El general Navarro reconoce errores en la entrega cadáveres no en las identificaciones

El general de Sanidad Vicente Navarro, primer acusado en declarar ante la Audiencia Nacional por el caso YAK, admitido que hubo errores en la entrega, no en la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente aéreo. Navarro ha sido el primero en sentarse ante el banquillo de la Audiencia en la vista que juzga a los tres altos mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

El general, que ha respondido a las preguntas del fiscal y las acusaciones particulares ejercidas por los familiares de las víctimas durante dos horas, ha atribuido a las autoridades y forenses turcos problemas con la gestión de los cadáveres. Ha detallado que los militares españoles nunca tuvieron acceso a las cámaras mortuorias, que no pudieron tomar muestras de los restos y carecieron de un intérprete en todo el proceso.

"No nos queremos quitar de encima la responsabilidad. Llevo seis años preguntándome qué ocurrió (...). Había tres listas y pude haber bailado números", según ha admitido Navarro, quien no obstante ha insistido en que también pudieron cometerse errores en los trasvases de bolsas con restos. En este sentido ha subrayado que "no hay ningún general infalible y sabiéndolo todo" y ha añadido: "Me puedo equivocar como cualquier ser humano. Los generales también se equivocan".

Por otra parte, Navarro, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel y otros cinco de inhabilitación, ha asegurado que cumplió la misión que le encomendó el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que según ha explicado le pidió recuperar y repatriar los 62 cadáveres, "no traerlos identificados". A instancias del teniente fiscal, Fernando Burgos, el general Navarro ha detallado que Trillo de pidió personalmente el mismo día 26 de mayo que fuera a Turquía.

Al llegar al mortuorio, ha agregado, se encontró con tres cámaras frigoríficas "sin condiciones", en las que se encontraban "pilas de cadáveres, muchos de ellos en mal estado", lo que presentaba "un escenario dramático". En este proceso, según Navarro, no se contó con ningún intérprete y los restos eran "manipulados" por el personal turco, que los trasladaba varias veces de las cámaras a las mesas. Tras calificar la situación de "caótica", el general ha dicho que incluso había restos de mujeres cuando entre los militares españoles no había ninguna.

Sus trabajos concluyeron a las 10 de la noche del día 27 de mayo, hora en la que estaban listos los aviones Hércules que iban a repatriar a España a los militares fallecidos. En ese momento firmó el acta turco, escrito en turco, que dos meses después llegó a sus manos y en el que se decía que la delegación española se llevaba los cadáveres sin identificar. "Si esto lo hubiéramos sabido, no lo hubiera firmado", ha asegurado Navarro.

El general médico ha afirmado que su misión concluyó al llegar a la base de Torrejón (Madrid) el 28 de mayo a mediodía, donde dio novedades a Trillo, antes de celebrarse el acto de recepción oficial de los féretros. A preguntas del fiscal, Navarro ha reiterado que en Madrid no expidió certificados de defunción, porque es "un documento inútil", y sí se realizaron informes sobre las causas de fallecimiento que se entregaron a las familias que así lo requirieron. El general ha afirmado que ha destruido las anotaciones sobre las identificaciones de los cadáveres realizadas durante su estancia en Turquía referentes a los militares que habían demandado los familiares.

El juicio se reanudará a las 17 horas con el interrogatorio de las defensas de los tres acusados en la vista oral, en la que los familiares presentes en la sala se han alterado cuando el acusado se ha referido a que las autoridades turcas no les dejaron tomar muestras de los cadáveres.

El tribunal rechaza que Aznar, Trillo y Bono declaren

Por otra parte, el tribunal encargado de juzgar a los tres acusados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 soldados españoles fallecidos en el accidente del avión Yakovlev-42, rechazó hoy de nuevo admitir la declaración como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, solicitada por las acusaciones particulares durante la exposición de las cuestiones previas a la vista oral.

El presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez explicó que la cuestión ya fue resuelta en un auto anterior y añadió que la prueba sería relevante únicamente si lo hubiera pedido una defensa pero no una acusación. En el caso concreto de Bono el magistrado destacó que el conocimiento del ahora presidente del Congreso de los Diputados es posterior a los hechos.

Las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio protestaron hoy ante la Sala por su negativa a admitir estas declaraciones y pidieron que se reconsiderara la inadmisión de esta prueba. El abogado de la Asociación Familias Afectadas por el Yak, Leopoldo Gay, destacó la importancia de los testimonios de Aznar, Trillo y Bono así como la de los militares de grado superior a los acusados para la correcta comprensión de los hechos. En su opinión, las testimoniales fueron rechazadas debido a que "no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad". Gay explicó que hoy se juzga a "unos acusados cuyos superiores no vienen a declarar" a pesar de que "España se volcó" con las familias de las víctimas tras el accidente. "No concebimos como no pueden estar aquí estas personas", dijo.

"No están todos los que son"

Esta opinión fue compartida por el resto de acusaciones particulares, que se adhirieron a la protesta. Así, otro de los letrados de las acusaciones destacó, por su parte, que las familias guardan la sensación de que en este procedimiento "ni están todos los que son ni son todos los que están".

El abogado Leopoldo Torres, que representa a víctimas particulares, puso de manifiesto que Aznar "tuvo que adoptar decisiones de transcendencia en esta situación" que debería explicar ante la sala. Además se refirió a "las declaraciones bizarras del ex ministroTrillo" --vertidas por el ahora diputado en distintos medios de comunicación, dijo-- sobre las que sería exigible pedir aclaraciones.

Por su parte, el Ministerio Público y las defensas de los tres acusados (el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez) se opusieron a la admisión de estas nuevas declaraciones y defendieron que las actas que obran en la causa bastan para acceder a la información de interés que pudieran aportar los testigos propuestos. El teniente fiscal, Fernando Burgos, solicita que los tres acusados sean condenados a cinco años de cárcel y las acusaciones particulares a uno más por un delito continuado de falsedad documental.

Las familias también solicitan una multa 60.000 euros para Navarro y de 48.000 para Ramírez y Sáez. En el caso de las indemnizaciones, reclaman que la cuantía de 25.000 euros que el fiscal solicitó para las esposas, compañeras, padres e hijos de los militares que fueron identificados erróneamente se sumen otras de 6.000 euros para sus hermanos.

El juicio, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal Javier Gómez Bermúdez junto a los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda, comenzó puntualmente a la hora en la que estaba señalado, las diez y media de la mañana, cosa poco frecuente en las vistas orales que se desarrollan habitualmente en la sede de la Audiencia Nacional. Por parte del Ministerio Fiscal estuvo presente el fiscal jefe Javier Zaragoza, acompañando al teniente fiscal Burgos.

La sala de vistas se encontraba ocupada por los familiares de las 62 víctimas, ya que los allegados de aquellos fallecidos que fueron correctamente identificados quisieron acompañar a las familias que se vieron afectadas por errores en la identificación.

Rechazo de la prueba

La Sección Primera de la Audiencia Nacional ya rechazó a principios de este mes que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono declararan como testigos en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos al entender que sus testimonios "no son útiles para el fin del proceso".

El tribunal únicamente admitió la comparecencia de 20 de los 71 testigos solicitados por las asociaciones de familiares de las víctimas, ya que consideró que el resto de declaraciones no tienen "relación directa con el objeto" del juicio, conformado por los hechos y calificación jurídica de acusaciones y defensas" o se basan en "información obtenida al margen del proceso". Las asociaciones justificaron la prueba testifical de Aznar argumentando que "era presidente del Gobierno en el momento del accidente" y "dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003".

En relación con Trillo y Bono, la representación legal de los familires de las víctimas argumentaron que el primero dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente y que el segundo ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación de los cadáveres.