Un juez envía al Constitucional los recortes salariales en el Hospital Sant Pau

Revés para el Gobierno catalán. Las batallas que gana en los estrados políticos, las va perdiendo en los estrados jurídicos. El juzgado social número 26 de Barcelona planteó hace escasos días la posible inconstitucionalidad del recorte del 5% del salario de los trabajadores del Hospital Sant Pau, medida aprobada por el Gobierno.

El auto del juez remite al Constitucional el conflicto al entender que puede haber habido una vulneración de los principios constitucionales. “El juez abrió un incidente en cuestión y en lugar de aplicar la norma y decidir si era legal o no, la envía al tribunal basándose en tres puntos: primero, posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, que hace referencia a la seguridad jurídica. El salario era una cuestión pactada en convenio y, además, con la decisión de la rebaja se modifican los contratos de trabajo. En segundo lugar, puede haber una vulneración del derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios, ya que con la norma del Gobierno, se modifican las relaciones de trabajo. Y, en tercer lugar, puede haber una vulneración del Estatuto de los Trabajadores”, explica a El Confidencial Francesc Melero, responsable del gabinete técnico jurídico de Comisiones Obreras (CCOO).

El tema, sin embargo, tiene más enjundia y trasciende los límites estrictos del hospital. Lo que se plantea el auto del juez es la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, por lo que al final podrían afectar al resto de personal afectado por los recortes del Gobierno. Esta cuestión, no obstante, está todavía en el aire. “Habrá que esperar a ver qué dice el Constitucional y en qué términos para saber si afecta a otros colectivos”, subraya Melero.

De ser así, los restantes hospitales podrían acogerse luego a la sentencia que dicte el alto tribunal. De todos modos, el dictamen del Constitucional no será inmediato. "Debido al volumen de trabajo que tiene y a la situación de casi colapso en que se encuentra, es totalmente imposible vaticinar cuándo podrá pronunciarse sobre este tema", señala Francesc Melero.

De momento, sin embargo, sí afecta a los aproximadamente 3.000 trabajadores que tiene el centro hospitalario. Sant Pau es un hospital privado, pero se rige por una Fundación de titularidad pública, donde la Generalitat tiene tres miembros, el Ayuntamiento de Barcelona, uno y el Arzobispado, uno. A finales del año pasado, la Generalitat autorizó un expediente de regulación de empleo para suspender los contratos laborales de 1.406 empleados durante 15 días, pero la presión sindical ha conseguido que no se llegase a aplicar. Además, en el mes de febrero, los sindicatos denunciaron la situación de colapso de urgencias. La amenaza del Ere, no obstante, sigue presente, puesto que teóricamente tiene vigencia hasta finales del presente año.

Más reveses en los juzgados

La presidenta en funciones del comité de empresa, àngels Sabaté, declaró a la agencia Europa Press que ésta “es la primera batalla que un hospital privado que gestiona dinero público gana en los tribunales”.

No obstante, varias empresas públicas ya habían ganado otras batallas similares en los juzgados. El Instituto Catalán del Suelo (Incasol), por ejemplo, se vio obligado a readmitir a 19 trabajadores despedidos después de que el Gobierno aprobara los primeros recortes presupuestarios. En el Servicios Meteorológico, el Instituto Cartográfico y la Agencia Catalana de la Vivienda, también fueron declarados improcedentes los despidos acometidos.

En las cartas de despido del Incasol se señalaba que “la medida de extinción de su relación laboral, juntamente con otras que también se están ejecutando, permitirá recuperar la situación del Incasol y se garantizará la viabilidad económica de la entidad, que no puede perder de vista, en cualquier caso, os principios constitucionales de eficacia administrativa y racionalidad en la gestión, al tiempo que permitirá dar cumplimiento a la instrucción 1/2011 para la aplicación de las medidas específicas en materia de personal previstas en el Decreto 109/2011, de 11 de enero”. La instrucción 1/2011 era la que daba luz verde al recorte del 10% en los presupuestos de la Generalitat para el año pasado.

El juez, sin embargo, señalaba en su auto que una empresa pública no puede alegar causas económicas en los despidos, ya que se nutre de los presupuestos del Estado. ”Su finalidad no es concurrir en el mercado como si de un competidor más se tratara que pueda regir su actuación por los mismos principios y objetivos que una sociedad privada, es decir, con la finalidad de obtener beneficios y rentabilidad económica (...) Su finalidad está orientada a satisfacer intereses generales de la sociedad”.