Hacienda auditará a cien grandes municipios para que no dejen facturas en el cajón

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro quiere auditar a cien grandes ayuntamientos y a las 17 Comunidades Autónomas de manera regular, para evitar los desfases que se han producido hasta el momento en el pago a proveedores. Esta es una de las consecuencias del Plan de Pago a Proveedores que estos días está permitiendo que muchos contratistas con la Administración vean resarcidas sus deudas.

Fuentes de este diario señalaron que durante el trámite de estudio por parte de Hacienda de las demandas de los proveedores y los reconocimientos de deuda de las administraciones locales y autonómicas “había una enorme discrepancia entre la contabilidad presupuestaria y los servicios prestados y los servicios pagados”, y la manera de resolverlo será someter a los principales ayuntamientos –los cien más grandes- y las CCAA a una auditoría contable.

El sistema será el mismo que el de una auditoria privada y entrará en funcionamiento con toda probabilidad después del verano, cuando esté preparado el sistema informático en el que se basará este mecanismo de control. “Lo que vamos a hacer es circular la información con los proveedores para conocer los datos y evitar esos gaps contables que se producían hasta hora”. Y no va a tener coste para los contribuyentes, como tampoco lo ha tenido el Plan de Proveedores.

Estas fuentes señalaron que, con todo, lo más urgente para el Estado es solucionar el problema de la deuda sanitaria, cifrada en alrededor de 10.000 millones de euros. “La mayor parte de esta deuda –señalan- corresponde a multinacionales farmacéuticas que en sus libros de contabilidad tienen un epígrafe en el que pone, literalmente, deuda española, y eso lo ven también los bancos que a su vez les prestan dinero… Hay que acabar con esa imagen de malos pagadores”.

Central de compras

La manera de hacerlo será la central de compras que permitirá a los proveedores farmacéuticos cobrar directamente del Estado. Por supuesto, la central es voluntaria, pero las Comunidades Autónomas que no se acojan a la misma tendrán que explicar tanto sus ahorros, si los tienen, como sus excesos de gasto que han obligado al Gobierno a tener que tomar cartas en el asunto para aflorar las deudas ocultas de las administraciones públicas.

Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha pagado la totalidad de la deuda reconocida en los ayuntamientos, 9.270 millones de euros, y a finales de este mes se cubrirán los 17.000 millones que corresponden a las Comunidades Autónomas. Para las autonomías acogerse al Plan de Proveedores era la única manera de dar salida a una situación insostenible teniendo en cuenta que los mercados de deuda están cerrados y sólo podían hacer frente a los pagos con gasto corriente.

De este modo han conseguido préstamos a diez años con dos de carencia, aunque les haya costado tener que “desnudarse” ante Hacienda y reconocer que no estaban diciendo la verdad en sus cuentas. La auditoría permanente que llevará a cabo Hacienda evitará que, en el futuro, se vuelvan a producir los desfases que se han producido hasta ahora, con facturas pendientes de pago que incluso estaban contabilizadas en pesetas.