¿Retirada? Algunas empresas estibadoras se plantean su futuro en España

Los parones en los puertos traerán cola. Y no solo de camiones. Algunas empresas estibadoras ya se están cuestionando su continuidad en España por temor a futuras huelgas que, con toda seguridad, impactarán tanto en la economía nacional como en sus cuentas de resultados. Fuentes del sector temen que no se trate de un ‘hasta luego’ sino de un ‘adiós’ definitivo, sobre todo en los casos en que las concesiones para operar en las terminales de descarga estén a punto de caducar.

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D. Grasso

Lo peor no son las tres semanas (en días alternos) de ‘standby’ en los puertos a partir del próximo 6 de marzo, sino lo que venga después. ¿Y si el conflicto se enquista? Más de una compañía baraja la posibilidad de abandonar el barco antes de comprobarlo en sus propias carnes, lo que supondría una pérdida de empleo, un descenso importante de la actividad y un ‘lío’ si el operador que tome semejante decisión es grande. No obstante, las multinacionales dedicadas a este sector y con presencia en todo el mundo se cuentan con los dedos de dos manos, no así las pequeñas.

¿Quién está replanteándose su futuro? Lo más probable es que sean empresas con concesiones ya caducadas o a punto de caducar, con terminales de descarga en otros países europeos y con pocas ganas de renovar las licencias ante semejante panorama. Es más difícil que se vayan en caso de que sean grandes, hayan realizado cuantiosas inversiones en los muelles y tengan una concesión a largo plazo en vigor. A todas ellas les preocupa que la huelga se prolongue en el tiempo, pero ese no es el peor escenario que barajan.

Y es que los empresarios no solo tienen miedo a hablar en público frente a los medios de comunicación. Uno de sus mayores temores es que el Gobierno no consiga sacar adelante el proyecto de ley que liberalizará el sector de la estiba. Y De la Serna no lo tiene nada fácil. Los grupos políticos aún no se ‘mojan’ ni dejan claro si apoyarán un real decreto que se aprobará sin consenso mañana en el Consejo de Ministros, con la excepción de Podemos, cuyos miembros ya han respaldado públicamente a los estibadores. La presidenta andaluza, Susana Díaz, también se ha acercado al colectivo con la esperanza de que no se interrumpa el diálogo y con la vista puesta en Algeciras. Eso sí, matiza que “la sentencia europea hay que cumplirla”.

Las ideas de algunos operadores (de cara a las huelgas) van más allá de un plan de contingencia temporal como el diseñado por las compañías de automoción o el mismísimo Ministerio de Fomento. No lo ve así José Luis Almazán, vicepresidente de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE). "A corto plazo, no creo que se vayan. Otra cosa es que la situación se desmadre" o que el proyecto de ley no se convalide en el Congreso por falta de apoyos. "En ese caso, sí puede pasar". Si la reforma de la estiba no sale adelante, "países como Portugal serán más competitivos que nosotros", zanja.

Todas las fuentes consultadas dan por hecho que en la mayoría de los casos se desviará el tráfico de los buques hacia otros puertos o se buscarán alternativas para que las mercancías lleguen a su destino. El propio Gobierno se encargará tanto de garantizar que se cumplan los servicios mínimos para evitar el desabastecimiento —sobre todo en productos perecederos o de primera necesidad— como de velar para que los camiones no colapsen las autovías.

La empresa estibadora es la encargada de prestar el servicio de manipulación de mercancías en los puertos, siempre con una licencia otorgada por las autoridades portuarias. Dicho permiso cubre las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga, trasbordo y almacenaje. La patronal del sector, Anesco, ha declinado hacer comentarios sobre la posibilidad de que algunas de estas compañías se estén planteando dar carpetazo a su negocio en España.

Otras fuentes empresariales consultadas por este periódico esperan que no se llegue a ese extremo y confían en que los partidos políticos alcancen un acuerdo lo antes posible. “Una huelga indefinida de dos o tres meses sería insostenible. Ningún país puede aguantar eso”.