CiU indulta a su compañía de agua de la tasa que impone al resto del sector antes de privatizarla

CiU ha optado por indultar a su compañía de agua de titularidad pública, Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), de la tasa que ha decidido imponer al resto de empresas del sector y con la que espera recaudar cerca de 30 millones de euros. Así, en una enmienda de CiU a Ley de Acompañamiento de su propio presupuesto se dice que ATLL no pagará canon mientras sea 100% pública. Con esto se garantiza el valor de ATLL de cara a su venta, una de las privatizaciones que la Generalitat tiene en cartera y por la que espera obtener 600 millones de euros.

Para el sector, integrado por las asociaciones Associació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC), la mayoritaria, y la Associació d'Abastaments d'Aigua (AAA), este tipo de medidas se encuentran expresamente prohibidas por el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea (antiguo art. 87 TCE), ya que no entraría en ninguno de los apartados correspondientes a las ayudas que pueden autorizarse.

Además, la Generalitat de Cataluña ni siquiera ha comunicado previamente a la Comisión Europea esta medida, lo que supondría no sólo un doble rasero entre la empresa de la Generalitat y el resto, sino un incumplimiento flagrante de la normativa comunitaria.

De hecho, la  ATLL iba a ser, después de Agbar, una de las empresas que debería pagar más canon por ser la compañía que capta directamente más agua del río, en este caso del Ter. Algo que la Generalitat ha solventado con esta nueva enmienda, una medida que ha irritado más si cabe a un sector ya soliviantado por el nuevo canon para acceder a las cuencas.

Privatización aplazada

La crispación entre la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que encabeza Lluis Recoder, y el sector es tal que no se ha convocado ninguna reunión para pactar un acuerdo. También se prevé que se aplace de manera indefinida la privatización de ATLL, que en principio se iba a hacer de manera que la Generalitat asumiera la deuda de la compañía.

ATLL factura 82 millones anuales, pero en 2010 perdió un total de 44 millones de euros porque la Generalitat ya ha comunicado al sector que, en caso de privatización, asumiría el endeudamiento de la sociedad pública (que asciende a 632 millones), con lo que de hecho la administración catalana aspira con esta venta no tanto a hacer caja, sino a reducir su endeudamiento.

Problemas del ACA

Tras esta guerra del agua entre la Generalitat y las empresas se encuentra la delicada situación financiera de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que es lo que se pretende resolver con la subida del canon, tanto la que se aplicará a los particulares como la que deberán asumir las empresas.

El ACA, otra empresa pública controlada por la Generalitat, adeuda 1.400 millones. Por ello, se atribuye la responsabilidad de la reforma del canon a la precipitación por llevarla a cabo del director general del ACA, Leonard Carcolé, lo que ahora, por ejemplo, ha obligado a CiU a presentar esta enmienda a su propio presupuesto.

Otro efecto indeseado que podría tener la subida del canon es que, en opinión de las asociaciones del sector del agua en Cataluña, el ACA debería devolver entre 100 y 150 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA si lleva a cabo el cambio legal en el canon, tal y como lo plantea la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2012.