Las trampas contables de Griñán: le reclama a Rajoy el dinero que no pidió a Zapatero

La guerra abierta entre el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, y la Junta de Andalucía tiene como referente el déficit de esta comunidad autónoma y el temor del Gobierno central a que los cajones de José Antonio Griñán estén repletos de facturas pendientes. Sin embargo, entre el fuego abierto de datos y valoraciones hay una serie de hechos incuestionables que demuestran cómo falló la calculadora de la Junta, hasta el punto de que Griñán pidió al Gobierno de Zapatero menos dinero del que Andalucía tenía que recibir y, más tarde, guardó la factura para reclamarla después al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por otra parte, tanto Griñán como su consejera de Hacienda siguen sin ponerse de acuerdo sobre el montante del déficit andaluz… ¿Qué está pasando con la calculadora? La cercanía de unas elecciones autonómicas, en las que se atisba un  cambio de poder hace temblar los números. Y Montoro ha incrementado sus viajes en el AVE Madrid-Sevilla con la lupa en la cartera para ponerla sobre la cabeza de Griñán.

Noviembre de 2011. El consejero de Economía de la Junta, Antonio Ávila, llevaba meses peleándose con el Ministerio de Política Territorial, al frente del cual estaba Manuel Chaves, expresidente de la propia Junta. A las reuniones bilaterales asistía Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, que era quien negociaba. Se trataba de valorar cuánto debía el Estado a Andalucía por inversiones no realizadas en los ejercicios 2008-09. La Junta pedía 1.372 millones de euros. Se escenificaba un enfrentamiento autonomía-Gobierno central… Y en unas semanas se produjo en milagro. La Intervención del Estado valoró la deuda con Andalucía en 132 millones más de lo que pedía el Gobierno de Griñán.

Así se preparó la factura

¿Dónde estaba el misterio? Salvando la autoridad incuestionable de la Intervención del Estado, hubo a quienes les resultó curioso que la factura andaluza se incrementara precisamente en unas semanas en las que el PSOE daba ya por perdido el Gobierno y sabía que Rajoy debería hacer frente al pago.

En cualquier caso, algo está claro en esta parte de la historia: la calculadora de la Junta falló hasta el punto de que la parte que tenía que pagar, el Estado -aunque las autonomías también son Estado- le tuvo que dar 132 millones más de lo que pedía.

Hoy es precisamente en esta cantidad de 1.502 millones de euros donde se apoya el Gobierno de Griñán para cuestionar el déficit que le asigna el Gobierno, un 3,22%, después del balance realizado sobre el ejercicio de 2011. Pero aquí, de nuevo, la calculadora de la Junta empieza a patinar. Griñán situó hace dos meses el déficit de Andalucía en un 1,4% en sesión parlamentaria; horas después, su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, lo elevó al 3%, desmintiendo así al presidente. Y ahora, la propia consejera vuelve a hablar del 1,4%, dándole la razón a Griñán. Esta nueva versión del déficit se apoya en que el Estado le debe a Andalucía los 1.502 millones citados, más otros 1.379 del Fondo de Competitividad, restados los cuales, el déficit andaluz se reduciría hasta ese punto y medio inicial.

Agujero de 4.000 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue situando el déficit andaluz en el 3,22% y ha empezado a viajar a Andalucía con más frecuencia de la prevista. Ha estado presente incluso en los actos del Día de Andalucía, donde ha departido con Griñán para manifestar después que la comunidad tiene que controlar el déficit y el Gobierno central está dispuesto a ayudarle. Montoro sigue muy preocupado, frunce el ceño y pone cara de circunstancia cuando se le pregunta por las cuentas andaluzas.

El temor de Montoro coincide con el que ha expresado con frecuencia Javier Arenas, quien apunta a gobernar Andalucía a partir del 25 de marzo. Ambos temen encontrarse con los cajones llenos de facturas. De momento, y según asegura Arenas, el déficit reconocido por el Estado para Andalucía supone un agujero de 4.000 millones de euros en las cuentas autonómicas del ejercicio 2011, y eso hace imposible considerar como válidos los presupuestos del año en curso. Es decir, que gane quien gane el 25 de marzo, tendrá que cambiar las cuentas y, finalmente, la factura, pase lo que pase, la pagará Rajoy.