La Fiscalía Anticorrupción investiga al 'número dos' del PP de Madrid por presunto cohecho

La madeja de tramas de corrupción que los jueces tratan de desenredar en la Comunidad de Madrid vuelve a enmarañarse alrededor de Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la presunta implicación del número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia, Interior y Justicia de Esperanza Aguirre en un entramado urbanístico de cobro de comisiones ilegales durante su etapa como alcalde de la localidad de Valdemoro, según han asegurado a El Confidencial fuentes jurídicas.

Granados, en el ojo del huracán tras el estallido del escándalo por el espionaje político en la Comunidad de Madrid, está siendo investigado desde el pasado mes de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción como presunto autor de un delito continuado de cohecho mientras ocupó la Alcaldía de la localidad madrileña de Valdemoro, entre junio de 1999 y noviembre de 2003, fecha en la que fue nombrado consejero de Transportes en el primer Ejecutivo de Aguirre.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias tras la denuncia formulada el pasado 22 de noviembre por un ex directivo de una importante promotora inmobiliaria supuestamente beneficiada por la recalificación de terrenos en Valdemoro a cambio de sustanciosas comisiones mientras Granados fue alcalde. El Confidencial trató ayer de ponerse en contacto con Granados para recoger su versión de los hechos, pero el secretario general del PP de Madrid no atendió las llamadas de este periódico.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción se centran no sólo en Valdemoro, sino también en al menos otra docena de municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía gobernados durante los últimos años por el PP y, en algunos casos, por el PSOE y el Partido Andalucista. Entre ellos, los de Las Rozas, Ciempozuelos, Majadahonda y Villanueva del Pardillo, todos en Madrid, y los de Vera y Garrucha, en la provincia de Almería.

La denuncia presentada contra Granados y los alcaldes de los citados municipios se sustenta en un acta notarial que recoge minuciosamente las pruebas aportadas por el ex directivo de la mencionada promotora inmobiliaria sobre los supuestos sobornos pagados por ésta a cambio de favores urbanísticos. Las fuentes consultadas aseguran que la Policía Judicial, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción, ya ha practicado un primer registro en la sede central de la promotora, durante el cual se incautó de numerosa documentación que aún está siendo analizada.

Patrimonio personal

La Fiscalía de Madrid, que ya ha abierto diligencias por la trama de espionaje a políticos de la Comunidad de Madrid -en cuyo meollo aparece Granados-, ha sido requerida por la Fiscalía Anticorrupción para que colabore en la investigación sobre las acusaciones de cohecho contra el que es considerado uno de los hombres de confianza de Aguirre, según informan las fuentes consultadas. Éstas añaden que Anticorrupción rastreará el patrimonio personal de Granados en busca de indicios de un supuesto enriquecimiento ilícito.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró, tras destaparse el escándalo de los seguimientos a políticos, que ponía "la mano en el fuego" por todos sus consejeros, Granados entre ellos, que en 2004 fue ascendido por Aguirre de la Consejería de Transportes a la de Presidencia, y que el año pasado asumió, además, las competencias de Justicia cedidas por el destituido Alfredo Prada -caído en desgracia ante la presidenta regional tras alinearse con Mariano Rajoy-, uno de los políticos presuntamente espiados.

Granados fue, precisamente, el encargado por Aguirre de presidir la comisión de investigación que en el año 2003 -siendo todavía alcalde de Valdemoro- trató de aclarar, sin éxito, la deserción de los diputados socialistas en la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abortó la investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad y forzó la repetición de las elecciones autonómicas. A la segunda intentona, Aguirre logró su objetivo.

Tres años más tarde, siendo ya consejero del Ejecutivo regional de Aguirre, Granados se vio envuelto en un extraño suceso que proyectó algunas sombras de duda sobre su gestión en el Ayuntamiento de Valdemoro. En octubre de 2006 el vehículo de su esposa, un automóvil del modelo Mini Cooper, fue incendiado. Un medio de comunicación denunció que el vehículo estaba registrado como propiedad de la constructora Grandes Locales de Negocio S. L., empresa que había levantado diversos edificios en Valdemoro, entre ellos la vivienda particular del propio Granados. Éste se defendió de las acusaciones con el argumento de que se había producido un retraso en el cambio de titularidad del Mini Cooper.