Hacienda no tiene medios para comprobar si las declaraciones de la familia Botín son correctas

Las declaraciones complementarias presentadas por Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, y sus cinco hijos para ponerse al tanto de sus deudas con Hacienda no han podido ser verificadas por el fisco, que ha tenido que fiarse de la “ingente” documentación presentada por los imputados.

Así lo recoge el auto que sobresee la causa por supuesto delito fiscal de la familia Botín, que mantenía ocultos 2.000 millones de euros en un banco del paraíso fiscal de Suiza: “La documentación de la que la inspección ha dispuesto (…) ha sido exclusivamente la aportada por la representación de los obligados tributarios (…) y no ha podido ser contrastada ni con la información obrante en la Base de Datos Nacional de la AEAT (salvo en algún caso muy puntual) ni con información obtenida de terceros”.

Pese a ello, la Inspección da por buenas las declaraciones complementarias presentadas por los imputados: “Estimamos que han permitido a esta Inspección, en su condición de perito, la verificación en grado suficiente de los hechos acaecidos en los años 2005 a 2009, de los cuales devienen los diferentes activos y rentas objeto de regularización a través de las declaraciones presentadas respecto a estos años…”

La Inspección tributaria concluye en el informe remitido al juez, que éste da por bueno en el auto de archivo de la causa, que  “la regularización realizada por éstos (la familia Botín) ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuestos (que no siempre ha podido ser completa), adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa reguladora de los mencionados impuestos”.

A la vista de estas conclusiones, el juez instructor dice en su auto que “la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta” y que, además, la misma se llevó a cabo antes de que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección o de verificación, o el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado presentaran una denuncia o una querella.

El auto afirma que la oferta que hizo en 2010 la Agencia Tributaria para que los evasores regularizaran su situación de forma voluntaria no puede considerarse un procedimiento de inspección (que abría abierto la vía penal contra la familia Botín por presunto delito fiscal), sino un “procedimiento de gestión” y, en consecuencia, con el pago de la deuda los defraudadores quedan exonerados de responsabilidad penal.