La Junta imita al PP: sube impuestos, baja el sueldo a los funcionarios y paraliza la obra pública

La receta es la misma. Subir los impuestos y bajar los sueldos. La Junta de Andalucía ha decidido imitar las medidas del PP en el Gobierno para aplicar el mayor ajuste presupuestario en Andalucía en tres décadas. Al igual que lo ocultó Mariano Rajoy, el impuestazo que José Antonio Griñán adelantó ayer de 1.000 millones de euros no estaba previsto ni en los presupuestos de este año, ni lo había anunciado en la campaña electoral.

En el capítulo de ingresos, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, se comprometió a modificar los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5% para rentas superiores a 120.000 euros. También multiplicará por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos “hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola”, según Martínez Aguayo. Hay más. Subirá el tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2% al 1,5%) y aumentará de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.

En octubre de 2011, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, había dejado claro que el mayor ajuste “estaba amortizado” y que tocaba aumentar los tributos del Patrimonio; sucesiones y donaciones; transmisiones patrimoniales; actos jurídicos documentados; el impuesto que grava los medios de transporte y la tasa del juego. También impuso nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que contempla una nueva deducción del 5% en el tramo autonómico de las cantidades abonadas para obras de rehabilitación o de mejora de viviendas. Con estas subidas, confiaba en recaudar este año 227 millones de euros más que en 2011.

En el capítulo de reducción de gastos, la Junta de Andalucía paraliza la obra pública y aplica un recorte de 2.500 millones para intentar alcanzar el objetivo de déficit  de 2012, fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto regional y para salvar las partidas de Educación (no habrá una aumento de alumnos por aula) y la Sanidad, dos departamentos que también han sufrido recortes. Los  funcionarios y los interinos serán los más perjudicados. A los funcionarios (239.399 personas en la administración de la Junta) más los 22.000 que trabajan en empresas públicas se les bajará el sueldo el 5% y a los interinos el 15%, aunque también se les recortará su jornada laboral en el mismo porcentaje.

Más jornada laboral y menos horas extraordinarias

También habrá un aumento de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral de empleados públicos en aplicación de la normativa básica estatal, y se bajará el número de horas extraordinarias y los complementos adicionales de pagas extraordinarias de junio y diciembre de los funcionarios, que ya han adelantado movilizaciones para finales de este mes, en la misma línea que las organizadas tras el decretazo de la función pública.

La consejera de Hacienda ha anunciado también otras medidas, como la suspensión de las mejoras y ayudas aplicadas al personal laboral y funcionario de la Junta (permisos de jubilación, licencias previas a la jubilación anticipada y contratos de relevo, acción social y  premios de jubilación); la homogeneización de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público instrumental con los de la Administración General y la disminución del número de horas extraordinarias.

A la reducción del 50% de los altos cargos y de sus vehículos oficiales, además de la reducción de consejerías, se le añadirá la bajada del sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, los consejeros y viceconsejeros. También se reducirá a la mitad las partidas de información, divulgación y publicidad y reuniones, conferencias y cursos, y un 15% adicional en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas. Los sindicatos tampoco salen indemnes. Se limitarán las ayudas a las organizaciones sindicales. La Junta prevé un ahorro de 10 millones de euros.