Bankia, Popular y Sabadell desafían a Guindos por las polémicas cláusulas suelo

La banca cada vez hace menos caso a las 'sugerencias' del Gobierno. Al pulso por mantener a José María Roldán como candidato a la presidencia de la Asociación Española de Banca (AEB), se añade ahora el mantenimiento o la reposición de las polémicas cláusulas suelo que siguen obligando a aceptar determinadas entidades como Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular.

Como publicó ayer El Confidencial, el banco nacionalizado exige a los clientes a los que les concede un crédito hipotecario aceptar porescrito y a manoque la cuota de su préstamo no bajará del 3,5% con independencia de cómo esté el tipo de interés de referencia, habitualmente el Euribor. Un diferencial muy alto si se tiene en consideración que el citado índice está ahora en el 0,54% y que los bancos están ofreciendo créditos próximos al 2%.

Pero no es sólo Bankia la que impone estas cláusulas, que el Tribunal Supremo condenó el pasado año por considerarlas abusivas al no explicárselas al tomador con la transparencia necesaria. Banco Popular y Banco Sabadell, dos entidades que ya las incluían en sus condiciones antes de la sentencia del Alto Tribunal, las siguen exigiendo, según han confirmado fuentes financieras.

Todo un desafío al ministro de Economía, Luis de Guindos, que cuando el pasado verano conoció el castigo que el Supremo impuso a BBVA, Cajamar y Novagalicia pidió al Banco de España en unas jornadas sobre el sector que pusiera "especial atención" en el cumplimiento por parte de todas las entidades de la jurisprudencia que sienta la sentencia delTribunal Supremo, sin necesidad de que los clientes acudan a los jueces para reclamarlo.

"ElBanco de España va a poner medios especiales para que se aplique la sentencia del Supremo", indicó el ministro al considerar que era "fundamental" que estas cláusulas fuesen transparentes en el intento de reformar y dotar de credibilidad al sector financiero español. De Guindos no creó después ningún tipo de normativa, pero en diversas ocasiones recordó que la sentencia del Alto Tribunal debería “extenderse a otras entidades” porque generaba jurisprudencia.

Sin embargo, ocho meses después de aquella decisión judicial, el Banco de España no ha publicado ninguna circular sobre las cláusulas suelo. La institución que preside Luis Linde se ha inhibido en esta polémica, que afecta a cerca de 1,7 millones de contratos hipotecarios. El supervisor no puede modificar unilateralmente los contratos con los clientes (algo que sólo pueden hacer las entidades o un juez), pero, como pasó en su día con la limitación a la retribución de los depósitos a plazo fijo, sí puede sugerir a las entidades su retirada.

Malestar en Economía

Fuentes financieras explican que ni Bankia, ni Sabadell ni Popular “se pueden permitir el lujo” de quitar las cláusulas suelo porque de lo contrario las pérdidas por su negocio ordinario continuarían durante muchos años. Por ejemplo, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri amortiza anualmente un 8% de su cartera vieja de hipotecas y la sustituye por nuevos créditos. A ese ritmo, la entidad tardaría años en darle la vuelta a sus deteriorados márgenes de intermediación.

La situación es similar a los otros dos bancos, cuya cuenta de resultado depende casi exclusivamente de la evolución de la economía española. Retirar los topes para adecuar las cuotas de los préstamos al valor real de mercado del Euribor les supondría unas pérdidas muy significativas. Basta decir que BBVA tuvo que apuntarse unas provisiones de 420 millones de euros por quitar esa condición a cerca de 600.000 hipotecados.

En el ministerio de Economía hay un profundo malestar con el banco dirigido con Goirigolzarri porque esta política comercial lastra la imagen de una entidad que recibió 22.000 millones de ayudas públicas y que poco a poco estaba recuperando la confianza de los particulares que sufrieron el expolio de la salida a bolsa de las participaciones preferentes.

Por su parte, en Banco Popular argumentan que sus cláusulas suelo "son totalmente transparentes y lícitas" y que la sentencia del Supremo castigó sólo a una serie de entidades que las ocultaban a sus tomadores. Además, subrayan que no hay ninguna normativa que les obligue a suprimirlas.