El juez del 'caso Urdangarín': "Si tengo que citar a la Infanta, lo haré; ¿por qué no iba a hacerlo?"

"Si tengo que citar a declarar a la Infanta, la citaré; ¿por qué no iba a hacerlo?", aseguró ayer a El Confidencial el juez José Castro, instructor del caso Urdangarín. Sus palabras chocan abiertamente con las polémicas declaraciones de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que sugirió un trato de favor para el yerno del Rey y esposo de la hija menor de Don Juan Carlos. Bravo dijo la semana pasada, en alusión a Iñaki Urdangarín, que "no todos los imputados son iguales".

Esa controvertida afirmación levantó tal polvareda que el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se vio forzado a dar la cara públicamente. El pasado lunes, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Dívar hizo auténticos malabarismos dialécticos para sofocar el incendio sin llegar a desautorizar a Bravo. "Todos somos iguales ante la ley y no existen privilegios", dijo primero, para añadir a continuación: "Pero la verdadera igualdad es tratar diferente circunstancias que son distintas".   

Las palabras de la portavoz del CGPJ no sólo daban a entender que el yerno del monarca tiene derecho a un trato preferente como miembro de la familia real. Al justificar que la declaración de Urdangarín ante el juez, el próximo día 25, no sea grabada en vídeo -a diferencia de las del resto de imputados-, Bravo admitía implícitamente que también la infanta Cristina de Borbón, que ni siquiera está imputada, es merecedora de ciertos privilegios. Los duques de Palma son dueños al 50% de la inmobiliaria Aizoon S. L., a la que fueron desviados buena parte de los fondos públicos captados de forma irregular por el Instituto Nóos.

Castro, lejos de la torpeza de Bravo y la ambigüedad de Dívar, trató ayer de zanjar la polémica y alejar las sospechas de un supuesto trato de favor a Urdangarín y su esposa. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en declaraciones a El Confidencial, afirmó: "En este momento no descarto citar a declarar a la Infanta. Hay quien se ha apresurado a decir que no veo motivos para hacerlo, pero eso no es cierto. Lo que tampoco voy a hacer es llamarla a declarar sólo para dar satisfacción a algunos".

"Ninguna previsión"

Mucho menos rotundo se mostró el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien aseguró ayer que por ahora no hay "ninguna previsión" de citar a la infanta Cristina, y que en este caso debía ser "lo más prudente posible". Pese a la cautela de Torres-Dulce, la Fiscalía General del Estado rechazó el pasado 25 de enero investigar a la hija del Rey con el argumento de que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de Aizoon. Un abogado, Fernando Pamos, presentó una denuncia contra la Infanta solicitando abrir una investigación para aclarar su papel en esa sociedad, pero la Fiscalía se opuso porque "en ningún momento se describe una conducta de aquélla [la Infanta] que resulte incardinable en ningún tipo penal".

Entre los expertos en Derecho Penal, sin embargo, la opinión es prácticamente unánime: hay sobrados motivos jurídicos para que Cristina de Borbón comparezca ante el juez, como testigo o incluso en calidad de imputada. Todos los juristas consultados por El Confidencial coinciden con el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que afirmó el pasado día 5: "Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría. Citarla [a la Infanta] contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio".

A medida que se acerca la fecha de la comparecencia del duque de Palma van conociéndose más detalles de las declaraciones de otros imputados en el caso Urdangarín. El contable Miguel Tejeiro aseguró el pasado sábado en su declaración judicial ante Castro que la sede del Instituto Nóos en Barcelona, compartida con otras sociedades de la trama, era "un local diáfano" en el que "no había manera de distinguir qué parte era de una empresa y cuál de otra", informa Efe. Esas compañías eran Aizoon, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu, De Goes Center for Stakeholder Management y Nóos Consultoría Estratégica. Tejeiro añadió que Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, eran los que "en cada momento decidían si la nómina de un trabajador se tenía que cobrar de una u otra empresa".