El 15-M debate si tener líder o cómo articular las propuestas de los indignados

El 15-M vuelve a tener el mismo problema del año pasado: cómo articular el descontento popular, mantener el interés de los ciudadanos y, al final, cómo canalizar las propuestas que puedan salir de las asambleas. Éste fue un tema de discusión durante todo el fin de semana, más allá de las reivindicaciones que pudiesen salir de los cónclaves.

“Lo que queremos es generar costumbres. Que la gente identifique unas fechas del año con las reivindicaciones”, explica un joven en animada conversación con asistentes de edad avanzada. Una de sus interlocutoras lo tiene muy claro: “Nos hace falta un líder”, replica. “No, no estoy de acuerdo”, contraataca el joven. “Yo estoy indignada soberanamente con la situación, porque todos tienen derecho a vivir con dignidad, pero es necesario un líder que lleve al movimiento a algún lado”, responde su oponente. Y una tercera, mediana edad, mete baza: ”Lo que nos hace falta es un motor capaz de hacer dos grandes convocatorias al año. Me da igual la fecha, pero que canalice las protestas”. Es y será la eterna discusión, aunque el tema irá para largo.

La Plaza de Cataluña de Barcelona fue de nuevo escenario de corrillos y discusiones sobre el sistema, la situación y el futuro. Un centenar de indignados pernoctó anoche en el lugar, recordando las movilizaciones de hace un año. Tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento han dado permiso para esta ocupación del espacio público hasta el martes próximo, día en que se cumple un año exacto del nacimiento del 15-M.

Quienes hicieron su agosto fueron los militantes de la plataforma Stop Deshaucios, que instalaron varias mesas para recoger firmas y pedir la modificación de la ley con el fin de que se instituya la figura de la dación en pago, esto es, el retorno del inmueble al banco pero descontando su precio de la deuda con la entidad. Hasta ahora, en caso de una hipoteca impagada, el banco se quedaba el piso pero la deuda contraída seguía pendiente, con lo que el ciudadano se quedaba sin piso y con la deuda pendiente.

Entre los indignados de la plaza Cataluña de Barcelona circulaban ayer interesantes informes sobre los despilfarros económicos. Una de las octavillas reproducía por una cara la ficha salarial del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Cobra, según la hoja, 144.030,12 euros al año más 21.605,22 euros por dietas de Presidencia más 25.000 euros por dietas como diputado del Parlamento autonómico. Por la otra, la ficha del consejero de Interior, Felip Puig: 108.576,84 euros como consejero más 28.090,02 euros en dietas más 25.000 euros por dietas como diputado autonómico. “Esto lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos”, denunciaba la hoja.

Los otros recortes

Otra octavilla detallaba algunas partidas económicas bajo el lema Hay muchos sitios donde recortar. Recogía el salario de cargos de la Generalitat comparándolo con el sueldo medio de los empleados públicos: 1.308 euros al mes, o sea, unos 18.000 euros si contamos pagas extras. Pero citaba más temas: el sueldo de los diputados es de 70.000 euros de media más 25.000 euros en dietas y 18.000 euros más por cargo en las comisiones o por su labor de portavoces. Denunciaba también el gasto en fotografías de los presidentes de la Generalitat. "Mas: 5.324,78 euros; Montilla: 7.710,40 euros”. Y explicaba la situación de los ex presidentes: “Sueldo vitalicio hasta los 65 años del 80%; pensión vitalicia del 60%; 3 puestos de trabajo adscritos a su servicios (uno nivel 30 y dos niveles 22) por sistema de libre designación; presupuesto para gastos de oficina, alquiler...; coche oficial con mosso; servicio de seguridad: un comando de 4 o 5 mossos d’esquadra de escolta”.

También denunciaban que “el Gobierno gasta 281.750 euros en despidos. Son los gastos de los abogados y asesores que han ejecutado los despidos en empresas públicas”. Y denunciaba casos particulares: el nombramiento de un director general condenado por malversación de fondos públicos, la subida de sueldo de Artur Mas a los jefes de gabinete de las delegaciones territoriales en 12.000 euros o la contratación de un familiar de la presidenta del Parlamento como asesora de Presidencia, por ejemplo.

El más voluminoso, sin embargo, era uno que, bajo el epígrafe Los ladrones tienen nombre, reunía grandes fotos de Artur Mas, Emilio Botín, Fèlix Millet y José Luis Núñez. Del primero, denunciaban que es “beneficiario de una cuenta corriente de su padre en Liechtenstein a través de la que evadieron más de 800.000 euros”. De Botín, señala el panfleto que ha cometido “evasión fiscal de una fortuna familiar de 2.000 millones de euros en bancos de Suiza. Beneficiario de inyecciones a la banca, Juzgado por fraude fiscal varias veces entre 1994 y 2011”. De Fèlix Millet dicen que “robó más de 10 millones de euros por fraude fiscal y con la estafa del Palau de la Música. Implicado enla financiación de CiU”. Y de Núñez subrayan que ha sido “condenado por robar más de 13 millones de euros por fraude fiscal (en libertad)”.

Este mismo dossier incluye un estudio del coronel Amadeo Martínez Inglés sobre “lo que nos cuesta realmente la Monarquía española”. Los datos son demoledores, porque al margen de la asignación directa en los Presupuestos Generales del Estado incorpora las partidas de los diferentes ministerios que sufragan gastos de la Casa Real, como Exteriores, Interior, o Defensa. La conclusión, sostiene el informe, es que el total de gastos anuales es de más de 561 millones de euros.