EXCEPCIÓN AL DERECHO DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS

La información sensible de la banca seguirá siendo opaca pese a las exigencias del MOU

Las exigencias de mayor transparencia de la banca española que impone el Memorándum de Entendimiento con Bruselas (MOU) tendrán su límite precisamente en la información más
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La información sensible de la banca seguirá siendo opaca pese a las exigencias del MOU
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    Las exigencias de mayor transparencia de la banca española que impone el Memorándum de Entendimiento con Bruselas (MOU) tendrán su límite precisamente en la información más sensible de las entidades: la relacionada con los riesgos. Así se recoge en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la ley que desarrollará el Real Decreto de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que establece como excepción al derecho de acceso de los ciudadanos este tipo de información por ser "muy sensible y basada en apreciaciones subjetivas de las entidades".

    El citado MOU asegura en su punto 23 que "la mejora de la transparencia es un requisito esencial para fomentar la confianza en el sector bancario español". Y añade que "ya se han adoptado varias medidas importantes para incrementar la cantidad y calidad de la información facilitada por las entidades de crédito a la ciudadanía, en concreto su exposición al riesgo inmobiliario y del sector de la construcción. Las autoridades españolas han hecho público, para consultas, una propuesta de regulación cuyo objeto es reforzar y armonizar los requisitos de información de todas las entidades de crédito en relación con parcelas esenciales de sus carteras, como los préstamos reestructurados y refinanciados y la concentración sectorial".

    Asimismo, el punto 26 impone que "debe perfeccionarse el registro público de créditos. Las autoridades españolas adoptarán nuevas medidas para mejorar la calidad y cantidad de la información que se incluye en el registro". La enmienda citada del PP reconoce estas obligaciones y que, para cumplirlas, el Banco de España está está elaborando un proyecto de modificación de la circulas 3/1995 sobre la Central de Información de Riesgos (CIR) "al objeto de mejorar la obtención de información que se considera de relevancia relativa a las entidades de crédito".

    Dicho proyecto de circular ya ha sido remitido a las entidades y exige que las entidades comuniquen a la CIR multitud de detalles sobre sus operaciones de riesgo, según informaba esta semana el periódico Cinco Días, con el fin de evitar una orgía de crédito como la de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la más sensible será de uso exclusivo del Banco de España.

    La enmienda asegura que se pretende incidir en un aspecto que resulta de especial relevancia para controlar la solvencia de las entidades, que es solicitar información relacionada con los riesgos: la calificación crediticia, las provisiones, las probabilidades de incumplimiento y las pérdidas en caso de dicho incumplimiento. Pero ahí es donde argumenta que "al ser un tipo de información muy sensible y basada en apreciaciones subjetivas de las entidades, a las que se impone la obligación de realizar una serie de cuantificaciones y previsiones vinculadas a sus propias cuentas, parece adecuado que dicha información quede al margen".

    Omitir las previsiones

    Esta excepción, que cuenta con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, se incluirá en dos artículos de la Ley 44/2002 que hablan del acceso a la información por parte de los ciudadanos que tienen créditos concedidos y de las demás entidades. En ellos se dice que "se omitirán aquellos datos aportados por las entidades declarantes que se basasen en sus propias previsiones, en cumplimiento de las obligaciones de información que establezca el Banco de España en el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección".

    Esta limitación a la transparencia se suma a otras medidas incluidas en estas enmiendas que también han despertado la polémica, como la exención de impuestos para los inversores extranjeros que inviertan en el 'banco malo' (Sareb), adelantada por El Confidencial, la posibilidad de que el Gobierno intervenga esta sociedad si se desvía de sus funciones o el plazo de seis meses para que se transformen en fundaciones las cajas de ahorros que han perdido el 25% del capital de los bancos a través de los que ejercen su actividad financiera fruto de las nacionalizaciones.

    Mejor aceptación han tenido otras modificaciones introducidas por el PP en el texto original del Real Decreto de 31 de agosto, como la de que el FROB también tendrá que asumir pérdidas en las preferentes ya inyectadas a las cajas nacionalizadas, como si se tratara de cualquier otro inversor en estos títulos, y tampoco tendrá preferencia en caso de concurso de acreedores. 
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