Los partidos tradicionales, contra UPyD por cuestionar el estatus de los expresidentes

El estatus de los expresidentes del Gobierno no sufrirá cambio alguno a corto plazo. PP y PSOE han vuelto a blindar a Zapatero, Aznar y González de cualquier intento de regulación de su condición como ex mandatarios, tal y como trataba de promover la proposición no de ley presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para limitar en el tiempo la pensión vitalicia de los ex presidentes e impedir su simultaneidad con ingresos por actividades en consejos de administración de empresas privada. Carlos Martínez Gorriarán ha justificado la propuesta como una medida de regeneración democrática y “ética pública” y no porque sea un “problema de contabilidad nacional o de tiempos de crisis”. Los cuatros grandes grupos de la cámara, sin embargo, criticado duramente la propuesta por “demagoga” y “populista”. Algo en lo que no solo han estado de acuerdo, como era previsible, los dos grandes partidos.

UPyD solo ha encontrado eco a su propuesta en las minorías de la cámara (IU, ICV, ERC y Compromis), que ya promovieron medidas similares en la anterior legislatura y que han tratado, sin éxito, de introducir nuevas enmiendas a la proposición no de ley. Los demás partidos, incluidos los nacionalistas, han coincido en atacar al partido de Rosa Díez por promover medidas que, en palabras del PNV, se caracterizan por ir encaminadas por la “política espectáculo” y que están alejadas, han señalado, de las prioridades de la calle. “Es un mensaje rodeado de moralina y bastante demagogia”, ha criticado el diputado nacionalista Aitor Esteban, quien ha añadido que “otra vez se da a entender que todos los políticos tienen privilegios”. Para el diputado de CIU, Jordi Jané, el planteamiento de UPyD es “buscar lo que puede vender en determinados sectores de la opinión pública”. “O todos dignificamos la clase política o nadie nos la va a dignificar. Debemos de huir de planteamientos que se alejan del rigor y la seriedad”.

Y todo, pese a que tanto PNV como CIU han manifestado desde la tribuna su disposición a estudiar posibles limitaciones a que los expresidentes puedan compatibilizar sus ingresos públicos con millonarios emolumentos a cuenta de la actividad privada. “¿Para qué necesitan una oficina si se dedican al lobby?”, se ha preguntado Esteban. “Un político, un sueldo. O una cosa u otra”, ha añadido. “Puede ser legal y lícito, pero en ocasiones no es estético”, ha añadido Jané. “Se abre una brecha de reflexión de futuro”.

PP y PSOE blindan a los ex

El PSOE, por su parte, ha señalado que UPyD se caracteriza por su “política leve, por su levedad” y por “seguir directamente los estados de opinión de los que diga el CIS”, en palabras de su diputado José Ignacio Sánchez Amor. Gómez de la Serna, del PP, ha añadido, a su vez, que  “mientras ustedes se ocupan de estas dos personas (González y Aznar), nuestro grupo se está ocupando de 5, 2 millones de parados”.

Y es que, como era de esperar y tal y como habían anunciado de antemano, los dos grandes partidos no han mostrado fisuras a la hora de defender el papel y el estatus de los anteriores inquilinos de La Moncloa. El PSOE ha explicado que, precisamente, las ayudas vitalicias para el mantenimiento de una oficina de representación  y la indemnización que perciben durante dos años como ex presidentes “evitan un paso precipitado del poder público a la empresa privada” y se han preguntado si preferiríamos que los expresidentes trabajasen para empresas extranjeras como ocurrió con Gerhard Schröder y Gazprom. El PP, por su parte, ha defendido que Aznar, González o Zapatero tengan una asignación anual de 80.000 euros para gastos de oficina y ha recalcado que las asignaciones de los expresidentes son públicas y transparentes y están a disposición de cualquiera en los Presupuestos Generales del Estado.