DELOITTE Y LOS CONSEJEROS PUEDEN SER CONSIDERADOS RESPONSABLES

La Audiencia abre una vía para que rechazados en el arbitraje de Bankia recuperen su dinero

La decisión de la Audiencia Nacional de incluir la venta de preferentes en la causa por la salida a bolsa de Bankia aumenta notablemente las posibilidades de que
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La Audiencia abre una vía para que rechazados en el arbitraje de Bankia recuperen su dinero
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    La decisión de la Audiencia Nacional de incluir la venta de preferentes en la causa por la salida a bolsa de Bankia aumenta notablemente las posibilidades de que todos los afectados recuperen su dinero. No interfiere con el arbitraje, pero abre una nueva vía para que los que sean rechazados en este proceso puedan reclamar sus ahorros no sólo por la vía civil, sino también por la penal, aunque los expertos advierten de que será un proceso muy largo. Si finalmente se determina que hubo delito, serán responsables subsidiarios el auditor (Deloitte), los consejeros, los aseguradores y colocadores de estas emisiones, e incluso el Estado. 

    En principio, la vía más rápida y más barata para recuperar la inversión sigue siendo el arbitraje, que no requiere abogado y procurador. Solicitarlo no implica renunciar a acudir a la vía judicial a priori y, si el laudo es favorable, el afectado recuperará toda su inversión; concretamente, Bankia le pagará la diferencia de valor entre el importe nominal de las preferentes y el valor de las acciones recibidas en el canje el día del arbitraje o el de su venta, si se ha deshecho ya de ellas en bolsa.

    Ahora bien, la clave aquí no está en el laudo -el 100% de los mismos han sido favorables a los afectados en NovaGalicia y CatalunyaCaixa-, sino en ser admitido al arbitraje. Algo que decide el experto independiente, KPMG, aplicando los criterios emitidos por la Comisión de Híbridos; por ejemplo, debe dar prioridad a los inversores con menos de 10.000 euros, y no está claro qué va a pasar con los que tengan más. Esta consultora emitirá un informe favorable o desfavorable para cada afectado; en el primer caso, es casi seguro que el laudo le va a dar la razón, por lo que debe firmar un convenio de arbitraje en el que renuncia a las acciones judiciales. Pero si el informe es desfavorable, la única opción es acudir a los tribunales.

    Y ahí es donde el auto de ayer de la Audiencia abre nuevas posibilidades, en especial para aquellos inversores que no tienen fácil alegar falta de conocimientos financieros o a quienes no se les explicó adecuadamente el producto: clientes de banca privada, inversores cualificados o institucionales, personas que tenían en cartera otros instrumentos sofisticados, etc. Porque en este caso no se trata de determinar si hubo vicio de consentimiento o incumplimiento de obligaciones, sino si hubo delito en la comercialización, en cuyo caso toda la operación se declararía nula y se devolvería la inversión a todos los que compraron estos títulos.

    Ahora bien, Santiago Viciano, titular de un despacho incluido en la red abogadospreferentes.com, advierte de que todo apunta a un macroproceso que puede tardar más de 10 años en resolverse a la velocidad habitual de la Justicia española. Por ello, aconseja agotar primero la vía civil antes de adherirse a la querella en la Audiencia Nacional; es más, si alguien va directamente a la vía penal, no podrá acudir a la civil hasta que aquella se resuelva. 

    Por otro lado, la apertura de la vía penal en las preferentes implica que se puede considerar responsables subsidiarios (el responsable directo es la entidad) a Deloitte como auditor, a los consejeros en el momento de la venta de estos valores -que deben responder con todo su patrimonio-, a todos los asesores, aseguradores y colocadores que participaron en estas emisiones e incluso al Estado, aunque esto último es más discutible; en el caso de Fórum Filatélico y Afinsa no se les consideró responsables, por ejemplo (no obstante, las cajas que formaron Bankia estaban supervisadas por el Banco de España y las preferentes por la CNMV, a diferencia de los estafadores filatélicos). 

    Los polémicos argumentos de la Audiencia
     
    El razonamiento en que se basa la Sección Tercera de la Sala de lo Penal es que los responsables de las entidades que formaron Bankia (Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas más pequeñas) sabían que estaban quebradas, pero falsearon las cuentas y trataron de cubrir sus agujeros con distintas medidas: la colocación de preferentes entre minoristas, la fusión o la salida a bolsa. El auto asegura que "el súbito deterioro patrimonial" del grupo no puede considerarse "un mundo totalmente aparte e independiente". "Este no fue un súbito deterioro, sino la consecuencia de una previa actuación conjunta para sobrevalorar artificialmente el valor de las cajas a fusionar, de modo que crearon un producto artificialmente saneado mediante la venta masiva a los pequeños ahorradores de productos de nulo valor financiero", asegura.

    De ahí que considere que todo forma parte del mismo proceso, aunque cambiaran los responsables, y que obligue al juez Fernando Andreu a incluir la venta de preferentes en la causa que se sigue por la salida a bolsa. En la investigación de la misma se inscribe el interrogatorio realizado la semana pasada a Emilio Botín, Francisco González e Isidre Fainé para dilucidar cómo tomó Economía la decisión de destituir a Rodrigo Rato y nacionalizar la entidad.

    Esta argumentación es rebatida por numerosas voces en el sector financiero. En primer lugar, porque la venta de preferentes se hizo en la época en que Miguel Blesa presidía de Caja Madrid y José Luis Olivas Bancaja, mientras que la fusión y la posterior OPV fueron responsabilidad de Rato. En segundo lugar, porque en 2009 todas las entidades españolas emitieron preferentes entre particulares, incluyendo a Santander, BBVA y La Caixa. Cuando las autoridades internacionales les exigieron más capital, las cajas no tenían otra forma de captarlo -no tienen acciones- y los bancos no podían acceder a un mercado destruido tras la quiebra de Lehman. Después, unas entidades tuvieron que ser nacionalizadas y otras no, luego la colocación de estos valores no suponía un intento de salvar entidades en quiebra. Dicha nacionalización es la causa de las pérdidas exigidas por Bruselas a las preferentes (y no al revés), que se han materializado en el canje por acciones del martes, en el que los tenedores de estos instrumentos acumulan minusvalías en torno al 70%.

    En este sentido, ha sido especialmente criticado este párrafo del auto: "Ante la imposibilidad de las cajas de acudir a los mercados financieros no tuvieron reparo en verificar a costa de los más débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas, y ello con el objetivo futuro de conformar ellos una nueva entidad que pudiera salir a Bolsa". Y añade que la venta de preferentes se inscribe en "los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial".
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