La Audiencia condena a dos militantes de UDC por llevarse dinero de la consejería de Trabajo

Uno de los grandes escándalos que salpicaron al gobierno de la Generalitat cuando ésta estaba en manos de Convergència i Unió (CiU) ya tiene colofón: el denominado caso Farreras ha terminado con la absolución del que fuera consejero de Trabajo con Jordi Pujol hasta 1999, Ignasi Farreras, pero con la condena de su secretario general (el segundo de la consejería), Josep Maria Servitge, y la de Víctor Manuel Lorenzo Acuña, militante de Unió Democràtica (UDC), concuñado del diputado Josep Sánchez Llibre y ya condenado en el 2008 a más de un año de prisión por facturar trabajos inexistentes para la consejería de Comercio, Consumo y Turismo dentro de lo que se conoció como el caso Turismo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona detalla que Servitge y Lorenzo Acuña se pusieron de acuerdo “para distraer fondos del Departamento de Trabajo mediante la concesión de subvenciones y la contratación en favor de dos sociedades que se hallaban bajo el absoluto control del acusado Víctor Manuel Lorenzo, las empresas Gestumer SL y RCS Socesca, de modo que los pagos de las subvenciones y contrataciones con cargo a los fondos del Departamento de Trabajo se abonarían en las cuentas de dichas sociedades fon de que, finalmente, el acusado Víctor Manuel Lorenzo Acuña pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio y/o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada”.

En la relación de hechos probados, se subraya que la Generalitat encargó a Lorenzo Acuña ocho trabajos por valor de 3.910.000 pesetas en 1994. Además de la militancia en Unió, todos ellos habían ocupado durante años cargos de relevancia dentro del partido. Ignasi Farreras, por ejemplo, fue presidente de UDC, mientras que Servitge era miembro del comité de gobierno, máximo órgano del partido y Lorenzo, además, había sido tesorero, secretario general y apoderado de la fundación privada Empresa Catalunya Europa i Amèrica (Fecea), la entidad que normalmente se ocupaba de gestionar los viajes al extranjero del presidente democristiano, Josep Antoni Duran Lleida.

Ello debió pesar a la hora de adjudicar los trabajos, ya que, como recoge la Audiencia, “de los ocho estudios, cuatro carecían de contenido real, y los otros eran meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas jurídicas. En ninguno de los estudios constaba su autor, ni contaba con notas a pie de página, bibliografía o referencias doctrinales. Algunos incluso contenían referencias a normativa laboral ya derogada o incorrecta. Ninguno de estos estudios tuvo utilidad alguna ni ningún interés reportaron al Departamento de Trabajo”.

Despropósitos

Uno de los despropósitos llama la atención: el estudio Dona i salut laboral (Mujer y salud laboral) se basa en datos sobre la población activa femenina de 1990 y habla del Plan de Igualdad de Oportunidades para el periodo 1988-1990. En el momento de hacer, ya estaba en marcha el segundo Plan de Oportunidades, del que no se hace referencia. Además, omitía “normativa comunitaria de absoluta trascendencia” aprobada un año antes.

En ocasiones, lo que se hacía era copiar algún trabajo ya existente, como en el informe Ius Variandi Empresarial, que era “una copia literal y parcial, traducida al catalán, del libro La modificación de la prestación de trabajo, de los catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Tomás Sala Franco y Francisco López Tarruella, editados por Deusto en el año 1991”. O el estudio El mundo laboral y la libertad de expresión, copia literal “de las páginas 17 a 54 del libro La libertad de expresión del trabajador, cuya autora es Gloria P. Rojas Rivero, Editorial Trotta, edición 1991”. El estudio titulado Cláusulas en los contratos de alta dirección fue, asimismo copiado de un libro realizado por Eduardo Alemany Zaragoza, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Otro trabajo, Salario y garantías salariales, fue realizado por una empleada de Gestumer licenciada en Geografía “y sin ninguna formación jurídica”. Pero su base era, en realidad, “una copia literal y parcial del trabajo El Fondo de Garantía Salarial, del que era autor Ignacio Albiol Montesinos, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.

Para dar una apariencia de formalidad al asunto, Lorenzo presentaba, en el caso de las adjudicaciones, presupuestos de tres empresas ligadas a él (las adjudicaciones de más de 500.000 pesetas debían hacerse por procedimiento negociado, con al menos tres ofertas de empresas privadas para ser legales). En realidad, según recoge la sentencia, “no había concurrencia de ofertas por no existir competencia entre las empresas ofertantes”.

Reparación de daños

La sentencia indica que el consejero Ignasi Farreras no tenía porqué saber que su segundo y el empresario Lorenzo se habían conchabado para amañar las adjudicaciones, por lo que la Audiencia le exonera de responsabilidad. En otras palabras, “el tribunal no ha alcanzado la plena convicción de su participación dolosa en los hechos declarados probados”. Pero sí condena a Josep Maria Servitge a 4 años y seis meses por un delito continuado de prevaricación “en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos” y a Lorenzo Acuña a dos años y tres meses de prisión por el mismo delito. Asimismo, han de indemnizar a la Generalitat con 46.157,73 euros solidariamente. A este respecto, se ha tenido en cuenta que Lorenzo Acuña depositó en el juzgado, en el año 2005, más de 46.000 euros en concepto de “reintegro de cantidades”, lo que se considera una voluntad de “reparación de daños”.

La Audiencia, no obstante, no tuvo en cuenta su condena en otro caso famoso, el denominado caso Turismo, ámbito donde las mismas sociedades actuaban de forma similar. Debido a que fue condenado precisamente por el mismo tribunalpor los hechos de la otra consejería, Lorenzo intentó recusar a los magistrados, pero su protesta fue desestimada.

Reacciones

Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. Los dos grandes partidos catalanes se lanzaron los dados mutuamente. El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó que la sentencia de la Audiencia “confirma que el gobierno de CiU nombró a un alto cargo corrupto y por ello es preciso que Artur Mas, como líder de la federación, pida disculpas a los ciudadanos. Para el dirigente socialista, “los hechos están probados y la justicia dijo bien claro que hubo responsabilidades”. Y extendió estas responsabilidades no sólo a UDC, sino a todo el Gobierno de CiU.

Por contra, la coalición de Mas hizo público un comunciado en el que muestra su satisfacción por la absolución de Ignasi Farreras y mantiene su “firma convicción” de la inocencia de Josep Maria Servitge. El texto subraya que “Unió Democràtica no fue parte en este proceso ni ha fue condnada por ninguna causa ni motivo, y todavía menos es autora de ninguna financiación irregular del partido”. Los convergentes van más allá y consideran que esta sentencia “abre la puerta” para que la oposicón lleve a los juzgados “la política de contratación de informes de las diferentes consejerías de los dos gobiernos del Tripartito” y que la investigación sea tan “exhaustiva y exorbitante” como las que se hicieron las las consejerías “de Unió Democràtica”.