MEDIANTE EL NUEVO FONDO DE SALVAMENTO

La banca se ofrece a recapitalizar empresas si Guindos la exime de provisionar su deuda

La banca ha puesto sus condiciones para participar en el proyecto de Luis de Guindos  de crear un fondo para convertir la deuda de empresas insolventes en capital.

Foto: El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos. (EFE)

La banca ha puesto sus condiciones para participar en el proyecto de Luis de Guindos de crear un fondo para convertir la deuda de empresas que actualmente son insolventes –pero pueden ser viables– en capital. La principal es que la deuda "sostenible" de esas empresas no se considere morosa para no tener que hacer provisiones adicionales a las ya constituidas. Además, pide que esta deuda no sea subordinada en caso de concurso, que se pueda llegar a un acuerdo de acreedores sin la aprobación del 100% de los mismos, que la participación en este fondo no consuma capital y una serie de ventajas fiscales similares a las que gozan los FAB (fondos de activos bancarios) que invierten en activos de Sareb.

El llamado 'Proyecto Midas', al que ayer se refirió Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, trata de hacer realidad una de las peticiones hechas por el FMI tras el fin del rescate: que la banca convierta los créditos concedidos a empresas que no pueden devolverlo pero cuyo negocio es viable en capital de las mismas. El ejemplo más claro es Pescanova. La idea es crear un vehículo (un fondo de capital riesgo) en el que participará la banca y que será el que entre en el accionariado de las compañías, mientras que los bancos serán accionistas indirectos de las mismas.

Las entidades aportarán a cambio la deuda que se considere "no sostenible" con el objeto de aliviar la carga para la empresa y que esta pueda gestionarse para devolver la deuda "sostenible" y salvarse así del concurso de acreedores y de una eventual liquidación. El objetivo es que la deuda se devuelva y que el fondo pueda salirse de capital en un plazo de entre 5 y 7 años. Se trata de que entren en cada operación todas las entidades con deuda a largo plazo en esa empresa y que esta capitalización se base en valoraciones objetivas para evitar "subvencionar" al accionista actual.

En principio, el sector ha recibido bien el proyecto, pero pide a Economía una serie de condiciones para participar en él que han sido recopiladas en un documento elaborado por N+1. La principal es que la deuda que se considere 'sostenible' no sea considerada morosa, sino 'normal' (como si estuviera al corriente de pago, pese a que no lo está). El sector considera que debería destinar las provisiones que ya tiene constituidas para toda la deuda de la empresa a cubrir la presumible pérdida que sufrirá al canjear la 'no sostenible' por capital (ya que el valor de la empresa será muy inferior al de esos créditos).

Sede del Banco de España en la plaza de Cibeles, en Madrid. (EFE)
Sede del Banco de España en la plaza de Cibeles, en Madrid. (EFE)
Por tanto, la deuda que seguirá viva, la 'sostenible', se quedaría sin provisiones. Y si tiene calificación de morosa –o subestándar–, la banca tendría que dotar provisiones adicionales, por lo que al final la operación le iba a costar el doble: perdería las provisiones ya dotadas y tendría que constituir otras nuevas. Para ese viaje, mejor se queda como está, sin capitalizar la deuda. Por ello, pide que se saque de mora esa deuda 'sostenible', algo que podría hacerse, según N+1, con una interpretación un tanto flexible de los criterios del Banco de España para clasificar las refinanciaciones. Si Economía no cede a esta pretensión, la banca solicita que al menos el coste en términos de provisiones sea "el mínimo posible y de carácter temporal", con un período máximo de un año.

No ser la última en cobrar en caso de concurso

Además de esta demanda, el sector pide que se establezca "de manera indubitada" que la citada deuda 'sostenible' no tendrá consideración de subordinada en caso de que, a pesar de esta capitalización, la empresa no logre salvarse y acabe en concurso. En este caso, trata de evitar que, por intentar salvarla, se acabe quedando sin cobrar nada si al final no lo consigue y la compañía tiene que liquidarse. En principio, la ley concursal no considera esta deuda subordinada porque sólo lo es la concedida por sus propios accionistas, cuando los bancos lo serán de forma indirecta y en un momento posterior a la concesión del crédito original. Pero, aun así, requieren una mayor seguridad jurídica. Y aprovechan para 'colar' otra demanda clásica del sector: que el nuevo crédito que se le conceda para dotar a la empresa de liquidez se considere "super-senior", es decir, que sea el primero en cobrar en caso de concurso.

Otra petición reiterada de los bancos que se introduce en este informe es la de que no haga falta un acuerdo del 100% de los acreedores para adoptar medidas de reestructuración de la deuda, como quitas, venta de activos, liberación de garantías, etc. (ahora sólo se puede exceptuar de la regla de la unanimidad las esperas, es decir, el alargamiento del plazo de pago). A su juicio, con un 75% sería suficiente. Y ya puestos, solicitan que se aclare "también qué se entiende por acreedor financiero, especialmente en un momento como el actual en que es habitual que fondos de inversión no regulados sean titulares de relevantes paquetes de deuda financiera y parecería que los acuerdos de homologación no les afectan".

Finalmente, solicitan tener poder capitalizar todos los créditos antes de que los accionistas insten la liquidación de la empresa (actualmente es habitual que soliciten el concurso antes que perder el control), que las participaciones en este fondo de salvamento no ponderen como APR (activos ponderados por riesgo), es decir, que no consuman capital (lo cual incentivaría que se incorporen más empresas al vehículo), que se eliminen las restricciones actuales a las inversiones de los fondos de capital riesgo y la concesión de ventajas fiscales. En este ámbito piden que la capitalización de deudas y las quitas no generen ingresos para la empresa sujetos a tributación y que estas operaciones estén exentas del impuesto de actos jurídicos documentados y del de transmisiones patrimoniales, como los FAB que invierten en Sareb.

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