El consejero de Interior catalán gasta 144.000 euros en un programa para “detener con calidad”

El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, el ecosocialista Joan Saura, siempre se ha caracterizado por sus peculiares opiniones sobre lo que debe ser la seguridad.

Tras levantar ampollas cuando aterrizó en el departamento hace dos años prometiendo una “seguridad de izquierdas”, ahora quiere hacer algo que ninguna policía ha hecho: detener con calidad. Por ello, se gastó 143.840 euros en contratar la “implementación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en el proceso de detención de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra”.

Es decir, ha contratado una asesoría técnica que pueda certificar los métodos impolutos de la policía autonómica. La adjudicación de dicha asesoría, cuyo número de expediente es el 183/2008, recayó en la cooperativa LKS, integrada dentro del grupo Mondragón. 

La UNE-EN ISO 9001:2000 pertenece al bloque de normas que definen los elementos integrantes de un sistema básico que asegure la calidad en cualquier tipo de empresa, sector o actividad. Esta norma centra su atención en los procesos relacionados con el “cliente”, la introducción de la mejora continua, la participación del personal en el sistema y el enfoque a los procesos. 

En relación con normas anteriores, introduce elementos de mejora implicando a la dirección en la responsabilidad de los procesos, aunque uno de sus requisitos es “que la empresa disponga de un método para obtener información de los clientes, analizar dicha información y obtener oportunidades de mejora”. En esta estrategia se incluye, por ejemplo, la prohibición de utilizar determinadas armas, como el kubotán o las pistolas Taser, en las manifestaciones. También se encuadra dentro de la misma la instalación de cámaras de videovigilancia en las comisarías catalanas para erradicar los malos tratos o los abusos de poder sobre los detenidos por parte de los agentes. 

El plan de ambientalización

El departamento de Saura, que se ha revelado como uno de los más activos, ha adjudicado también la elaboración del “Plan de Ambientalización” de la consejería para el periodo 2008-2011 a la empresa La Vola Companyia de Serveis Ambientals por 59.450 euros. En esta firma trabaja como alto cargo la ex diputada de ICV Bet Font. El objetivo del plan de ambientalización es “planificar y estructurar el conjunto de acciones que se han de llevar a cabo para introducir satisfactoriamente los temas relacionados con el medio ambiente”. 

La Vola se hizo también este año con el principal lote para el “servicio de asesoramiento energético, consistente en la realización de una auditoría energética en 25 centros  de trabajo del Departamento de Interior”. Por este encargo, se embolsará otros 19.198 euros. En los últimos años, La Vola ha multiplicado sus trabajos para la Generalitat. Según la documentación a que ha tenido acceso 'El Confidencial', en octubre y noviembre del año 2006, recibió del departamento de Medio Ambiente (también en manos de ICV) 118.339,72 euros por “asistencia técnica del programa Escoles Verdes de la Generalitat” y otros 110.700 por el “diseño y realización de un programa piloto de implantación de sistemas de gestión ambiental en centros educativos”, este último trabajado realizado en combinación con la compañía Consultores Sayma. 

En el 2007, facturó a la Agencia Catalana del Agua (ACA), que depende de Medio Ambient, 46.480 euros más el IVA correspondiente por la “conducción de los procesos de participación en los ámbitos de la Tordera”. Ese mismo ejercicio, se encargó de la realización de 75 estudios “en explotaciones de ganadería intensiva e informe de conclusiones”, por los que se llevó 75.898,8 euros.

Estos estudios fueron pagadospor el Instituto Catalán de Energía (Icaen), que depende de la consejería de Economía. La Vola es una de las empresas que fueron denunciadas ante Fiscalía por el sindicato Manos Limpias, que considera que considera “sospechosos” muchos de los informes encargados por el Gobierno tripartito. El ministerio público abrió una investigación en el mes de abril para determinar si ha habido malversación de fondos o prevaricación por parte de la Administración.