La Audiencia Nacional da un revés a Justicia en el 'caso Mari Luz'

La Audiencia Nacional ha dado un 'revolcón' al Ministerio de Justicia, cuando estaba Mariano Fernández Bermejo al frente, en el 'caso Mari Luz' y ha decidido rebajar de dos años de suspensión de empleo y sueldo que le impuso a la secretaria judicial a seis meses, como propuso inicialmente el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 recrimina a Justicia que culpó únicamente a Juana Gálvez de no ejecutar la sentencia del presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, que le condenaba por abusar de su propia hija, sin tener en cuenta la responsabilidad del juez Rafael Tirado, del fiscal, que no controló la ejecución, y del resto de personal del Juzgado.

"Al no hacerse así, la Administración ha dificultado, en gran medida, que pueda valorarse en qué grado, realmente, la participación de la secretaria ha merecido que la sanción se fije en dos años y no en seis meses", apunta.

El juez Adolfo Serrano explica en una sentencia, que estima parcialmente el recurso de la secretaria judicial, que Gálvez no tenía un control de las ejecutorias pero tampoco el resto de los responsables. Además, critica al Ministerio de no tener en cuenta a la hora de acordar la sanción de la sobrecarga de trabajo existente en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla.

Cuando saltó a la luz pública el escándalo del 'caso Mari Luz', el Gobierno quiso depurar responsabilidades y acordó la sanción más elevada posible a la secretaria judicial, dependiente de la Administración, en vistas de no poder actuar contra el juez Tirado, que condenó a Del Valle pero no ordenó la ejecución de la sentencia y por tanto seguía en libertad.

Sin embargo, ahora la Audiencia Nacional considera que Justicia "sobrevaloró exageradamente" sus alegaciones para apartar a la secretaria, el tiempo que estuvo sin ejecutar la sentencia, en total 24 meses, porque no ha tenido en cuenta el resto de atenuantes.

Además de la sobrecarga y la responsabilidad de otros agentes, el magistrado enumera otra serie de atenuantes que refuerzan su decisión de rebajar sensiblemente la sanción. Se trata del reconocimiento por todos los funcionarios de la oficina judicial del trabajo de la secretaria judicial; el elevado número de señalamientos a los juzgados de lo penal, además de los juicios que celebraba la secretaria judicial en otros juzgados en régimen de sustitución; la necesaria atención a la Cuenta de consignaciones y al Registro para la protección de las víctimas de violencia doméstica; y otras funciones que ocupan buena parte de la jornada laboral diaria de un secretario judicial destinado en un órgano de la misma naturaleza que el de la expedientada. "Todos estos datos conducen a concluir que su responsabilidad, sin llegar a estar excluida, sí queda sensiblemente aminorada", añade.