El último negocio: cobrar la 'quita' de las facturas del Plan de Pago a Proveedores

La próxima semana, entre el 14 y el 15 de noviembre, acabará el plazo para que las empresas a las que las comunidades autónomas adeudan trabajos o servicios"se apunten" para poder cobrar las facturas pendientes. Una nueva bocanada de dinero público para las cajas registradoras del sector privado procedente del Plan de Pago a Proveedores que aflojará la soga del cuello de muchas compañías, habituales suministradoras de las administraciones públicas.

La de ahora es, en comparación con la primera fase, una partida despreciable cuantitativamente, pero fundamental para los balances empresariales, ya bastante maltrechos por la situación económica española.

Y es justo en estos momentos de crisiscuando para algunos surgen las oportunidades.Con la puesta en marcha de los Planes de Pago a Proveedores, las empresas han cobrado sus facturas pero no sin antes tener que renunciar a una forma de "quita". Concretamente a dejar de percibir los intereses de demora acumulados en las facturas, fundamentalmente las correspondientes al primer periodo, en el que había "papeles en los cajones" de algunas administraciones locales desde tiempos casi inmemoriales.

Las empresas conseguían cobrar a cambio de perdonar esos intereses de demora. Y es justo aquí donde, para algunos, ha surgido o va a surgir, tal vez, la oportunidad o posibilidad de negocio.

La oportunidad está en la 'quita'

El Confidencial ha tenido constancia de que al menos en una comunidad autónomaespañola seha recibido una comunicación rubricada por dos empresas mediante la que anuncian alas autoridades políticas de la región que han adquirido derechos sobre los intereses de demora de algunasfacturas.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de la Consejería en la que ha recalado la carta, todas las facturas sobre las que estas dosempresas aseguran haber adquirido derechos sobre los intereses de demora se corresponden con liquidaciones de la primera fase del Plan de Proveedores, que son las que acumulaban mayores cargascon motivo del retraso en los pagos.

Las fuentes consultadas por El Confidencial en la administración autonómica precisan "que las empresas que han enviado la notificación sólo comunican que han adquirido derechos sobre los intereses de demora que no abonamos porque así se cerró el acuerdo en aquellos momentos. No dicen que vayan a pedirnos nada; ni que vayan a demandar ninguna cantidad. Sólo nos constatan que son los poseedores de esos derechos. No sabemos si pretenderán hacer algo al respecto o no"."Las compañías que en su día se adhirieron al plan de pagos renunciaron expresamente a estos intereses de demora. El mecanismo lo planteaba con claridad, además del hecho de tener que trasladar a la administración todas las facturas en formato electrónico", dicen.

Las mismas fuentes afirman que "podrían también aflorar casos de empresas que pusieron a disposición de entidades bancarias o fondos facturas para que estos les adelantasen el dinero en espera del pago de las administraciones públicas. Supuestamente, podrían haberse quedado también derechos para reclamar los intereses de demora, porque sabían que, al final, se abonaría lo adeudado a los proveedores".

También en ayuntamientos

Este periódico ha confrimado con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que dirige Antonio Beteta,sobre la que gira todo el operativo sobre los Planes de Pago a Proveedores, que las empresas que aceptaron cobrar "lo hicieron sabiendo que perdían sus derechos sobre los intereses de demora. Ése era el acuerdo alcanzado. No nos consta que haya empresas que estén comunicando a ninguna administración pública que son poseedoras de derechos sobre esos intereses de demora".

No obstante, El Confidencial ha podido confirmar también enun gran Ayuntamiento del noroeste de España, uno de los más endeudados del país, que "sí hay casos de abogados que han venido para preguntar por el pago de los intereses de demora que formaron parte de la 'quita'en el Plan de Pago a Proveedores".

Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que capitanea Cristóbal Montoro, una decena de regiones se han adherido a la segunda y última fase del plan. El ministerio destaca que con el último tramo del plan "se limpiará" el cúmulo de "facturas pendientes de pagode 2012 [plazo que no cubrió la fase anterior del plan] y hasta mayo de 2013" con el fin de aplicar, a partir de enero, la nueva ley de deuda comercial, informa Efe.

Los ayuntamientos y comunidades autónomas recibirán del Gobierno un total de 1.557 y 3.624 millones, respectivamente, para pagar a proveedoresa partir del próximo 16 de noviembre, anunció ayer Montoro, quien detallóque Cataluña será la región que más reciba, con un total de 1.431 millones, seguida de Valencia (870), Andalucía (631), Castilla-La Mancha (278), Murcia (230), Madrid (89), Baleares (46), Canarias (24) y Aragón (21 millones).