PP y CIU vuelven a blindar a la Iglesia para que siga sin pagar el IBI

La Iglesia Católica seguirá sin tener que pagar por ley el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y no tendrá tampoco que sufrir ningún recorte presupuestario en la cantidad que recibe del Estado a través de la casilla del IRPF. La mayoría absoluta del PP y el apoyo de CIU han vuelto a frenar la propuesta de la izquierda política de reabrir en el Congreso el debate sobre la autofinanciación de la Iglesia. Un debate promovido por el grupo La Izquierda Plural y que encontró apoyo en el PSOE y en las minorías de Amaiur, ERC y UPyD, aunque en el caso del partido de Rosa Díez, con matices.

El diputado de IU Joan Josep Nuet, autor de la propuesta, presentó ayer en la Comisión Constitucional del Congreso un texto unitario suscrito también por los socialistas, cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha planteado abiertamente la necesidad de revisar los acuerdos con la Santa Sede, así como por ERC y Amaiur. La proposición no de ley, de cuatro puntos, planteaba la necesidad de establecer un calendario de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia, la revisión de los beneficios fiscales de los que disfruta -como es el caso del IBI- para su homologación con el sistema general, la revisión de la asignación tributaria en el IRPF pensando en su “futura desaparición” y un recorte del 20% en la asignación del Estado vía IRPF para 2012. Un ajuste que IU quiere homologar con el ‘tijerazo’ planteado también por el Gobierno a las subvenciones a los partidos, sindicatos y patronal. “Es un debate que si no abordamos por la puerta nos va a entrar por la ventana”, advirtió Nuet. “Hay que coger el toro por los cuernos y llegar a acuerdos con la iglesia”.

Para el PP, sin embargo, el modelo actual de financiación de la iglesia, establecido en los acuerdos de 1979, sigue funcionando, es útil y resulta beneficioso para la sociedad por la labor asistencial que realiza la Iglesia a través de organizaciones como Cáritas. Motivos por los que el diputado Eugenio Nasarre, que fue responsable de la relación con las confesiones en 1979 y 1980, defendió ayer la permanencia del modelo tal cual está y que establece, dijo, una “laicidad positiva” a favor de la confesión mayoritaria de los españoles.

Igual que entidades sin ánimo de lucro

La exención del IBI a los lugares de culto, templos, seminarios, casas y conventos de la Iglesia católica está recogida en esos mismos acuerdos de 1979 y son similares a los privilegios fiscales de los que también gozan el resto de las confesiones minoritarias. Una exención que, como recordó Nasarre, fue ampliada por la Ley de Mecenazgo a “entidades sin ánimo de lucro” como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, ONG o federaciones deportivas. “Los postulados y filosofía de ley de mecenazgo siguen siendo útiles y positivos para la sociedad, también en tiempos de crisis”, explicó.

Algunas ciudades ya han anunciado su intención de reclamar a la Iglesia el pago del IBI, lo que, según el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, podría afectar a su actividad e iría en detrimento de otras acciones. Ayuntamientos como el de Madrid ya han anunciado, sin embargo, que no reclamarán ese impuesto a la iglesia, "aunque pudieran", como ha manifestado la alcaldesa Ana Botella. 

El no del PP fue respaldado también por el portavoz de CIU, Jordi Jané, que recordó que su partido no se niega a hacer “un replanteamiento global de cómo se financia la Iglesia” pero sí que está en contra de que ese debate se pueda hacer a costa de “estigmatizar” el papel especial que la institución desarrolla en nuestro país.

El PSOE también se posicionó a favor de que la Iglesia sufra un recorte del 20% en la cantidad que recibe de los PGE para que haga un ejercicio de “corresponsabilidad” en estos tiempos de crisis. Una propuesta que, sin embargo, rechazó la líder de UPyD, Rosa Díez, que, aunque partidaria de revisar los acuerdos con la Santa Sede, habló de la necesidad de separar las labores asistenciales que desarrolla la Iglesia con las que tienen que ver con el culto y el proselitismo. El portavoz de Amaiur, Rafa Larreina, numerario del Opus Dei, destacó, por su parte, la necesidad de abordar el debate “con seriedad y huyendo de sectarismos” para no pasar de un “nacionalcatolicismo a un nacional-laicismo”.

Según IU, el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre portaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local.

El PP, sin embargo, no modificará tampoco la financiación de la iglesia negociada por el Gobierno del PSOE y el Vaticano en septiembre de 2006 y que sustituyó la dotación presupuestaria por la asignación del 0,7% de los de declarantes que marcan la casilla de la Iglesia en el IRPF. Para Nasarre, el respaldo social a esa opción “es evidente” porque más de 9 millones de personas marcaron la casilla el año pasado. “Creemos que la fórmula actual funciona satisfactoriamente, responde a postulados de la Constitución, cuenta con el respaldo social y produce importantes beneficios”, explicó. “No encontramos razón para modificarlo”.