¿Montoro necesita 3.000 millones? Sólo tiene que eliminar la declaración conjunta

En un momento de recortes y de subidas de impuestos habría un sistema para que el Gobierno se ahorrase más de 3.000 millones de euros. Así se desprende de un estudio al que ha accedido El Confidencial y que propone eliminar la declaración conjunta para los matrimonios en el Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El estudio se presentó el pasado mes de abril en el Foro de Fiscalidad del PSOE que se celebró en Badajoz. La propuesta nace de la profesora de Hacienda y Economía del Sector Público en la Universidad de Murcia, Gloria Alarcón. Sin embargo, no se trata de una idea que en este momento apoye el partido socialista. Y tampoco la contempla el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En su iniciativa propone textualmente la “eliminación de la tributación conjunta (desgravación por esposa dependiente y acumulación de rentas)” porque a su juicio desincentiva  “la incorporación de las mujeres al trabajo,  en todos los casos” y supone “un elevado gasto fiscal para el Estado y las CCAA”.

Según este análisis, la iniciativa ahorraría 3.000 millones de euros a las arcas públicas, que es lo que cuesta ahora, en un momento en que se combinan los recortes en los servicios públicos y el aumento de la presión fiscal.

La Constitución nunca se refiere de forma explícita a la declaración conjunta y que la sentencia del Alto Tribunal del 89 ya declaraba que “el IRPF afecta al individuo, que es considerado el único sujeto pasivo, no la familia”

Y si al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le preocupa la ruptura de la cohesión autonómica por culpa de los déficits asimétricos, la supresión de la declaración conjunta del IRPF es un “beneficio fiscal que ha costado 1.494,01 al Estado y otro tanto a las CCAA en 2012 y está previsto que suponga un crédito fiscal de 1.824,31 en 2013 para el Estado y otro tanto para las CCAA”, según consta en el estudio de Alarcón. Por tanto, todo el mundo saldría ganando, incluyendo los ahogados gobiernos regionales.

En la propuesta se reseña que la subida prevista para el 2013 confirma la teoría de que esta modalidad de declaración tiene además un efecto discriminatorio, ya que incentiva una menor inserción de las mujeres en el mundo laboral. De hecho, la declaración conjunta sólo sale a cuenta en parejas con ingresos muy dispares, en los que uno de los miembros tiene ingresos muchos más bajos que su pareja.

Protección de la Constitución

La declaración conjunta del IRPF era obligatoria para los matrimonios hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 permitió que esta modalidad fuera opcional.

Preguntada sobre la posible inconstitucionalidad de su propuesta, ya que la Carta Magna protege fiscalmente a la familia, Alarcón responde que la Constitución nunca se refiere de forma explícita a la declaración conjunta y que la sentencia del Alto Tribunal del 89 ya declaraba que “el IRPF afecta al individuo, que es considerado el único sujeto pasivo, no la familia”. A juicio de Alarcón, lo único que puede considerarse intocable desde el punto de vista constitucionalista, es el mínimo exento, pero no la declaración conjunta.

En el entorno europeo sólo Francia mantiene la declaración conjunta tal y como la conocemos en España

En opinión de Gloria Alarcón, la declaración conjunta “sólo sirve para desincentivar la incorporación de la mujer al mundo laboral” y recuerda que en el preámbulo de la Ley 35/2006 de reforma del IRPF ya se reconocía este problema, si bien se mantenía esta modalidad.

Precedentes legales

En efecto, el preámbulo de dicha norma legal ya abría la puerta a este cambio, poniendo de manifiesto que “en esta consideración de las circunstancias personales y familiares cabe efectuar una mención a la opción por la tributación conjunta. La política de no discriminación por razón de género y razones de simplificación de la gestión del impuesto podrían justificar su revisión. No obstante, se mantiene su tratamiento actual en el impuesto para evitar numerosos perjudicados en los matrimonios en los que alguno de sus miembros no puede acceder al mercado laboral”, lo que ocurriría con matrimonios de pensionistas, por ejemplo.

En otros países la declaración conjunta ya se ha suprimido. Por ejemplo, en Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña, “con el efecto de que se ha impulsado la incorporación de la mujer al mundo del trabajo” tal y como explica Gloria Alarcón, que reconoce que en el entorno europeo sólo Francia mantiene la declaración conjunta tal y como la conocemos en España.