LOS PUERTOS SUMAN EL 80% DE LAS IMPORTACIONES

Los estibadores amenazan con huelgas por la reforma portuaria que impone Bruselas

La Unión Europea obliga a poner en marcha los cambios antes de final de año. Las empresas están al borde de un ataque de nervios, en un sector con capacidad para paralizar todo el comercio español
Foto: Terminal de contenedores del puerto de Algeciras. (EFE)
Terminal de contenedores del puerto de Algeciras. (EFE)

Algunas cosas llegan en el peor momento, y esto le ha pasado al Gobierno de Mariano Rajoy con la reforma de la estiba. Bruselas se la impone y tiene hasta fin de año para llevarla a cabo, lo que ha puesto al borde de un ataque de nervios a las empresas operadoras del sector y de la huelga a los estibadores, un sector con capacidad para paralizar todo el comercio español, ya que el 80% de las importaciones y el 70% de las exportaciones pasan por los puertos españoles.

El pasado lunes, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega, se reunió en Bruselas con el responsable de transporte marítimo de la UE, Dimitrios Theologitis, para presentarle el borrador de la reforma, forzada por una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en la que se señalaba que el régimen de estiba y servicios portuarios españoles era incompatible con la legislación laboral comunitaria, según han explicado fuentes del Ministerio de Fomento.

El próximo jueves, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el propio Llorca explicarán la reforma a los empresarios agrupados en Anesco y a la coordinadora de los sindicatos de estibadores, en dos reuniones por separado. El cambio llega en un momento en que, además, los puertos españoles tienen un problema de sobrecapacidad.

José Llorca Ortega, durante su toma de posesión como presidente de Puertos del Estado. (EFE)
José Llorca Ortega, durante su toma de posesión como presidente de Puertos del Estado. (EFE)

Los estibadores ya hicieron una huelga de celo la semana pasada en una veintena de puertos españoles, donde se aplicaron políticas de descarga lenta de los buques. La intención del Ministerio de Fomento es consensuar un texto de la reforma antes de fin de año con todas las partes. Pero el calendario electoral no ayuda. El borrador presentado ayer podría traducirse en un decreto ley o en una reforma de la Ley de Puertos, en función de la urgencia con la que quiera aplicarse el cambio legal.

Portavoces de Fomento han asegurado que la reunión en Bruselas fue constructiva. Pero otras fuentes del sector aseguran que las autoridades europeas consideran que las medidas del Gobierno se quedan cortas. Por otro lado, fuentes sindicales han denunciado que se trata de un recorte de las condiciones laborales inaceptables.

El plan del Gobierno

La hoja de ruta del Gobierno pasa por mantener los actuales convenios hasta 2018, pero con una nueva estructura empresarial por la que las operadoras de estiba pasarán a asumir las actuales plantillas de estibadores, en lo que se denominarán Centros Portuarios de Empleo (CPE). En la práctica, funcionarán como empresas de trabajo temporal, según explican fuentes del sector conocedoras del proyecto.

Ahora, los estibadores cobran salarios de 70.000 euros brutos anuales y trabajan en las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores (SAGEP), que tienen el monopolio de la descarga de barcos en los puertos españoles.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, saluda a los responsables del Puerto de Bilbao. (EFE)
La ministra de Fomento, Ana Pastor, saluda a los responsables del Puerto de Bilbao. (EFE)

Las empresas operadoras también se muestran descontentas con la reforma. Deberán asumir unas plantillas de altos costes, una carga que no tendrían otras compañías que ganasen nuevos concursos, con lo que en la práctica se consolidaría un sistema dual que haría imposible competir a los actuales grupos con concesiones vivas contra nuevos jugadores que entrasen en el sistema.

Bruselas, por su parte, quiere una liberalización más completa y que se acabe el actual blindaje salarial del que gozan los estibadores. Pero estos se resistirán porque el cambio supone una pérdida de sus actuales derechos laborales. En el proyecto actual, las SAGEP entran en fase de empresas a extinguir y los estibadores que no pasen a los CPE y se queden en ellas serán sometidos a un ERE con 20 días de indemnización. Los trabajadores de las SAGEP que rechacen dos ofertas de incorporación a los CPE serán despedidos sin indemnización alguna.

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