Chacón contrata vigilantes de seguridad privados para proteger los cuarteles

Primero fueron las academias militares, más tarde los hospitales de los tres ejércitos, luego las delegaciones provinciales de Defensa y ahora, incluso, los cuarteles. Carme Chacón ha decidido externalizar también la seguridad de las bases y acuartelamientos, y para ello su departamento va a contratar los servicios de empresas privadas que protejan, con guardas armados, las instalaciones militares.

El objetivo de Defensa, según las fuentes militares consultadas, es evitar que las unidades del Ejército destinen un porcentaje considerable de sus ya escasos efectivos a tareas imprescindibles pero auxiliares, lo que mermaría aún más su capacidad operativa.

Defensa ha convocado un concurso público para la ''contratación del servicio de vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones militares del Ejército de Tierra''. El contrato tendrá una vigencia de un año, a contar a partir del próximo 1 de enero, y su presupuesto es de 5,1 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar otros 4,1 millones para la protección, también por empresas privadas, de varios hospitales dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Fuentes del departamento que dirige Chacón han rehusado confirmar o desmentir esta información, y se han negado a facilitar el listado de las bases del Ejército afectadas por la externalización de la seguridad. Sin embargo, El Confidencial ha podido saber que los acuartelamientos que contarán con seguridad privada a partir del próximo año se sitúan en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, La Coruña, Mallorca, Cantabria, Burgos, Toledo, Huesca, Huelva y Guadalajara.

Los vigilantes de seguridad -que irán armados- tendrán, entre otros muchos cometidos, patrullar el perímetro exterior de los cuarteles, controlar el acceso de personas y vehículos, perseguir a ''delincuentes sorprendidos en flagrante delito'' o impedir el ''consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas en las instalaciones protegidas''.

La empresa adjudicataria estará obligada, por una cláusula de confidencialidad, a mantener la máxima reserva sobre toda la información sensible del Ejército -personal, material o instalaciones- de la que tenga conocimiento durante la prestación del servicio, y los vigilantes de seguridad no podrán acceder a materias clasificadas como secretas ni a los lugares donde éstas se custodian, especialmente las secciones de Inteligencia de las unidades militares.

Mejorar la operatividad

La primera vez que Defensa externalizó los servicios de seguridad de una unidad fue en 2001, siendo ministro Federico Trillo, pero se trataba de un centro de enseñanza: la Academia General Militar de Zaragoza, donde se forman los futuros oficiales del Ejército de Tierra. La medida, sin embargo, provocó una gran polémica y fue acogida con recelo por el PSOE -entonces en la oposición-, que criticó al Gobierno de José María Aznar por tratar de privatizar la defensa.

''El Ejército está estudiando cuál debe ser la dimensión adecuada de ese proceso'', dijo entonces Trillo ante el aluvión de reproches por la contratación de empresas privadas de seguridad, ''pero todos estamos de acuerdo en que nunca debe incluir la vigilancia de establecimientos militares o estratégicos, que tienen que seguir custodiados por soldados''. Pero no ''todos'', a juzgar por la decisión adoptada ahora por Chacón, compartían ese criterio.

Fuentes militares consultadas por este periódico señalan que la externalización de servicios en los cuarteles está justificada cuando se trata de tareas secundarias -cocina, limpieza, jardinería...- que antes realizaban los soldados de reemplazo y que ahora se encargan a empresas privadas para mejorar la operatividad de las unidades, formadas exclusivamente por militares profesionales tras la supresión de la mili obligatoria. Pero una cosa es subcontratar los trabajos auxiliares que garanticen el funcionamiento de los cuarteles y otra bien distinta ''desnaturalizar la profesión militar'', según esas fuentes.

''A este paso no tardará en llegar el día en que los militares profesionales sólo nos dedicaremos a participar en misiones internacionales, a hacer maniobras o a pegar tiros, porque todo lo demás lo podrán hacer empresas privadas. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que las guardias las harían civiles en vez de soldados?'', se preguntan con cierta sorna las citadas fuentes.

Otras fuentes, sin embargo, justifican la externalización de los servicios de seguridad en la escasez de efectivos para cubrir los destinos operativos y las unidades de combate del Ejército. ''Si la tropa se dedica a la cocina, la limpieza y las guardias, no habrá soldados suficientes para enviar al exterior. ¿De dónde los sacaremos si el Gobierno está dispuesto a doblar la cifra de militares en misiones internacionales a partir del año que viene?'', se preguntan.

Chacón, en efecto, anunció la semana pasada en el Congreso que pretende suprimir el límite actual de 3.000 soldados para operaciones fuera de nuestras fronteras. La ministra de Defensa admitió que ese límite ha quedado ya ''obsoleto'', y que a partir de 2009 la única limitación vendrá marcada por la ''capacidad de despliegue de nuestras Fuerzas Armadas'', que cifró en torno a los 7.700 efectivos.