistas, mediante “una serie interminable de ruinosas inversiones” que los miembros del consejo de administración ocultaron manipulando las cuentas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra los gestores de la entidad. El instructor imputó ayer al expresidente de la entidad y exministro de Economía, Rodrigo Rato, y a 32 consejeros, entre ellos el exministro popular Ángel Acebes; el dirigente del PP y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, por cuatro delitos castigados con hasta 15 años de prisión.

El mayor escándalo financiero de nuestro país le ha costado al Estado la friolera de 23.465 millones de euros (más que todo el presupuesto de infraestructuras), casi 500 euros por ciudadano, y ha dejado en evidencia los vínculos existentes entre el poder político y la gestión de las cajas de ahorro, sus inversiones y las remuneraciones y blindajes que se auto conceden los miembros de sus consejos de administración. Un escándalo que el Gobierno y el PP se han negado a investigar en el Congreso, donde incluso vetaron la comparecencia de los principales responsables de la entidad. Todos ellos tendrán que pasar ahora por el juzgado para responder de graves acusaciones.

El auto del juez recoge hasta cuatro delitos en los que podrían haber incurrido los querellados. El magistrado sostiene que los imputados pueden haber cometido un delito de falsedad de las cuentas anuales y de los balances de la entidad, que en unos días pasó de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros. Los consejeros de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas para dar la impresión de que la situación patrimonial era mejor de la realmente existente y ganarse así la confianza de los inversores en su salida a bolsa el 20 de julio de 2011. Un delito castigado con pena de prisión de uno a tres años. 

Rodrigo Rato dijo aquel día en su discurso en el parqué de la Bolsa que Bankia era “una decisión estratégica porque hace más fuerte a nuestra entidad y consolida su papel de liderazgo en la banca universal española”. Si aquel día sus títulos se estrenaron a 3,75 euros, el pasado 8 de junio lo hicieron a 1,03 euros. Esto significa que los 1.000 euros de inversión mínima exigida hace ahora un año hoy solo valen 275 euros.

Los imputados son acusados también de un delito de administración desleal o fraudulenta por haber utilizado los recursos  de la entidad para hacer favores políticos (concesión de créditos a bajo coste, por ejemplo) aún a sabiendas que se trataba de operaciones de escasa o nula rentabilidad para los accionistas. Una conducta que el Código penal castiga con penas de seis meses a cuatro años de reclusión.

El tercer delito que el juez imputa a los consejeros es el de maquinación para alterar el precio de las cosas, castigado con entre seis meses y dos años de reclusión. Según el auto, los responsables de Bankia elaboraron y difundieron documentación, tanto contable como meramente informativa, que trasladaba la imagen irreal de un banco solvente con el objetivo de salir a bolsa, obtener financiación en el mercado y mantener a toda costa la cotización de la acción y los ratios de solvencia. Para ello “no dudaron en manipular la información existente y, por ende, al propio mercado, alterando el correcto funcionamiento del sistema económico”.

La quiebra de la entidad no impidió que los consejeros se auto concedieran blindajes y prejubilaciones multimillonarias, que podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, penados con entre 1 y  6 años de reclusión. “Se denuncia –dice el magistrado Andreu en el auto de admisión- la grosera infracción de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad”.

Intervención judicial

UPyD había solicitado en su querella la intervención judicial de Bankia y de BFA, y pese a que la Fiscalía se opone a ello, el magistrado deja abierta esa posibilidad a la espera de oír a las partes personadas y a la práctica de una batería de diligencias, la primera de ellas la toma de declaración a los querellados. Fernando Andreu ha reclamado a los nuevos gestores toda la documentación existente desde enero de 2008 sobre los créditos, avales o garantías a favor de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal directivo, y de los concedidos a familiares de primer grado y a empresas o entidades controladas por ellos. Andreu quiere que le expliquen las condiciones en que se contrataron y cualquier otra operación significativa de la entidad con su personal directivo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también quiere conocer las cláusulas de garantía o blindaje que tenían los consejeros y el personal directivo para casos de despido, renuncia o jubilación; los planes de prejubilación o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida), y las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnización por cese desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. Igualmente ha solicitado el desglose de las retribuciones de cualquier naturaleza abonadas a los consejeros, comité de dirección y personal de alta dirección de la entidad, en este caso desde enero de 2007.

Se da la circunstancia de que pese a la inyección de dinero público a través FROB Bankia repartió entre enero y noviembre de 2011 nueve millones de euros entre su personal directiva. Rodrigo Rato recibió 2.184.000 euros, y Manuel Lagares, elegido director general de BFA a mediados de septiembre de 2011, cobró 185.000 euros por apenas dos meses y medio de trabajo.

Entre los testigos citados a declarar están el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura Sánchez, y el auditor Francisco Celma, socio de Deloitte S.L. como autor del informe de auditoría de las cuentas de 2011.

Más dura será la caída

Rodrigo Rato dejó la presidencia de Bankia el pasado 7 de mayo de 2012 con un comunicado en el que decía así: “La confianza depositada en nosotros por más de 10 millones de clientes y más de 400.000 accionistas es una de las mayores satisfacciones que he tenido como presidente de Bankia, y la gran fortaleza que respalda el futuro de esta entidad”. Dos días después la entidad solicitaba al FROB la conversión en acciones de los 4.465 millones de euros suscritos en participaciones preferentes, lo que le convertía en el principal accionista de BFA en un momento en que las acciones de Bankia tenían la mitad del valor con el que debutaron en el parqué solo unos meses antes.

La caída en picado de la cotización hizo que la CNMV suspendiera su cotización el 25 de mayo, y esa misma tarde el Consejo de Administración acordó pedir una inyección adicional de 19.000 millones de euros en dinero público, que sumados a los 4.465 millones ya concedidos arroja la disparatada cifra de 23.465 millones de euros, uno de los mayores rescates financieros de Europa.