El TSJC falla contra la Generalitat por una campaña de autobombo en las elecciones autonómicas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la campaña sobre los “1.000 días de Gobierno” que el Tripartito puso en marcha durante el tercer trimestre del 2006, cuando todavía era presidente Pasqual Maragall. El tribunal da, así, la razón a Convergència i Unió (CiU), que había denunciado la campaña por considerar que se realizaba para darse autobombo de cara a las elecciones autonómicas que se iban a celebrar el 1 de noviembre. En otras palabras: dos meses antes de los comicios, la Generalitat puso en marcha una campaña sobre los éxitos de la legislatura sin tener en cuenta que la ley prohíbe expresamente este tipo de actuaciones.

 

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la campaña de publicidad tenía por objeto “destacar las actuaciones realizadas por el conjunto de los Departamentos de la Generalitat durante la legislatura que entonces finalizaba y no se limitaba a informar de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los servicios públicos”. Por ello, considera que “vulneró claramente la prohibición establecida” por la ley 29/2005, que señala textualmente que no están permitidas “la promoción o contratación de campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por cualquiera de las Administraciones públicas”. En base a ello, declara “no ajustada a derecho” la actuación de la Generalitat.

 

Jordi Cuminal, diputado de Convergència i Unió (CiU) y secretario de Comunicación de CDC, manifestó a El Confidencial que “esta sentencia nos ha dado la razón. En un principio, el Gobierno Tripartito había dicho que CiU no estaba legitimada para emprender acciones contra la campaña, pero el tribunal ha puesto las cosas en su sitio”. Según Cuminal, el fallo del alto tribunal sirve para dos cosas: “Primero, para visualizar que hay dos maneras de hacer las coas: por un lado, están los que se saltan la ley y, por otro, los que queremos que se cumplen las normas. Y en segundo lugar, hay que destacar que, a pesar de que llega tarde, también es verdad que se ha hecho pública justamente cuando comienza la recta final de las nuevas elecciones autonómicas que se han de celebrar el año que viene. Ello significa que se da un toque de atención a la hoja de ruta del Tripartito para que no utilice las instituciones en su beneficio”.

 

Opúsculo sobre los 1.000 días de Gobierno de Maragall

 

CiU interpuso un recurso contra la campaña el 24 de julio del 2006, después de que la Generalitat convocase un concurso para realizar 1.100.000 ejemplares de un opúsculo de 32 páginas bajo el lema “1.000 días de Gobierno”. El coste de la impresión del opúsculo fue de 151.934 euros. La campaña, además se hacía en la recta final de la legislatura, pues las elecciones se iban a celebrar el siguiente 1 de noviembre. El adelanto de las elecciones se debió a que Maragall quedó gobernando en minoría tras la salida del Gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). “No hace falta pensar mucho para ver la relación directa entre la campaña publicitaria y las elecciones en el horizonte”, subraya Jordi Cuminal.

 

El diputado de CiU advierte que “los que diseñaron la campaña sabían que estaban incumpliendo la ley. Ahora, esperamos que el Tripartito siga las reglas del juego y que no recurra a malas artes, porque las instituciones han de ser inmaculadas en el cumplimiento de las leyes”.