El Gobierno pide a Bankia que proteja sus joyas de la corona de los fondos buitre

El núcleo duro del Gobierno, incluyendo al ministro de Economía, Luis de Guindos, y esta vez también con el respaldo explícito del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la Oficina Económica de Presidencia que dirige Álvaro Nadal, ha cerrado filas para evitar que eventuales socios 'indeseables' se cuelen hasta la cocina de las grandes compañías españolas. La 'operación candado' está especialmente dirigida a Bankia y ha supuesto una primera advertencia a José Ignacio Goirigolzarri para que rehúya la tentación de rubricar acuerdos exclusivos al mejor postor en la venta de sus filiales que puedan luego complicar la gobernanza de entidades claves en la reputación y la imagen de la marca España.

Los máximos responsables de la política económica son conscientes del valor estratégico que supone también para el Gobierno la integridad de las últimas 'joyas de la corona' empresarial, compañías privadas pero que gestionan servicios públicos de extraordinaria sensibilidad social. Más allá de la lejana triple A de solvencia financiera, lo que ahora importa es la denominada triple I, que Bankia mantiene en almoneda con la venta de sus participaciones de referencia en Iberdrola, International Airlines Group (IAG) e Indra.

La preocupación del Gobierno es todo un desafío para el presidente de Bankia, exigido por la troika para maximizar el precio de sus forzadas desinversiones y acelerar la enajenación de sus activos industriales en el menor plazo de tiempo posible. Goirigolzarri tiene en teoría tres años para soltar lastre, pero el antiguo consejero delegado del BBVA no es de los que se conforman con un aprobado raspado y sabe que si quiere sacar nota deberá apresurarse en terminar los deberes que reclaman los consabidos 'hombres de negro'.

Las urgencias que impone la burocracia comunitaria inspiran un serio motivo de desconfianza en medios políticos donde están más acostumbrados a lidiar con Bruselas en ese toma y daca que ya se ha hecho tradicional en los últimos años y que está orientado a preservar, por encima de todo, unas mínimas líneas rojas de soberanía nacional. España ha aceptado que le retuerzan el brazo, pero Mariano Rajoy no quiere que le partan el codo y de ahí la necesidad de articular una posición inequívoca con el equipo gestor de Bankia antes de que sea demasiado tarde. 

Participaciones de alto componente estratégico

La entidad bancaria ha otorgado un mandato a Rotschild para que encuentre los correspondientes 'mirlos blancos', dispuestos a echar el resto por las participaciones en venta de su grupo empresarial. Pero el banco de inversión deberá ahora tentarse la ropa con las tres grandes marcas industriales de Iberdrola, IAG e Indra. En estas dos últimas, Bankia es el socio de referencia y aunque su papel se ha reducido hasta ahora al de un mero sleeping partner nada induce a pensar que el futuro comprador vaya a cruzarse de brazos tras su eventual inversión en España.

En IAG la posición del grupo presidido por Goirigolzarri es del 12% y el Gobierno desearía que esta cuota siguiera en manos españolas como contrapeso a los accionistas que representan a British Airways en el capital de la multinacional resultante de la fusión con Iberia. Más trascendental si cabe es la situación en Indra, una compañía básica en el desarrollo de sistemas para el Ministerio de Defensa, y en la que Bankia constituye el principal socio con un 20,1% de las acciones. La tentación institucional de integrar Indra en un gran consorcio internacional al estilo EADS podría parecer una opción a priori, pero con ello España dejaría de disponer de una empresa de bandera esencial en el mercado de las tecnologías de la información.

La tercera pata del banco que en su día dirigió Rodrigo Rato es Iberdrola, en la que Bankia posee un 5,5% que puede servir de bisagra para una hipotética reestructuración del capital. Superada la incursión fallida de Florentino Pérez, el futuro de la primera eléctrica española está, de momento, controlado por el equipo gestor que preside Ignacio Sánchez Galán. Eso sí, el Ministerio de Industria estaría más tranquilo si dispusiera de algún accionista más cercano con el que poder colaborar en la reforma que con tanto afán viene proclamando José Manuel Soria desde que tomó posesión como titular de la política energética en España.